Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
La exsenadora por el Partido Conservador, Aida Merlano Rebolledo, de 43 años, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y compra de votos cometidos en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo de 2018.
A pocas horas de haber sido elegida senadora con alrededor de 73.000 votos, agentes de la SIJIN y el CTI de la Fiscalía allanaron la sede de campaña de Merlano, donde encontraron material que comprobaría un sistema sofisticado de compra de votos en el departamento de Atlántico, liderado por la barranquillera.
De acuerdo con las autoridades, fueron incautados $261 millones en efectivo, una bolsa con certificados electorales y cuatro (4) armas de fuego, que habrían facilitado la victoria electoral de Merlano.
En principio la congresista aseguró ser víctima de un montaje, y su defensa alegó sobre presuntas irregularidades en el ingreso a la denominada “Casa Blanca”. Sin embargo, la Fiscalía reveló cinco (5) meses después una red de compra de votos para favorecer a varios candidatos y candidatas en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico, caso tal de Merlano.
Asimismo, la entidad realizó audiencias de imputación de cargos a la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
También a los diputados del departamento del Atlántico: Jorge Rangel y Margarita Balén; a los concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja; y los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, por los mismo delitos.
La excongresista no alcanzó a ocupar su curul, debido a que, el seis (6) de abril de 2018 la CSJ emitió una orden de captura en su contra, y el nueve (9) de abril se entregó directamente a la SJIN en Bogotá por temas de seguridad. Posteriormente fue enviada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en la capital colombiana, mientras esperaba el fallo del alto tribunal.
El mismo mes, el Consejo de Estado le quitó la investidura a Merlano con el argumento de que el presupuesto invertido en la campaña excedió el monto de gastos permitido para cada candidato.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) había establecido el rango máximo en poco más 884 millones de pesos, y según la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de Estado la demandada gastó más de 1.730 millones de pesos.
¿Quién es Aída Merlano?
La excongresista creció en un barrio popular de Barranquilla conocido como Buenos Aires, en donde inició su vida política en compañía de su padre. En aquella época, principios de los años 90, Domingo “El Monchi” Merlano trabajaba como promotor de la casa política del exsenador Roberto Gerlein que sirvió de gancho para su hija en los años posteriores.
Luego de sus estudios de secundaria ingresó a la Universidad Libre para formarse como abogada y después de casi dos décadas en medio del mundo de la política se lanzó como diputada del Atlántico a sus 35 años y obtuvo alrededor de 39.000 votos. Y por la cantidad de votos obtenidos se volvió una figura importante en el escenario político de la región.
En ese sentido, los Gerlein le dieron todo el respaldo a Merlano y se lanzó a la Cámara de Representantes para el periodo 2014-2018 con el aval de esa casa política y fórmula de Roberto Gerlein. Para esos comicios obtuvo más de 67.000 votos.
Y debido a su gran electorado se lanzó al Senado para el periodo 2018-2022, y esta vez recibió el apoyo de Julio Gerlein, hermano de Roberto; y del Clan Char, encabezado por Alejandro Char, actual alcalde de Barranquilla. Sin embargo, esta vez Merlano no llegó a ocupar la curul, sino que terminó en prisión.
En principio hubo un proceso penal que le iniciaron en su condición de candidata electa; y el otro fue el tema que resolvió el Consejo de Estado. En la estructura jurídica del país la Corte Suprema es la máxima entidad a propósito de lo penal, laboral, civil y familiar, y el Consejo de Estado es la máxima entidad a propósito de temas administrativos.
Entonces lo que sucedió el viernes pasado es que la CSJ probó que Aída Merlano incurrió en un delito contra el sufragio, entre otros y ahora deberá pagar cárcel y más de 600 salarios mínimos legales vigentes.
De todas manera, el alto tribunal no especificó la figura de la “silla vacía”, que consiste en la pérdida de curul para el partido, y en ese sentido, los conservadores tendrían derecho a elegir una persona en reemplazo de Merlano.