Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Este viernes 6 de septiembre venció el plazo para que terceros no combatientes y agentes del Estado no integrantes a la fuerza pública solicitaran su sometimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz. El periodo de tres (3) meses dio como resultado el sometimiento de 609 personas. Es decir, eso significa que casi siete (7) personas al día se acogieron al tribunal especial en 92 días.
Cabe recordar que desde el pasado 6 de junio, cuando entrara en vigencia la Ley Estatutaria de la JEP—Ley 1957 de 2019—, se dio inicio el periodo de tres meses estipulados como plazo para “para quienes fueron vinculados formalmente a una investigación penal antes de esa fecha”, tal como lo señala un comunicado de la JEP del pasado jueves 5 de septiembre.
Además, sobre el plazo de tres meses, en el comunicado, la JEP precisa que los tiempos “fueron establecidos en el artículo 47 de Ley 1922 de 2018 (Normas procedimentales de la JEP) y en el Parágrafo 4 del Artículo 63 de la Ley 1957 (Ley Estatutaria de la JEP). Estos tiempos también fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia en el Auto 2476 del 26 de junio de 2019”.
Ahora bien, tras este vencimiento de plazo, se vislumbran dos escenarios que no dan por terminado el capítulo del sometimiento de terceros y agentes del Estado en la JEP.
Algunas excepciones
En el comunicado, la JEP dio a conocer que existe la posibilidad de que como tribunal especial reciban la solicitud de sometimiento, cuando sí y solo sí: “existan circunstancias que justifiquen excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP, en los eventos en que el interés superior de las víctimas, especialmente el de obtener la verdad, así lo exija”. Asimismo, precisó que acogerá a las que hayan sido negadas en la jurisdicción ordinaria.
Así las cosas, el tema alrededor del sometimiento en la JEP que permitan voces de terceros y agentes del Estado ha sido uno de los temas más álgidos que ha enfrentado el Tribunal. De hecho, la sociedad civil y las organizaciones de víctimas han manifestado que estos sometimientos y relatos permitirán la reconstrucción de la verdad para el esclarecimiento de lo sucedido en los años de guerra.
Una iniciativa desde el Congreso
El segundo escenario es protagonizado por el senador del partido de la U e integrante de Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, quien el pasado jueves 5 de septiembre radicó dos proyectos que podrían cambiar el panorama de vencimiento de plazo para el sometimiento de terceros y agentes del Estado.
El primer proyecto radicado por el senador barreras pretende ampliar el plazo en la Ley Estatutaria para que, cómo el mismo lo señaló terceros civiles puedan acudir a JEP a resolver su situación jurídica y decir la verdad en favor de víctimas”.
En otras palabras, la intención de esta avanzada busca que terceros no combatientes vinculados al conflicto, que tengan proceso en justicia ordinaria, puedan acogerse a los beneficios del tribunal espacial a cambio de una verdad que contribuya con el esclarecimiento de los distintos sucesos sucedidos en el marco del conflicto armado.
De acuerdo con las declaraciones de Barreras “esto cobija a los terceros civiles no armados, empresarios que hayan sido financiadores del paramilitarismo y, sobre todo, a la inmensa mayoría de terceros civiles que tuvieron que pagar a los paramilitares, porque fueron sujetos de extorsión y fueron víctimas de fuerza mayor.»
Esos empresarios, dice Barreras, tienen derecho a cerrar su situación jurídica rápidamente ante la JEP y no puede permitirse que el plazo –que se vence mañana-, les quite esa posibilidad y queden sometidos exclusivamente a la justicia ordinaria,
De esta forma, de tener éxito el proyecto, la fecha no caducaría este 6 de septiembre, sino que abriría la puerta a que por un año más se presenten solicitudes de sometimiento por parte de terceros y agentes del Estado.
Un proyecto que le suma a la implementación
Dentro de la argumentación del proyecto abanderado por Barreras, hay unas cifras que amplían el universo de actores del conflicto armado. Por una parte, hay alrededor de 5.563 personas que habrían auspiciado el conflicto armado, de acuerdo con información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento forzado (CODHES).
Asimismo, según la Fiscalía General de la Nación hay cerca de 1.028 personas calificadas como terceros en el conflicto que pueden ser incluidas en la JEP. Dentro de ellas, 717 funcionarios públicos y 311 civiles.
Sin embargo, el mismo Barreras señala en el proyecto que al margen de las anteriores cifras; “para julio de 2019 solo se han presentado ante la JEP 400 solicitudes de terceros y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública (…) sin la verdad de los empresarios y agentes estatales no combatientes no habrá un relato completo sobre los patrones, estructuras e intereses que actuaron detrás de todas las graves violaciones a los derechos humanos”.
Una ventana abierta
Ahora bien, restará esperar cómo se desarrollará el camino que le espera al proyecto de Roy Barreras en el Congreso. Mientras eso sucede, aunque el plazo venció este 6 de septiembre aún hay una ventana abierta para conocer la verdad contará con más testimonios por parte de los terceros y de los agentes del Estado.
Cabe recordar que para la Jurisdicción Espacial para la Paz, “un tercero no combatiente es la persona que no hizo parte de una organización o grupo armado, pero que contribuyó a la comisión de conductas relacionadas con el conflicto armado” y no son terceros para el tribunal especial: “miembros de grupos paramilitares, las Bacrim, los colaboradores de las Bacrim, los miembros de grupos guerrilleros como el ELN (Que no han suscrito acuerdos de paz con el Gobierno) y los miembros de organizaciones delincuenciales como las Águilas Negras o los Rastrojos”