Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
Las comunidades indígenas del Cauca continúan en alerta roja tras la ola de asesinatos que se vienen presentando desde principios de octubre de manera sistemática. Por eso, a esta hora se encuentran reunidos en Asamblea General discutiendo la situación de seguridad del territorio y la visita del presidente Iván Duque para determinar si las medidas que tomó son efectivas para detener esta masacre.
“Quiero de nuevo reiterar, no solamente mi solidaridad, sino también mis plegarias, por las familias de las personas que han sido brutalmente asesinadas por el narcotráfico en este departamento”, aseguró Duque el lunes en su visita a la ciudad de Popayán.
En su paso por la capital del Cauca, el mandatario habló de cuatro puntos centrales: inversión social, militatización, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y contratación para hacer efectivos los proyectos sociales como unas medidas a corto y mediano plazo para solucionar el problema de seguridad.
Y es que el segundo punto mencionado fue el que generó más controversias, debido a que, la guardia indígena prefiere -en lo posible- hacerse cargo de la seguridad de su territorio en todos los aspectos, pero ante la grave ola de asesinatos la presencia del gobierno es mandatoria.
Duque informó sobre el despliegue militar con la llegada al norte del Cauca de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 (Fudra 4), con la misión de desarticular a las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico, y que son señaladas como responsables del “asesinato de líderes indígenas y de líderes sociales”.
Por eso, la Fundación Paz & Reconciliación-Pares habló con el defensor del Pueblo regional del Cauca, Rossi Muñoz, para conocer qué está sucediendo en el territorio desde que iniciaron los asesinatos hasta la fecha.
Sin embargo, aseguró que este martes las comunidades se encuentran dialogando sobre la visita de Duque y es posible que en horas de la tarde emitan un pronunciamiento sobre los cuatro puntos que propuso el presidente.
Ahora bien, Muñoz aseguró que, si bien la militarización es orden del ejecutivo, es clave que esta sea acompañada por una pronta inversión social y el proceso de sustitución de cultivos para mitigar las amenazas de los grupos armados, de lo contrario esto sería como poner una cura donde hay una gran herida.
Los hechos
Las alarmas se encendieron a principios de octubre con la muerte del joven caucano Dumar Mestizo, en el sector de la Despensa, municipio de Toribío, quien era integrante del Grupo Juvenil Álvaro Ulcué.
En su momento, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, la Comisión de derechos Humanos del Congreso, a la ONU, OEA y demás organizaciones de derechos humanos para el cuidado y la defensa de la vida. Sin embargo, desde ese 4 de octubre la violencia se fue escalando hasta llegar al estado de emergencia que se vive en la actualidad en toda la región del Cauca.
Diez días después de la trágica muerte de Mestizo, el CRIC informó sobre el asesinato de Toribío Canas, guardia indígena activo, en el corregimiento de Tacueyó. Pero el gobierno no prestó mucha atención ante estos primeros episodios de violencia, de los cuales se presume la responsabilidad de los grupos armados ilegales o de bandas dedicadas al narcotráfico.
Pero el caso que rebosó la paciencia de los caucanos y caucanas fue el hecho que se presentó el pasado 29 de octubre. Las disidencias de las FARC llegaron a Toribío y acribillaron a Cristina Taquinás Bautista, autoridad Neehwe’sx, José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscue y James Wilfredo Soto.
Asimismo, seis personas resultaron heridas en estos ataques entre los que se encontraban miembros de la guardia indígena. El lamentable episodio ocurrió cuando los mismos integrantes de ese grupo armado intimidaron a la comunidad mientras se desplazaban en varias camionetas, aparentemente asociadas a los negocios del narcotráfico.
Cuatro días después de los homicidios, mientras se realizaba el entierro de la gobernadora Cristina Taquinás Bautista, fue asesinado el joven comunero indígena Alex Vitonás en Toribio.
Por su parte, Jesús Eduardo Mestizo fue asesinado el 3 de noviembre en la vereda Loma Linda, corregimiento de Tacueyó, zona rural del mismo municipio Y en horas de la noche, se vieron afectados dos guardias en el municipio de Corinto por medio de hostigamientos.
El mismo domingo, las autoridades indígenas confirmaron un atentado contra el coordinador de la Guardia de Tacueyó, Arbey Noscué, mientras se encontraba en su casa en la vereda La Playa. Afortunadamente logró escapar de sus atacantes.
Ante la serie de violaciones a los derechos humanos, uno de los líderes de la comunidad Nasa, expresó en medios de comunicación que “la situación se nos pone cada vez más compleja y el gobierno nacional no ha dado respuesta y ahora vemos es un gobierno incapaz, que no es capaz de enfrentar a unos delincuentes”.
Inversión social y Sustitución de Cultivos
La firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) prometía tranquilidad en los territorios más afectados en el marco del conflicto armado. Y a raíz del pacto, entre otros proyectos, se crearon los PDET con el fin de promover el desarrollo económico en estos espacios que históricamente han vivido en medio del comercio ilegal.
Sin embargo, los proyectos productivos no se han puesto en marcha de manera acelerada en esta región, que además implican un trabajo de la mano con la sustitución de cultivos de uso ilícito, que es uno de los factores por los cuales los indígenas o campesinos se han visto amenazados por las estructuras de narcotráfico.
Por eso Duque hizo énfasis en el papel fundamental que juega la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, particularmente con la implementación de los Programas de PDET en 17 municipios del norte del Cauca y del Alto Patía.
“Para la vigencia 2018, se adelantaron 94 proyectos, de los cuales 58 son obras PDET terminadas, 31 se encuentran en ejecución y 5 en estructuración. Para la vigencia 2019 tenemos 181 proyectos PDET. Esos productivos van a beneficiar a 3.053 familias”, aseguró el presidente.
De todas maneras, en la región piensan todo lo contrario, y en ese sentido, todo indica que los proyectos van a paso lento. Así que, hay muchas promesas por parte del gobierno, varias propuestas, y también indicaciones que con el paso de los días se podrán medir si fueron efectivas o no.
Ahora habrá que esperar si las comunidades acogen las medidas de Duque pues hay muchas propuestas sobre la mesa, pero pocos resultados en la disminución de asesinatos a líderes y lideresas sociales campesinos, indígenas, de JAL, entre otros.