Por: Redacción Pares
El próximo 17 de octubre, en las instalaciones de la JEP, se realizará la primera audiencia pública en la que los familiares de personas de Soacha, que fueron presentadas ilegítimamente como muertas en combate, presentarán sus observaciones a las 31 versiones rendidas por comparecientes de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander», en el marco del caso 03, llamado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado» y conocido como el de “falsos positivos».
Miembros de estas dos unidades militares serían los responsables de por lo menos 69 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la región del Catatumbo (Norte de Santander) entre 2007 y 2008, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 15 jóvenes en la ciudad de Ocaña, que fueron reclutados con engaños en el municipio de Soacha (Cundinamarca). La organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO) entregó el primer informe presentado directamente por las víctimas dentro del caso 03 a la Sala de Reconocimiento.
A la fecha, por este caso, la JEP ha realizado 155 versiones voluntarias a 119 comparecientes vinculados a la Brigada Móvil No. 15, al Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander en Catatumbo, al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en Cesar; a la Brigada 16, en Casanare, al Batallón de Artillería No. 4, Jorge Eduardo Sánchez, en Antioquia; al Batallón de Infantería no. 21 Batalla del Pantano de Vargas, en Meta, y al Batallón de Infantería no. 27 Magdalena, en Huila.
Por este caso se han acreditado 314 víctimas, se han presentado 17 informes de organizaciones de víctimas, 16 víctimas y 8 organizaciones defensoras de derechos humanos que representan a víctimas acreditadas en el caso han participado directamente en las versiones de comparecientes. Además, el caso prioriza 6 regiones del país en función del número de hechos y de víctimas y el potencial ilustrativo respecto del fenómeno nacional de los falsos positivos. Las regiones son Antioquia, Meta, Norte de Santander (Catatumbo), Cesar, Casanare y Huila.
La tragedia fue enorme
La tragedia fue enorme: según los cálculos de los organismos de derechos humanos, a lo largo de 40 años se produjeron cerca de 4000 mil ejecuciones extrajudiciales de las cuales 1800 tuvieron ocasión en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Algunos de los implicados, muy pocos aún, están concurriendo a la Jurisdicción Especial para la Paz a contar las circunstancias en que se dieron estos crímenes. Las revelaciones iniciales son realmente escabrosas.
Tanto las revelaciones surgidas al interior del Ejército, como su difusión en el pasado mes de junio por un medio internacional tan prestigioso como el New York Times son una clara demostración de que algo muy profundo ha cambiado en Colombia.
El diario The New York Times reveló cómo en el Ejército colombiano había documentos que comprobaban que a los comandantes de brigadas y regiones se les ordenaba aumentar los resultados en capturas y bajas de miembros de grupos armados organizados. A cambio, se daban una serie de gratificaciones. Como se sabe, una orden similar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) llevó a que poco más de 4.000 colombianos civiles fueran asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los presentaron como miembros, en su mayoría, de grupos guerrilleros.
Esto, que fue “normal” hace algunos años en la Fuerza Pública, ahora tiene el rechazo de una parte importante de ella. La deshonra que significó esta práctica ignominiosa en las filas militares, tuvo el efecto de poner en guardia a muchos oficiales respetuosos de la ley ante cualquier directiva que pueda ir en contravía a las obligaciones constitucionales de una fuerza dedicada a cuidar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.