Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
A casi un mes y medio de celebrar las elecciones regionales del próximo 27 de octubre, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES ha registrado un aumento en la violencia electoral que se concentra en siete (7) departamentos a nivel nacional, con especial preocupación en el Valle del Cauca y La Guajira.
En el tercer informe de violencia y dinámica electoral, realizado desde el 27 de octubre de 2018, fecha de inicio del calendario electoral, al 9 de septiembre de 2019, PARES ha registrado 173 víctimas en 116 hechos victimizantes.
Las cifras de la violencia electoral
“En otras palabras, de los 20 asesinatos selectivos que se han presentado durante los diez meses del calendario electoral, el 35%, siete (7) de ellos han ocurrido en los últimos dos meses. Esto evidencia el recrudecimiento significativo de la violencia electoral y una preocupante tendencia a que la situación empeore a medida que se acercan los comicios”, señaló la investigación de PARES.
Actualmente, los hechos victimizantes se han presentado en 24 departamentos, es decir, el 75% de todo el territorio nacional. De los cuales siete de ellos (7) concentran un 62,42 % del total de víctimas. En ese sentido, los territorios más afectados son Valle del Cauca (24), La Guajira (20), Antioquia (14), Cauca (14), Tolima (13), Bogotá (12) y Nariño (11).
En el caso del Valle del Cauca y La Guajira, zonas que apuntan ser las más críticas en el mapa político y electoral, no han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, sin embargo, todo indica que se estarían reestructurando exintegrantes de grupos paramilitares y de narcotráfico en esos dos puntos y estaría ocasionando un incremento en la violencia electoral.
Asimismo, las amenazas continúan siendo el tipo de hecho más recurrente (128), seguido por los asesinatos selectivos (20) y los atentados (17); pero en todo caso continúa ejerciéndose como un mecanismo de competencia política y sobre todo afecta contra los liderazgos de carácter local.
Otro aspecto por resaltar es que el mes de septiembre ha tenido un arranque crítico con un creciente número de víctimas, y es que se deduce que los hechos se han individualizado y se han vuelto más letales, con el fin de sacar del camino a ciertos contrincantes políticos.
Pero para infortuna de las víctimas, gran parte de la identidad de los agentes perpetradores no se ha podido esclarecer: sería el 71% de perfiles no identificados.
Así las cosas, de las 74 amenazas registradas se desconocen el 67,56% de los victimarios, lo cual suscita a un llamado al gobierno nacional, debido a que, en ninguno de los 20 asesinatos ocurridos desde el arranque del calendario electoral se han podido identificar los autores materiales.
Dos razones de la violencia electoral
De acuerdo con el subdirector de PARES, Ariel Ávila, hay dos situaciones por las cuales la violencia electoral va en aumento. En la primera, registrada en la mayoría de los hechos, hay sectores políticos que contratan sicarios para matar a políticos rivales.
Por ejemplo, todo indica que en el caso de la candidata liberal Karina García, que fue asesinada en el municipio de Suárez, Cauca, la disidencia de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombias (FARC) recibió dinero para sacar a García de la contienda política quitándole la vida. Y en ese sentido, este hecho no habría sido planeado por ese grupo.
En la segunda, está la presencia de estructuras armadas ilegales que afecta directamente el mapa político en los territorios, y por consiguiente se presentan bajas en las candidaturas, amenazas y asesinatos.
De acuerdo con Ávila, son 107 municipios que en la actualidad viven esta problemática, caso tal de los que componen la región del bajo Cauca antioqueño y la costa pacífica nariñense. Allí hacen fuerte presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En definitiva, el panorama para los candidatos que están buscando llegar a cargos de elección popular en las regiones es complejo debido a la inseguridad que viven a la hora de realizar sus actividades electorales.
El gobierno no ha tomado medidas que garanticen unas elecciones menos violentas y lo que indica este último informe es que los registros de victimizaciones van a crecer en estas semanas que quedan.
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