Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
En este año electoral, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, ha denunciado casos de corrupción, que, con miras a los comicios del 27 de octubre se encuentra que muchos candidatos a los gobiernos locales están repitiendo cargos o están sujetos a casas políticas cuestionadas por la malversación de los recursos públicos y los nexos con grupos ilegales.
Los últimos meses, el subdirector de la Fundación PARES, Ariel Ávila, ha hecho un recuento de algunos de estos perfiles que están en disputa por las administraciones municipales. Así las cosas, aquí les mostramos los casos publicados en un primer momento en la Revista SEMANA.
Tolima, Santander y Caldas
En el departamento del Tolima, José Ricardo Orozco, es el más opcionado a reemplazar a Óscar Barreto, su anterior jefe y actual gobernador. Actualmente cuenta con el aval del Partido Conservador, Partido de la U y ASI para su candidatura.
Tan pronto se conoció que iba a participar en los comicios, nuevamente salió a la luz pública la condena de nueve años por el delito de tentativa de homicidio agravado en los años 90. Según se conoció, Orozco habría proporcionado tres disparos contra Guillermo León Valencia mientras se encontraba en servicio activo como cadete de la Policía Nacional, “presuntamente, por negarse a comprarle una botella de aguardiente”.
Tras lo ocurrido, la institución lo destituyó y le fue iniciado un proceso judicial. En febrero de 1992 tuvo su primera captura, obtuvo libertad condicional y en 1999 fue finalmente condenado y recapturado en 2002.
Sin embargo, Orozco presentó una acción de tutela por violación al debido proceso y a fin de cuentas, en 2005, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto prescribió anular la acción penal.
Y sin vergüenza, Orozco demandó a la Nación en 2007 por 52´000.000 de lucro cesante y 15´000.000 de daño emergente, pero por fortuna perdió el caso y ahora es uno de los favoritos para este cargo.
Por otro lado, en Cúcuta, Norte de Santander no se salvan de candidatos cuestionados. Iván Javier Gelvez Jiménez está en campaña por la Alcaldía de esa ciudad y está avalado por el Partido Centro Democrático.
Pero su historia es la siguiente: su padre, Luis Martin Gelvez, fue concejal de la ciudad por el Partido Liberal (1984 y 1992) y reconocido empresario que fundó la ferretería El Palustre.
Dicha empresa fue mencionada en un listado como una de las colaboradoras del paramilitarismo, por Iván Laverde, alias el Iguano, comandante del Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), perteneciente al Bloque Catatumbo en una de las versiones libres ante la Sala de Justicia y Paz en Bogotá.
Ferretería que fue manejada por Luis Martín Gelvez, hasta su muerte cuando fue heredada a sus hijos, entre ellos el actual candidato a la alcaldía Gelvez Jiménez y sus hermanos, Martín Herney Gelvez Jiménez y Deasy Fabiola Gelvez Jiménez, señaló el analista.
Hasta el momento dichos señalamientos implican a la empresa familiar de los Gelvez, y no se ha comprobado que el actual candidato, Iván Gelvez, esté relacionado con tales actividades. Pero sería importante que explique a los cucuteños claramente el origen de estos cuestionamientos.
El tercer caso también corresponde a presuntos vínculos con el paramilitarismo del actual candidato a la Alcaldía de La Dorada, Caldas: César Arturo Alzate Montes, quien ya había ocupado este cargo en el año 2000, uno de los periodos más cruentos de la guerra.
De acuerdo con las investigaciones, hay quienes lo relacionan con las actividades ilegales que sucedieron en la Hacienda el Japón después de que esta fuera expropiada en 1998 a su primo, el desaparecido narcotraficante Jairo Correa Alzate.
En esa misma línea, el líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), John Jairo Gómez Builes, denunció en 2003 que en dicha hacienda se escondían paramilitares y narcotraficantes de la región, y era administrada por César Alzate. Señalamiento reconfirmado por el jefe paramilitar de las AUC, Ramón Isaza.
Sin embargo, César Alzate fue investigado y absuelto por sus presuntas relaciones con paramilitares por el Tribunal Superior de Manizales en primera y segunda instancia. También se suma el hecho de que en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se aprobó una Ley de Extinción de Dominio y con ella se pretendía entregarle tierras a los campesinos de El Japón quienes habían sido despojados, sin embargo, no se concretó.
Y el mismo Uribe denunció el año pasado que estas personas no habían recibido los predios, y lo curioso es que ahora su partido Centro Democrático apoya a Alzate, cuestionado precisamente por los manejos irregulares y actividades ilegales que sucedieron en la hacienda.
Otros ejemplos de un país corrupto
El primero es el caso del municipio de Ocamonte, Santander donde Roberto José Piloneta López se está lanzando otra vez a la Alcaldía, que ya ocupó en 2011. El candidato avalado por el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio
Radical y Partido de la U, hace parte de la familia de política tradicional, que además viene incrementando su patrimonio económico al mismo tiempo que empezó a participar en la vida pública.
“Durante su paso por la alcaldía empezó a aumentar su capital económico con la creación y compra de empresas. Una de ellas, ejecutó los contratos de ferias, olimpiadas y suministros de materiales para las carreteras de la región”, expresó Ávila.
En ese sentido, entre 2014 y 2015 Pilonieta legalizó contratos de 12.000.000 y 15.000.000 millones, que debían ser invertidos en kits agropecuarios. Sin embargo, falsificó presuntamente las firmas de campesinos que supuestamente se vieron beneficiados.
A su paso, las personas que se enteraron sobre la falsificación de sus firmas realizaron las denuncias, pero “la esposa de Rubén Pilonieta, primo en primer grado del exalcalde Roberto José Pilonieta López, es la actual personera de Ocamonte y, por auto comisorio, fue delegada por la Procuraduría para llevar este caso”.
En últimas Pilonieta López no solo ha ostentado el poder local, sino que sus influencias políticas tienen incidencia regional, debido a que su trayectoria política en esa zona del país y a que familia ha ocupado y ocupa cargos públicos.
El segundo corresponde al departamento de Sucre, quien también fue alcalde pero por el municipio de San Benito Abad por dos periodos (1998 –2000; 2008-2011). “El poder que han tenido en este municipio es tan grande, que son propietarios de grandes haciendas, cada una titulada con un nombre corporativo «CAMAR» (Cadrazco- Martelo)”, señaló el analista.
Para colmo, el municipio no cuenta con servicio de agua potable; sin embargo, los únicos espacios que tienen este servicio son las grandes haciendas de Cadrazco Salcedo. También fue capturado por delitos relacionados con malos manejos de recursos públicos y en 2017 la Procuraduría lo inhabilitó hasta el 2022, para contratar con el Estado y desempeñar cargos públicos.
Actualmente Cadrazco está aspirando a la alcaldía de este mismo municipio con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), sin importar la inhabilidad de la institución.
El tercero ocurre en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca. Giovanni Murcia Leyva, exalcalde y actual candidato de ese territorio con el aval de los partidos Cambio Radical y la U, ha tejido tejido una presunta red de corrupción para apoderarse del municipio.
De acuerdo con las investigaciones de PARES, cuando se lanzó a la Alcaldía y obtuvo una votación de 3.346 votos con el aval del Partido de la U, su administración estuvo
presuntamente rodeada de diversos cuestionamientos por el manejo clientelista, y por supuestos contratos que no se ejecutaron.
En 2015 no le alcanzaron los votos para el mismo cargo, entonces se presume que empezó a crear alianzas con otros partidos por medio con la compra de votos. Uno de los mayores presuntos beneficiarios de estos presuntos hechos de corrupción fue el candidato en su momento al Senado, David Barguil, quien además de resultar elegido, en el municipio de Carmen de Carupa ocupó el tercer lugar del senador más votado, concentrando el 9,2 % del total de la votación (193 votos).
Al parecer, tal y como lo ha señalado el analista en varias oportunidades, «la asociación entre crimen y política ha sido histórica en Colombia.»