Por: Redacción Pares
La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes.
La protesta social, las personas marchando en la calle, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, son tal vez, uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho en cualquier democracia, y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida, eso no los hace ni buenos, ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legítima en la democracia, es en modelos autoritarios donde no se puede protestar.
El problema de estos regímenes demócrata-autoritarios es que utilizan un discurso del miedo eficiente y, por ende, la destrucción lenta de la democracia no se ve o no se percibe. Esos analistas, opinadores y políticos que dicen ser demócratas y lo primero que hacen es atacar el ejercicio democrático son los más peligrosos.
«Así son las democracias, con protesta social, y al que no le guste se puede ir a vivir a a un país autoritario, de hecho, hay unos cuantos bastante cerca.» enfatiza Ávila.
Las protestas estudiantiles en Bogotá
Los últimos días se han presentado movilizaciones y protestas estudiantiles por parte de jóvenes de las universidades Javeriana, Pedagógica y Distrital en Bogotá. Todo comenzó cuando en agosto de este año se conoció que un exdirector de la Universidad Distrital, en asocio con políticos y profesores, al parecer se robó $11mil millones destinados a esta universidad pública. Este martes, los estudiantes de la Distrital, aprovechando el paro de transporte, protestaron por el saqueo a su universidad. La reacción por parte del gobierno distrital fue enviarles el ESMAD, que los acorraló dentro de la universidad.
Los estudiantes no pudieron salir de la sede ubicada en la carrera séptima con calle 41 de Bogotá. Por su parte, los javerianos, que están al frente, se solidarizaron y se tomaron la calle para que estos pudieran evacuar. El ESMAD, en vez de dejar de atacar, cruzó la séptima e ingresó a la universidad Javeriana, echando gases a diestra y siniestra, incluso hasta en el Hospital Universitario San Ignacio.
Lo que muestran las imágenes es un evidente uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD. La afectación a los estudiantes de la Distrital y la Javeriana y a las personas del San Ignacio es responsabilidad del Estado. Una vergüenza estas imágenes. Una vergüenza. https://t.co/q7nyfb8GcV — Catalina Botero (@cboteromarino) September 25, 2019
Por lo tanto, la comunidad académica de la Javeriana rechazó la represión policial y convocó el día miércoles a un plantón pacífico por la autonomía y la libre expresión universitaria.
Comunicado de la Pontificia Universidad Javeriana pic.twitter.com/KxZhMbawKE — Pontificia Universidad Javeriana (@UniJaveriana) September 25, 2019
Sin embargo, cunado los estudiantes y profesores se ubicaron en las escaleras de la Javeriana en una movilización pacífica, llegó nuevamente el ESMAD arrojando agua y gases. Ingresaron, otra vez a la universidad, violando las vallas de contención y produciendo una estampida de quienes ejercían su derecho a una movilización pacífica.
¿Cuál es la normatividad en Colombia?
“Lo primero que hay que tener en cuenta son las normas constitucionales en Colombia que consagran los derechos fundamentales que al mismo tiempo son el pilar del derecho a la protesta social y estoy hablando del derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de libre movilización.
Ese sería el panorama constitucional”, explicó a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Reinaldo Villalba, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Ccajar.
Sin embargo, en la práctica es distinto. De acuerdo con Villalba, se juntan varios factores que imposibilitan el derecho de la movilización social como está contemplado en los estándares internacionales.
En primer lugar, hay cuerpos represivos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que no acatan ese ordenamiento constitucional, y las normas legales que les impiden hacer ese uso abusivo de la fuerza.
En segundo lugar, ese mismo cuerpo además de no acatar esa normatividad utiliza armas que les está prohibida; y por último, la legislación misma contribuye a limitar el ejercicio de la protesta social, provocando la criminalización de la misma como ocurre con el Código de Policía.
Dicho Código, que entró en vigencia en agosto de 2017, está compuesto por al menos 25 capítulos. En uno de ellos se estipuló cómo proceder en una protesta social, sin embargo, diversas organizaciones le hicieron seguimiento y demandaron el articulado.
Uno de los puntos que generó controversia fue, por ejemplo, detener a los protestantes si en la movilización se perturbaba la libre circulación ciudadana.
ESMAD, el centro de la polémica
El Esmad, compuesto por alrededor de 3000 policías y adscrito al Ministerio de Defensa, se creó en el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana con el fin de controlar disturbios, restablecer el orden y la seguridad de los habitantes.
Sin embargo, este cuerpo ha estado inmerso en cientos de casos en los que reprimen e incluso asesinan a los manifestantes durante la movilización.
En ese sentido, hay quienes reclaman la abolición o la eliminación del Esmad, y con fundadas razones, pues han convertido en un cuerpo represivo que no acata las normas constitucionales.
Se ha comprobado también que dicho grupo lleva armas prohibidas como armas letales, pero que incluso utiliza armas que ellos mismo elaboran como las llamadas “recalzadas”, que consiste en llenar de elementos metálicos y otros elementos a los tubos vacíos del gas lacrimógenos y con eso han matado a personas. En su mayoría, las víctimas han sido por parte del Esmad tales como estudiantes y campesinos.
«Lo que ha pasado en los últimos meses en Colombia es preocupante, a la minga indígena se le acusó de estar infiltrada por terroristas. A los estudiantes se les acusó de estar infiltrados por agentes violentos. Al final se trata de limitar el ejercicio democrático.» concluye Ávila.