Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
Colombia se acerca a los comicios regionales de octubre y la violencia electoral va en aumento. Septiembre inició con el pie izquierdo y la Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha registrado casi un homicidio contra candidatos o funcionarios públicos de elección popular por día.
Desde la fecha formal en la que inició el calendario electoral, el 27 de octubre de 2018, Pares ha realizado el seguimiento y registrado los hechos victimizantes contra los siguientes perfiles: candidato, funcionario público de elección popular, funcionario público de libre nombramiento, e incluyó miembros de partidos, movimientos políticos y denunciantes de corrupción.
De acuerdo con el investigador nacional de Pares, Giorgio Londoño, en los últimos meses los repertorios de victimización se han vuelto más individualizados y letales. Es decir, que se han registrado más asesinatos contra la personas con los perfiles antes mencionados en función de su ejercicio de su quehacer político.
“Eso quiere decir que hubo un arranque electoral en el que había amenazas colectivas a través de panfletos, pero ahora lo que se ve es que hay amenazas individuales, y además se han vuelto más letales”, aseguró.
En consecuencia, como en varias ocasiones ha señalado el subdirector de la fundación, Ariel Ávila, los sectores políticos más victimizados son sectores políticos que tienen mayor potencial de crecimiento en las elecciones regionales que corresponden a los de oposición y de gobierno.
Lo que ha registrado Pares es que el departamento más golpeado en materia de violencia electoral es el Valle del Cauca y, por otro lado, ha venido subiendo la violencia en el Cauca. En ese sentido, en el primer escenario, todo parece indicar que hay un retorno de antiguos narcotraficantes y esto ha disparado las disputas entre las estructuras ilegales.
En el segundo, hay preocupación en la disputa territorial en el norte, occidente y sur del Cauca. Sin embargo, la alerta más reciente se ha centrado en el norte debido a los últimos episodios recientes contra la candidata liberal, Karina García, quien hizo públicas las amenazas que estaba recibiendo, ocho días antes de ser asesinada e incinerada.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo había alertado el pasado 15 de agosto sobre la difícil situación que se registra en esa zona del país, y específicamente en el municipio de Suárez. El miércoles la misma entidad lanzó otra alerta temprana, la 035-19, sobre el riesgo electoral con el objetivo de prevenir violaciones a los derechos humanos en los próximos comicios del 27 de octubre.
¿Qué dice la Defensoría?
De acuerdo con esta institución de 1.122 municipios a nivel nacional, 402 se encuentran en riesgo electoral extremo por la incidencia de los grupos armados ilegales en esos territorios. En ese sentido, Antioquia, Chocó y Bolívar serían los casos más preocupantes.
En contraste, la Fundación Pares ha determinado que el Valle del Cauca es la zona donde más se han aumentado los hecho victimizantes y con posibilidad de que aumente la violencia electoral. Otro aspecto, es que el carácter de la violencia electoral es sobre todo local.
Por su parte, la Defensoría también identificó las estructuras armadas ilegales que han fomentado este tipo de violencia y corresponden al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, el EPL o “Pelusos”, otros grupos armados ilegales post AUC, y disidencias de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, determinó que el actor armado con mayor potencial de riesgo por su accionar son las AGC quienes hacen presencia en al menos 213 municipios, según esta entidad.
En últimas, la situación de riesgo que viven los aspirantes a Alcaldías, Gobernaciones, o funcionarios públicos, líderes políticos, entre otros, se ha venido intensificando con la preocupación de una tendencia al aumento.
Transformar las medidas de seguridad
Para Londoño, desde el gobierno pasado se habían empezado a formular nuevas iniciativas y mecanismos para mejorar las medidas de seguridad para líderes y lideresas sociales, líderes políticos y comunidades.
“Se habían venido dando unos avances, de construcción enfoques distintos de seguridad porque es claro que las medidas de seguridad física y material se quedan cortas, darles chalecos a los candidatos, darles una camioneta, darles celulares en realidad no son medidas efectivas y no abarcan el problema”, puntualizó el investigador.
Así las cosas, hay que transformar esa visión de seguridad y fortalecer las capacidades sociales, iniciativas colectivas. Hay que apostarle a que la seguridad se construya de la mano de los territorios, no solo fuerza pública y esquemas de seguridad, indicó.