Por: Redacción Pares
A través de un comunicado difundido este martes, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por los vacíos de acceso a la justicia en la masacre del Tandil, Nariño, perpetrada en 2017, y por los homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas en el Cauca. En ambos casos, ONU recomienda una lucha efectiva contra la impunidad y redoblar los esfuerzos para superar las causas estructurales que originan la violencia buscando prevenirnuevos homicidios, y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparacioìn y las garantías de no repetición.
Tandil
A dos años de la ocurrencia de la masacre que dejó 7 muertos y 22 heridos, las víctimas y los familiares siguen esperando que se garantice su derecho a la justicia. Naciones Unidas recuerda la importancia que tiene el acceso a la justicia como medida para prevenir la reiteración de este tipo de agresiones. La debida diligencia en casos de presuntas violaciones de derechos humanos reviste especial importancia para garantizar el acceso a la justicia. A su vez constituye un poderoso mensaje del rechazo social a la impunidad que está orientado a impedir la repetición de esto graves hechos.
La Oficina de ONU hace un llamado a las autoridades -judiciales y disciplinarias- para redoblar esfuerzos que permitan la investigación, el esclarecimiento pleno de los hechos y en su caso, la individualización y sanción de todos los responsables.
Pese a las acciones impulsadas por las autoridades y a la complejidad del caso, dos años después de ocurrida la masacre, aún persisten desafíos para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares. A la fecha, los resultados de las investigaciones son exiguos.
En este contexto, es de particular importancia reiterar que conforme con las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, el amparo efectivo de los derechos a la protección judicial efectiva y las garantías judiciales requieren que la investigación y el procesamiento de presuntas violaciones a derechos humanos sean tramitadas por autoridades de la justicia ordinaria.
A la luz de las normas y estándares internacionales, la jurisdicción penal militar carece de competencia para conocer conductas que puedan configurar graves violaciones de los derechos humanos.
Cauca
Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades estatales, se han intensificado las agresiones en contra de los integrantes de los pueblos indígenas del Cauca. Los ataques incluyen homicidios, amenazas (individuales y colectivas) y atentados que se han extendido sobre la zona de Tierra Adentro (Nasa Cxha Cxha) y Caldono (Sat Tama Kiwe).
Durante septiembre y en lo que va transcurrido del mes de octubre, la Oficina ha recogido información sobre el homicidio de nueve (9) integrantes de los pueblos indígenas del Cauca, entre los que se encuentran: 2 integrantes de la guardia indígena; 1 autoridad tradicional; 1 líder de proceso juvenil y 5 comuneros.
Adicionalmente, se produjo:un atentado con arma de fuego contra una persona que se desempeñaba como autoridad (ex gobernador); la retención y presunta tortura del coordinador regional de la guardia indígena; amenazas individuales y colectivas frente autoridades, guardias y líderes quienes han sido declarados “objetivo militar”; el reporte de la desaparición de un niño indígena y el reporte de varios casos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.
«Ante la reiteración de estos graves ataques, destacamos nuevamente la necesidad urgente de concertar con las autoridades de los pueblos indígenas, e implementar, medidas integrales y oportunas en materia de prevención y protección, en el marco de sus derechos a la autonomía y gobierno propio.»