Por: León Valencia, director – Pares
Suceda lo que suceda después de la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, se habrá sentado un precedente. Los colombianos, y las propias cortes, le están perdiendo el miedo al exmandatario. Uribe tendrá que concurrir muchas veces a los tribunales de justicia en lo que le resta de vida.
Si la Corte Suprema de Justicia decide que las pruebas son suficientes para continuar el proceso, y finalmente llamarlo a juicio por soborno y fraude procesal, se abrirán de par en par las puertas para que las acusaciones de fondo, las que lo implican en la conformación de grupos paramilitares y en delitos que van desde homicidios hasta masacres, comiencen a prosperar.
Pero aún si la Corte Suprema decide archivar el proceso porque según sus valoraciones Uribe no participó de la manipulación de testigos, la controversia continuará y las víctimas y los testigos de las acciones del expresidente seguirán apareciendo motivados por este primer llamado a indagatoria. La audiencia crecerá día tras día en la medida en que decaiga el poder político y social de Uribe y sus seguidores.
Álvaro Uribe fue el principal protagonista del periodo más oscuro de la última violencia. Según el Registro Único de Víctimas, entre 1995 y 2005 se produjo el 67% de las ocho millones doscientas mil víctimas contabilizadas a lo largo de todo el conflicto. En ese tiempo, Uribe fue gobernador de Antioquia -quizás el departamento más afectado por la guerra- y presidente de la república.
La verdad sobre ese triste momento del país ha empezado a salir lentamente a medida que avanzan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esa verdad tendrán una presencia muy importante los líderes políticos que guiaron a la nación en esos días azarosos. Uribe no será la excepción.
Ahora bien, lo que más le conviene a Colombia y al propio expresidente Uribe, es que el exmandatario decida concurrir a la JEP y a la Comisión de la Verdad para dar cuenta de todas sus acciones y revelar las verdades por incómodas que éstas sean. En ese caso, Uribe recibiría los mismos beneficios que los subalternos suyos, algunos militares y políticos, que ya están hablando en esos tribunales.
Eso, desde luego, tiene un alto costo para la conciencia del expresidente. Hasta ahora Uribe ostenta una conciencia heroica sin pliegue alguno, sin ninguna fisura, piensa que defendió una causa justa, la de la democracia, y también que actuó conforme a la ley y al derecho internacional humanitario en defensa de esa causa.
Aceptar que, a pesar de la justeza de la causa y en medio de la feroz guerra irregular que vivió el país, pudo desviarse del camino de la ley en algunas ocasiones y pudo vulnerar a personas inocentes o indefensas. Ese sería el gran reto íntimo, la batalla que tendría que librar en lo más hondo de su conciencia. El resultado para Uribe sería retirarse a vivir su vejez en la tranquilidad de su familia y sus allegados sin tener que seguir de tribunal en tribunal defendiendo su inocencia ante la justicia ordinaria.
El beneficio para el país sería mayor. En ese momento entraríamos de lleno en la reconciliación nacional. Se acabaría por fin la justificación de la violencia política que asoló a Colombia en los últimos cincuenta años y pondríamos freno al resurgimiento de nuevas violencias.