Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad, Pares.
Para las elecciones locales de 2019, la Fundación Paz & Reconciliación –Pares monitoreó en total 522 candidaturas, 243 para la primera entrega y 279 para esta segunda entrega, distribuidas a lo largo de 28 departamentos y 107 municipios del país. Este esfuerzo se realizó con el objetivo de establecer si dichas candidaturas presentaban cuestionamientos por alguno de los siguientes aspectos: 1) Corrupción. 2) Vínculos con grupos al margen de la ley (paramilitares y otros grupos). 3) Heredar el capital político de personas o clanes políticos con vínculos comprobados con grupos al margen de la ley. 4) Otros.
Las agrupaciones políticas con más cuestionamientos
Encabezando la lista de agrupaciones políticas con mayor número de cuestionados, encontramos las coaliciones de partidos y movimientos representativos de ciudadanos con 50 candidatos cuestionados, seguido de las candidaturas por firmas con 20 cuestionados. Frente a los partidos políticos, la lista la encabezan los tradicionales Partido Conservador y Partido Liberal, con 20 y 18 cuestionados respectivamente, seguidos por el Partido de la U también con 18 y el Centro Democrático con 17.
La categoría de corrupción está encabezada por las coaliciones, seguida por los movimientos significativos de ciudadanos quienes tienen el mismo número de cuestionados con el Partido de la U. En esta se encuentran casos como el de Jorge Camilo Abril, quien aspira a la alcaldía de Paz de Ariporo en Casanare por firmas y aparece con 24 procesos fiscales ordinarios y tres verbales por diversos aspectos de la contratación realizada como ex alcalde de dicho municipio.
En la categoría de herederos de parapolítica prevalecen los candidatos de coaliciones y del Centro Democrático, un ejemplo es el aspirante a la alcaldía de Uribia por coalición Gerardo Abel Cujia Mendoza, abogado por 15 años de Cielo Redondo, quien ha sido dueña y señora del municipio de Uribia, fungiendo dos veces como alcaldesa en anteriores alianzas con el representante Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías (quien actualmente se encuentra privado de la libertad).
Los cuestionados por parapolítica los encabezan los movimientos significativos de ciudadanos y las coaliciones. Además de los muy sonados casos de Acuña en Sucre y Gelvez en Cúcuta, se encuentran casos como el de Javier Arístides Guerra Castillo, aspirante por firmas a la alcaldía de Puerto Triunfo, Antioquia, quien según declaraciones de Ramón Isaza, excomandante paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, y de su hijo, Oliverio Isaza, alias ‘Terror’ habría tenido relaciones con dicho grupos.
En cuanto a candidatos cuestionados por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley, la lista la encabeza el Partido Conservador, seguido de los movimientos significativos de ciudadanos y las coaliciones. Llama la atención que esta es la categoría, junto con corrupción, donde están los partidos étnicos.
En esta categoría sobresale el caso de Danilo Rafael Palomino Varela, candidato a la alcaldía de Guaranda, Bolívar con aval del recién creado partido ADA, quien a mediados de julio de 2013 fue capturado mientras se desempeñaba como concejal del partido de la U en el municipio de Guaranda, señalado de ser miembro del grupo armado ilegal de los ‘Los Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’.
Algunas conclusiones
Las diferencias entre el 2015 y el 2019 en la distribución de cuestionados por agrupación política, parecen comprobar dos de las hipótesis que Pares ha venido planteando desde el año anterior. En primer lugar, los clanes políticos en decadencia se han unido, han cooptado partidos políticos y utilizado la recolección de firmas para hacerle trampa al sistema electoral colombiano. Con ello han garantizado candidaturas fuertes, y han hecho hasta lo imposible por anular la competencia política.
En segundo lugar, las candidaturas cuestionadas por firmas también aumentan respecto a las elecciones anteriores superando a los partidos políticos, por lo que se podría suponer que: a) han aumentado los costos de entregar dichos avales para los partidos políticos o b) es tal el desprestigio de los partidos que lo que ha aumentado son los costos de cargar con su marca; en todo caso, los candidatos cuestionados se han visto obligados a inscribirse por grupos significativos de ciudadanos.
Es importante lanzar una alerta al respecto, dado que la vaga regulación en la etapa de recolección de firmas de personajes cuestionados por vínculos con grupos al margen de la ley o corrupción podría aumentar los costos de campañas políticas de recursos provenientes, posiblemente, de fuentes non sanctas, poniendo la competencia política en desbalance, a la par que aumenta el riesgo de cooptación del Estado por parte de actores criminales.
