Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Tras el lanzamiento del informe “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, por parte de la Fundación Paz & Reconciliación —Pares, alertó a la opinión publica y al Gobierno Nacional sobre la preocupante situación en materia de seguridad que atraviesan las siguientes cinco subregiones del país.
La Región del Nudo de Paramillo (Sur de Córdoba, Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño), la Región de Catatumbo y parte de la zona metropolitana de Cúcuta, El pacífico Nariñense y Caucano, El sur del Meta, Guaviare y parte del Caquetá y La Sierra Nevada de Santa Marta.
Tal como lo estableció el informe de Pares, después de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, resulta una prioridad que el Gobierno Nacional controle la presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales.
Aunque dentro de las conclusiones del informe se encuentra que las zonas de mayor victimización no coinciden con las zonas de posconflicto, sí hay una concentración y recrudecimiento de la victimización en estas cinco (5) zonas. Es decir, la capacidad del Estado no se ha impuesto sobre el copamiento territorial de estas organizaciones y grupos.
Ahora bien, a pesar de que los indicadores de violencia descendieron en 2019 llegando incluso a cifras de 2017, hay aspectos detrás de dicha reducción que le deben preocupar de manera prioritaria al Gobierno Nacional.
Tal como lo ha señalado Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación— Pares, la reducción tendría que ver con victorias de disputas de alguna organización criminal —caso del ELN sobre ‘Los Pelusos’ en el Catatumbo o por pactos —como en el Bajo Cauca con el pacto del Clan del Golfo con ‘Los Caparrapos’.
Justamente, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, ha señalado que uno de los leños que el Gobierno Nacional debe apagar con prontitud tiene que ver con las cinco (5) regiones en donde la guerra azota a sus comunidades, en lo que es una auténtica crisis de derechos humanos. Para Valencia, el llamado al Gobierno Nacional tiene que ver con priorizar en estas cinco (5) que resultan claves para atajar el conflicto.
Sobre el caso del Nudo de Paramillo, señaló que las autoridades deben tener una capacidad de reacción frente a una guerra ya extendida en esa región. Sobre Catatumbo, Valencia llamó la atención sobre el papel de la frontera colombo-venezolana.
Referente a Cauca, recalcó que el departamento enfrenta tres guerras, al Norte, al Pacífico y al Sur; con actores que están produciendo una victimización enorme en sobre las comunidades indígenas.
En la zona del sur del Vichada, Caquetá y Guaviare, León Valencia alertó de la presencia de las disidencias más antiguas de las Farc de este proceso de Paz. Asimismo, señaló de la reciente conflictividad que se registra en la Sierra Nevada con actores que están incendiando esta zona.
En este sentido, el gobierno no puede entrar en un papel letárgico pues el riesgo que corren las comunidades en las cinco (5) subregiones señaladas por el informe es latente. El copamiento criminal habla de la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a los habitantes, pues la violencia nunca se fue a pesar de estar en el marco del postconflicto.
Pares esgrime cinco razones que se circunscriben a los escenarios que atraviesan las subregiones:
1. La desestabilización de poderes locales que generó el tránsito a la legalidad de las Farc-ep tras la firma del Acuerdo Final.
2. La incapacidad del construir Estado en los territorios en sus expresiones más básicas: monopolio de la fuerza, administración y de justicia y garantía de servicios básicos.
3. La emergencia y proliferación de nuevas estructuras armadas ilegales.
4. El fracaso de la Mesa de Conversaciones con el ELN y fracaso del intento de un proceso de sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo – AGC.
5. La conformación de grupos postfarc, que, si bien en principio responde a la voluntad de algunos individuos en continuar vinculados a actividades ilegales, con los incumplimientos de la implementación del Acuerdo Final este fenómeno se ha vuelto más común.
Ahora bien, el riesgo de la violencia en el posconflicto no derivó únicamente al tránsito de la otrora guerrilla de las Farc a la legalidad. De acuerdo con el informe de Pares, hay unos factores de violencia de carácter estructural que no han sido resueltos y, de esta forma, no permiten el cese de la violencia, sino que han dilatado el espiral de la misma. Sin obviar que hay factores que han atizado algunas disputas en las regiones.
