Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Farc auguró la presencia estatal en los territorios que dicho grupo había ocupado durante décadas, incluidas las zonas más boscosas y que en medio de la guerra habían sido protegidas por los insurgentes.
Sin embargo, en el marco del proceso de desmovilización y desarme de los rebeldes, el Estado no llegó de forma contundente, sino que hubo zonas reforzadas solamente con pie de fuerza. Zonas que empezaron a ser ocupadas por estructuras armadas ilegales que incentivaron la tala de árboles, el tráfico de especies, el cultivo de hoja de coca, entre otro tipo de economías ilícitas que a su vez afectan al medio ambiente.
Y aunque el presidente Iván Duque expresó hace pocos días que la deforestación en Colombia ha disminuido en lo corrido de su gobierno, para los ambientalistas y expertos en el cuidado de los ecosistemas está sucediendo todo lo contrario.
De hecho, en el primer informe de Cómo Va la Paz, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES alertó que era muy posible que esta problemática ambiental incrementara con el paso de los meses, debido a la ausencia estatal en las zonas históricamente ocupadas por las FARC.
Y en ese sentido, se planteó al gobierno que los territorios iban a requerir de un modelo integral de ocupación por cuenta del Estado y no solo de la capacidad militar.
La Fundación PARES habló con el sociólogo y activista, Mateo Córdoba, quien reiteró que meses atrás ya se había advertido y lo que está pasando ahorita es que se materializa.
“La presencia armada en esos territorios, particularmente el sur del país, la serranía de San Lucas o el Nudo de Paramillo, pues permitía que muchos espacios de alto interés ambiental permanecieran más o menos conservados”, expresó.
Según Córdoba, eso nunca fue reconocido por el gobierno. Y a pesar de que no se puede decir que las FARC fueran unos guardabosques, sí había una gestión territorial de manejo ambiental sin ningún reconocimiento institucional.
Los enemigos de los bosques
Todo indica que en los últimos tres (3) años, además de la escalada de la deforestación desde que se firmó el Acuerdo de Paz, lo que hay es una ventana de oportunidades con el fin de que diferentes actores entren a esas zonas a acaparar tierras, a deforestar, a sentarse con economías ilegales como el cultivo de coca, el comercio de madera ilegal, el tráfico de fauna silvestre.
“Esto plantea un primer problema, y es que el gobierno actual maneja la versión para hablar de la deforestación construida con un eje central de ‘la culpa es de la coca’ y ‘todo el problema de la deforestación es por la coca’”, agregó el activista.
También expresó que hay una problemática muy seria y es que la ganadería tiene mucho que ver con la deforestación. En muchos escenarios hay una coincidencia geográfica en donde la ganadería va apareciendo conforme el bosque va desapareciendo.
Según Córdoba, el segundo problema tiene que ver con los poderes locales. Por ejemplo, un gobernador como Nevio Echeverri, de un departamento de vocación forestal, que sale a decir en un evento que su departamento tiene una vocación ganadera es perjudicial para el cuidado de los ecosistemas.
Y es que, como Echeverry hay muchos que tienen poderes muy concretos que están aprovechando la salida de las FARC para darle vida a sus economías. En ese sentido, resulta más difícil porque no se trata sólo de pensar el tema de la deforestación como una lucha contra criminales, sino que hay todo una institucionalidad que o no hacen nada o está involucrada directamente en el negocio del acaparamiento de la tierra.
“Por ahora los resultados no son muy alentadores. El último informe del IDEAM es aún más dramático. En julio dijo que, si bien hay una muy pequeña disminución en términos matemáticos de la deforestación en el Amazonas, los dos municipios más deforestados son Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán”, aseguró Córdoba.
Es por eso que es muy complicado si se sigue pensando que el único problema es la coca y que si se ataca la coca con glifosato va a desaparecer, y en ese sentido desaparecería la deforestación, pero la evidencia dice otra cosa.
¿Qué puede hacer el gobierno?
De acuerdo con el experto hay tres escenarios. Uno es reconocer que ha habido habitabilidad de campesinos en los Parques Nacionales durante muchos años porque la guerra en este país lo que hizo fue, por un lado, que la gente tuviera que salir de sus casas y terminar en muchos casos dentro de las áreas protegidas.
“Y es que tanto en páramos, en los parques, en muchos sitios de interés nacional vive la gente y hay que reconocerlo y atenderlo con diálogo. Pero si se mete el Esmad a sacar a la fuerza a esas personas, no estamos haciendo nada”, insistió Córdoba tras un caso en el que dicho grupo atacó a varias personas que vivían en una reserva.
Creer que se protege la naturaleza con gases lacrimógenos dentro de un Parque Nacional es ridículo, aseguró el activista. Y entonces se debe privilegiar el diálogo; y por otro lado, entender que la capacidad militar y la presencia militar del Estado en los territorios en las zonas que hemos llamado Post-Farc no garantiza esa necesidad de revertir las lógicas territoriales que habían en el conflicto armado.
En segundo lugar, es que en los territorios se pongan en marcha programas sociales, con sustitución voluntaria de cultivos, con educación, por ejemplo, vías terciarias, una especie red de comercialización de productos, pues es mucho más difícil que los campesinos terminen aceptando 3 pesos para deforestar.
Y tercero, “yo diría que evidentemente es necesaria una política contra la deforestación que privilegie la persecución a mafias y a poderes locales que son en últimas quienes lideran el tema. Y también hay diferentes estructuras criminales, pero si no se pone el lente en poderes regionales entonces no se va a atacar el tema”, concluyó.