Por: León Valencia, director – Pares
La siempre interesante columna de María Isabel Rueda en El Tiempo, en su versión de este domingo, trae un recuento de la rivalidad entre la Corte Suprema de Justicia y el expresidente Álvaro Uribe, para concluir que este es el telón de fondo del llamado a indagatoria del organismo al expresidente.
María Isabel arranca la historia de la rivalidad en el momento en que -dice ella- “La sala penal de esa Corte Suprema de Justicia, enceguecida contra el entonces presidente Uribe, decidió inventarse una figura que no existía y que no existe. Le devolvió dos veces las ternas de fiscal por considerarlas ‘inviables’”. Eso ocurrió en 2009.
Otra versión es esta: en septiembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria a Mario Uribe, primo del expresidente y su más entrañable aliado político. El motivo es la parapolítica, por la que también estaban investigados más de 80 parlamentarios, 61 de los cuales fueron finalmente condenados por estos delitos que ya nadie discute. La inmensa mayoría de estos congresistas pertenecían a la coalición de gobierno. No es difícil pensar que acá nació alguna prevención o animadversión de la presidencia con la Corte.
En ese mes, el abogado Sergio González Mejía va a la cárcel y le hace firmar una carta a José Orlando Moncada, Alias Tasmania, en la que acusa al magistrado Iván Velásquez de presionarlo para que declare en contra de Uribe. El entonces presidente Uribe difunde esta carta desde el Palacio de Nariño, y todo el prestigio de la Corte queda en entredicho. También por esos días, la sala de deliberaciones de la Corte y los teléfonos de los magistrados son chuzados por el DAS.
Tanto el abogado Sergio González, como la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, han sido condenados por los hechos. El uno a seis años de prisión y la otra a 14 años. En este caso, tampoco hay discusión sobre la responsabilidad de estas personas en esos graves actos que tienen el nombre inapelable de complot contra el máximo organismo de justicia. No es difícil pensar en qué momento se gestó alguna prevención de la Corte con la presidencia.
Pasaron unos años y aún con estas prevenciones mutuas, el presidente Uribe acude a la Corte Suprema de Justicia para denunciar al parlamentario Iván Cepeda porque, a su parecer, está visitando algunas cárceles para presionar a algunos testigos a declarar en contra del expresidente en espinosos casos de alianza con paramilitares. Uribe también la emprende contra Piedad Córdoba, acusándola de complicidad con las Farc, y logra, muy pronto su destitución como congresista y la destrucción de su carrera política.
Las investigaciones judiciales y disciplinarias sobre Cepeda y Córdoba se desarrollan, y a la inmensa mayoría de los políticos y de los formadores de opinión les parece algo muy normal. No tengo memoria de que políticos con gran poder o periodistas y columnistas con probada influencia señalaran que se estaba cometiendo una injusticia. La mayoría creían en la probable culpabilidad de estos dirigentes de izquierda. La izquierda misma no se la jugaba a fondo por la inocencia de Cepeda y Córdoba.
Pero resultó que la Corte Suprema de Justicia, después de una larga investigación, llega a la conclusión de que Iván Cepeda no ha incurrido en los delitos denunciados por Uribe y al contrario, encuentra indicios de que es Uribe quien probablemente está incurso en fraude procesal y soborno, y por esos delitos le abre investigación y ahora lo llama a indagatoria. Al tiempo, el Consejo de Estado tumba la destitución de Piedad Córdoba controvirtiendo las acusaciones de Uribe.
Ahí fue Troya. Una legión de políticos protesta, Uribe hace giras en los medios y cuenta una y otra vez su versión, los abogados Lombana y Granados también tienen los micrófonos abiertos, el corazón del discurso es el desprestigio a la Corte Suprema, la calificación pura y dura de que hay una persecución política. Nada es normal, nada es legitimo, todo es mentira y sesgo antiUribe.
¿Qué pasará en octubre? No sabemos qué concluirá la Corte. Pero siempre es bueno tener a la mano versiones distintas de lo que ha sido la relación entre el expresidente Uribe y la Corte en estos últimos 15 años.