Precisamente, estos factores, según el informe, se dividen en:
1. Acaparamiento ilegal de tierras por parte de élites legales locales. Para ello se utilizan mecanismos violentos de despojo y posteriormente se apela a mecanismos jurídicos para legalizar el robo.
2. Violación y limitaciones a los derechos de grupos y liderazgos para participación en política.
3. Competencia por rentas ilegales por parte de estructuras armadas o élites ilegales, como narcotraficantes o mineros criminales.
4. Contratación o creación de estructuras armadas ilegales por parte de élites legales e ilegales para aumentar o asegurar su capital económico o político.
5. Poderes locales en connivencia con actores armados ilegales.
6. Vacío de autoridad generado por la incapacidad institucional de lograr el monopolio de la violencia, la administración de justicia y la prestación de servicios básicos, obligación establecida en la Constitución de 1991.
En las siguientes tres siguientes se evidencia un acercamiento, de manera georreferenciada, a la presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales, y donde concentran su dominio o existen disputas.
Estas tres subregiones -Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño y Sur de Córdoba- componen la gran región de Nudo de Paramillo. Se han convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro; también se da el procesamiento y desde allí son comercializadas hacia el interior y fuera del país, puesto que conectan con Medellín, con la costa Caribe y con el Urabá.
A este panorama se suma la incapacidad del Estado local y central para generar un ambiente de gobernabilidad y legalidad; una dificultad que se debe no sólo al aspecto técnico y de infraestructura institucional, sino también a la facilidad que tienen las estructuras armadas ilegales para permear la institución.
En ese mismo sentido, las estructuras armadas ilegales se han mantenido en el territorio porque élites legales e ilegales han contratado sus servicios criminales. Esto ha conllevado a que en esas tres regiones se reciclen violencias periódicamente y que las afectaciones a los DD.HH. queden en la impunidad.
Sur del Meta, Guaviare y Caquetá
La subregión conformada por los departamentos de Guaviare, Caquetá y sur del Meta, posterior a la firma del Acuerdo de Paz, ha adquirido un especial interés tanto para la explotación indiscriminada de recursos naturales como para la ampliación de economías ilegales (cultivos ilícitos, deforestación a gran escala y minería).
Esta situación ha generado nuevos enfrentamientos entre grupos ilegales – Grupos Armados Postfarc (GAPF) y Grupos Armados Organizados (GAO) – y Fuerza Pública por el control del territorio y la apropiación de corredores estratégicos económicos necesarios para el reordenamiento de estos grupos residuales de las FARC, progresiva expansión que puede convertirse en una tendencia como consecuencia de ofensivas, contraofensivas y rupturas que se dan en el territorio posterior al Acuerdo.
En este sentido, el equipo de investigación PARES identifica cuatro (4) factores que actualmente inciden en la dinámica de seguridad en la subregión y que vienen generando transformaciones en los territorios y las comunidades.
Pacífico colombiano
La situación de violencia en esta macroregión es generalizada. Diferentes estructuras armadas ilegales y otras élites locales legales e ilegales que financian grupos armadas mantienen a las comunidades en una situación de victimización constante. En el último año, la situación de seguridad y violencia se caracteriza, entre otras cosas, por las siguientes tres razones:
1. La expansión de 4 estructuras postfarc desde Tumaco hacia el Pacífico Caucano y algunas de ellas hacia Buenaventura.
2. El surgimiento, fortalecimiento y expansión del grupo postfarc conformado por exintegrantes del Frente 30 por todo el Pacífico Caucano, pasando hacia Buenaventura e intentando recuperar el control del Naya y que a mediados de 2019 logró llegar hasta el sur de Chocó.
3. La conformación y activación bélica de grupos armados contratados y financiados por narcotraficantes colombianos y por carteles mexicanos, que participan de la disputa por el control territorial de los cultivos de coca, los cristalizaderos y las rutas para la comercialización en Tumaco, el Pacífico Nariñense y el Caucano.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»