Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
La histórica función que han adelantado quienes lograron llevar al expresidente y máximo líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, a rendir indagatoria, ha trasegado por más de diez (10) años repletos de complejidades propias de un proceso turbio que ha cobrado víctimas, ha generado amenazas y, actualmente, plantea un pulso entre las Cortes y el uribismo.
Pares presenta un artículo con un recuento alguno de los pasajes que hicieron parte del caso Uribe. A su vez, presenta algunas de las figuras más preponderantes de la contraparte de Álvaro Uribe.
El testigo, la muerte y el azaroso inicio del caso
El testimonio de Francisco Villalba, jefe paramilitar, fue el que dio rienda suelta a un caso que tiene como próximo capítulo la indagatoria de Álvaro Uribe, en tan solo dos días. Hace once años, para febrero de 2008, en un tribunal de Justicia y Paz, Villalba señaló que en la Masacre de El Aro —en la que él y sus hombres participaron— existe responsabilidad absoluta de Uribe, quien en aquel entonces era el gobernador de Antioquia.
Villalba relató una presunta conversación entre Salvatore Mancuso y Uribe en la que se decretó: “Borren el pueblo”. Villalba además aseguró que tras la perpetración de la masacre el “amarillo de la Gobernación” sobrevoló la región. En 2009 fue asesinado por sicarios y sobre su testimonio que nueve meses atrás vinculó a Uribe; murió diciendo “Yo nunca me voy a retractar (…) Si me van a matar, que me maten”.
Dos años después, para septiembre de 2011, Iván Cepeda reveló a la opinión pública los testimonios de Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero’ y Juan Guillermo Monsalve, quienes aseguraron que la masacre de San Roque fue ordenada por Uribe. Asimismo, señalaron que Uribe, su hermano Santiago Uribe, los hermanos Villegas y los hermanos Gallón fueron todos partícipes en la fundación del Bloque Metro de las AUC.
Amenazas y asesinato
Tras estas versiones, en febrero de 2012 empieza la pugna de Uribe en contra de Cepeda, pues el expresidente interpone una denuncia contra el senador por abuso de función pública, soborno y fraude procesal. Esto, con base en las denuncias hechas por Cepeda que vincularían a Uribe con el paramilitarismo. Desde ese momento, testigos como Juan Guillermo Monsalve fueron objeto de hostigamientos, amenazas e intentos de asesinato.
Por ejemplo, Carlos Areiza, testigo estrella en el caso contra Uribe fue asesinado en abril de 2018. La Corte Suprema de Justicia ya habría solicitado que se redoblara su seguridad, sin embargo, esto no sucedió. El asesinato se perpetró bajo la modalidad de ‘sicariato’. Sus testimonios fueron cambiantes, pues ya había expresado que estaba siendo objeto de amenaza en la cárcel y posteriormente también desmintió que Cepeda lo hubiera hostigado para declarar.
Pérdida de pruebas
También hubo episodios insólitos en los que, por ejemplo, en diciembre de 2014, se perdieron las grabaciones del Sistema de Interceptación de la Fiscalía, que hacían parte del material probatorio contra el expresidente Álvaro Uribe. La Corte Suprema más adelante ordenaría una investigación sobre lo correspondiente al aparato de la Fiscalía General de la Nación, pues alrededor de 10 llamadas claves en el proceso de Uribe no quedaron registradas por presuntas ‘fallas el sistema’, en un capítulo de incertidumbre sobre si el sistema fue o no manipulado. Hecho que generó que la Corte solicitara a una Agencia de Inteligencia Británica apoyo en el proceso de interceptaciones.
Giro Inesperado
Ya para febrero de 2018 hay un giro total en el caso, debido a que la Corte Suprema de Justicia cerró el proceso en favor del senador Iván Cepeda y abrió investigación preliminar contra el senador Álvaro Uribe, por los delitos de soborno y fraude procesal. De igual manera, se abrió investigación preliminar por las masacres de El Aro, en el municipio de Ituango, San Roque y La Granja, también en el departamento de Antioquia. Recordemos que los testigos sobre el caso de la creación de grupos paramilitares en la Hacienda ‘Guacharacas’, fueron visitados por Cepeda en la cárcel de donde extrajo señalamientos contra Uribe.
Declaración Histórica
Hay otro aspecto que cabe resaltar en el marco del caso Uribe. En mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declara la masacre de El Aro, La Granja y San Roque como crímenes de lesa humanidad, así como también el asesinato de Jesús María Del Valle, emblemático defensor de derechos humanos. Cabe recordar que el homicidio de Del Valle ocurrió el 27 de febrero de 1998 a manos de la banda La Terraza, tiempo después de que el abogado defensor de derechos humanos declarara que militares participaran en las masacres del caso.
Por su parte, las masacres de la Granja y de San Roque se perpetraron en 1996 y, la de El Aro en 1997. Es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia notificó de manera oficial que la declaración de estos crímenes de lesa humanidad, se dan “en el curso de la indagación previa 45110 contra el senador Álvaro Uribe”.
Antes de que estuviera a cargo el Magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, estuvo la magistrada Cristina Lombana adelante del caso Uribe. Lombana venía de trabajar como juez penal militar y pasó a las toldas del alto tribunal, es mayor del Ejército y después de haber intentado ocupar la bacante que dejó Leonidas Bustos y fracasar en su intento; llego a integrar la nueva Salsa Especial de Instrucción. En otras palabras, Lombana, investigó en primera instancia a los altos funcionarios del Estado, precisamente, iba a estar a cargo del caso de Uribe; pero un polémico impedimento la apartó la investigación. Antes, con Leonidas Bustos había incluso más incertidumbre por su papel en el polémico Cartel de la Toga.
Después de conocer algunos de los más difíciles episodios del caso, a continuación, Pares presenta a quienes han sorteado los impases que han complejizado el caso Uribe:
