Por: Redacción Pares
Faltan dos semanas para las elecciones regionales y el país continúa sumido en una ola de violencia electoral que se hace cada vez más letal y se expande a un mayor número de territorios. En los 349 días que cubre el presente informe, PARES ha registrado 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. La magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días.
Del total de víctimas, un 45,65% (105) ha ocurrido luego de que se oficializaran las candidaturas el 27 de julio de 2019. En tan solo los últimos dos meses y medio del calendario electoral, tuvieron lugar 9 de los 22 asesinatos registrados, 74 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atentados. Parece claro que, a medida que se acerca el día de las votaciones se intensifican los ataques y sube el riesgo para distintos actores relacionados con el desarrollo del proceso electoral. Todo, en el marco de un accionar insuficiente por parte del gobierno nacional.
El presente informe analiza el acumulado de víctimas y hechos de violencia electoral desde el inicio del calendario, el 27 de octubre de 2018 y hasta el 11 de octubre de 2019, describiendo las tendencias de victimización, los hechos, las víctimas y los perpetradores involucrados en este tipo de violencia política.
Siete conclusiones del Informe
1. La violencia electoral se ha tornado más letal e individualizada. Es decir, se han registrado menos casos de amenazas colectivas y han aumentado distintas formas de violencia selectiva. Graves casos como la masacre de Suárez, Cauca, en la que fue asesinada Karina García (candidata a la alcaldía) y el candidato al Concejo, Yeison Obando, o el asesinato de Bernardo Betancourt, candidato a la alcaldía de Tibú son muestra de esta tendencia.
2. La violencia electoral continúa ejerciéndose como mecanismo de competencia política y ha afectado principalmente a liderazgos y actores electorales de carácter local.
3. Los sectores políticos más victimizados han sido la coalición de oposición y la coalición de gobierno, que son quienes mostraron un potencial en las elecciones nacionales de 2018. Los sectores independientes, por su parte, también han sido constantemente victimizados, abarcando en distintos periodos entre 15% y 18% de todas víctimas registradas.
4. La identidad de los agentes perpetradores es desconocida en una amplia mayoría de los casos. Para el 71,7 % de las víctimas registradas en las bases de datos de PARES no figura un actor material o intelectual al cual pueda atribuírsele responsabilidad de los hechos.
5. La anterior conclusión, sumado a investigaciones en terreno, permiten concluir que los homicidios, atentados o amenazas, son ordenados o cometidos, en su mayoría, por competidores políticos de las víctimas y no se trata de una estrategia nacional para asesinar o amedrentar determinada corriente política.
6. Igualmente, en un análisis geográfico, concluir que hay una relación entre zonas de posconflicto y violencia política electoral no es cierto o no se puede sostener. Una buena parte de este tipo de violencia se cometió en zonas donde no hay un vacío de poder dejado por la extinta guerrilla de las FARC: Norte del Valle, zonas de la Costa Atlántica son un buen ejemplo.
7. Los lugares donde se ha concentrado gran parte de la violencia electoral se han mantenido relativamente constantes, sin mucha variación geográfica, a pesar de que en los últimos dos meses ha sido posible identificar nuevos hechos en departamentos en que antes de septiembre no se tenía registro. Actualmente, en el 85% de las 33 divisiones político-administrativas del país han ocurrido hechos de violencia electoral.
Metodológicamente, este informe ha sido construido a partir de fuentes primarias y secundarias trianguladas por medio de revisiones de prensa, fuentes de territorio y la consulta con autoridades e instituciones. Para efectos de registro, se han incluido hechos en contra de funcionarios públicos, candidatos y precandidatos, miembros de partidos o movimientos políticos y personas denunciantes de casos de corrupción que han sido victimizadas por ejercer control sobre dinámicas o grupos políticos corruptos.