Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
De acuerdo con la información entregada por la Organización Indígena de Antioquia (OIA), un nuevo hecho victimizante se presentó en contra de las comunidades indígenas en Colombia. Justamente, el asesinato de Luis Enrique de la Cruz Suárez, indígena Senú, se registró en el municipio de Cáceres, vereda El Tigre en el departamento de Antioquia. Asimismo, las comunidades indígenas señalan que, con el asesinato del líder indígena ya son 135 asesinatos los que ya se han presentado durante los 15 meses que lleva el presidente Duque en la Casa de Nariño.
Así las cosas, el asesinato de Luis Enrique de la Cruz Suárez, de 43 años, se suma al asesinato del indígena Embera Eyábida —e integrante de la Guardia Indígena en Chigorodó—; Gilberto Dominicó, el pasado viernes 1 de noviembre. Es decir, en menos de una semana se han reportado dos asesinatos ante el silencio del Gobierno Nacional que parece atender situaciones solo cuando los asesinatos asciendan a 15, como en el Cauca.
Fuentes en terreno le comunicaron a Pares que no es cierto que la Policía y la Sijín hayan colaborado con el levantamiento del cadáver de Luis Enrique de la Cruz Suárez. Contrario a las versiones de las autoridades, el papel de los uniformados no contribuyó al procedimiento postmortem del líder indígena. Entre otras cosas, hay premura de que las autoridades actúen para establecer quiénes son los responsables del asesinato.
Hasta el momento las versiones apuntan como perpetrador a algún grupo armado de los que se están disputando el control territorial de la región antioqueña. Sin embargo, de acuerdo con investigaciones hechas por Pares, en el municipio de Cáceres —tras la ida del Frente 35 de la otrora guerrilla del Farc—; el Clan del Golfo cooptó el municipio y ejerce control.
A continuación, Pares presenta una radiografía de los componentes más predominantes en materia de seguridad que configuran los hechos victimizantes en la región y que están afectando a las comunidades indígenas en el Bajo Cauca.
Zona de disputa
Precisamente, el municipio Cáceres hace parte del Bajo Cauca Antioqueño que, a su vez, hace parte de las zonas con mayor presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales. Bajo Cauca, específicamente se ubica en la región denominada como Nido del Paramillo que incluye al sur de Córdoba y al Norte y Nordeste Antioqueño.
De hecho, el Bajo Cauca se ha convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro; también se da el procesamiento y desde allí son comercializadas hacia el interior y fuera del país, puesto que conectan con Medellín, con la Costa Caribe y con el Urabá.
Esta situación la ha venido alertando la Fundación Paz & Reconciliación tras el lanzamiento del informe “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, ante la opinión publica y ante el Gobierno Nacional; resaltando la preocupante situación en materia de seguridad que atraviesan esta subregión del país.
Sumado a este panorama, se encuentra la incapacidad del Estado local y central para generar un ambiente de gobernabilidad y legalidad; una dificultad que se debe no sólo al aspecto técnico y de infraestructura institucional, sino también a la facilidad que tienen las estructuras armadas ilegales para permear la institución.
Bajo Cauca
Según investigaciones de Pares, la disputa y el recrudecimiento de la violencia en la violencia en el Bajo Cauca se ha prolongado desde 2018, año en el que —entre otras cosas— resultó ser el más violento en los últimos seis (6) años. Un ejemplo de ello se refleja en el aumento del homicidio en los municipios de Cáceres (lugar del asesinato del líder indígena) y Caucasia; que llegó al 150%.
Para 2019, la situación de violencia sobre el municipio de Cáceres se ha mantenido. Sin embargo, Pares advirtió que hubo un cambio de táctica se ha presentado; se dejó a un lado las confrontaciones y se priorizó la violencia selectiva, tal como resulta el asesinato de Luis Enrique de la Cruz Suárez.
Asimismo, Pares ha denunciado que los municipios mayormente victimizados por los Grupos Armados Ilegales son Cáceres, Caucasia y Tarazá. De hecho, el Clan del Golfo opera asentado en el Casco Urbano y los Caparrapos operan en la ruralidad.
Las investigaciones en terreno por parte de Pares han permitido reconocer que, en el Bajo Cauca, “las comunidades afirman que en muchos casos no logran identificar quiénes son los hombres armados que pasan por sus veredas pues en muchos casos usan pasamontañas, pero no insignias que los identifiquen. Asimismo, todos usan armas largas y tienen repertorios de acción caracterizados por la sevicia”.
Así las cosas, de acuerdo con el informe, la zozobra sobre los habitantes de la región ha desatado desplazamiento forzado de las zonas rurales y de los casos urbanos, en donde Cáceres se ubica como uno de los municipios más afectados. Frente a las amenazas, en el Bajo Cauca, Pares ha alertado que las familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos – PNIS han sido amenazas, específicamente, en los municipios antioqueños de Cáceres y Tarazá.
El devenir de las comunidades indígenas
Pares habló con Aída Quilcué, Consejera indígena de ONIC, para saber qué viene para las comunidades frente a las masacres reportadas.
“Nosotros desde los pueblos indígenas consideramos que la situación trae un despojo territorial en contra de las comunidades indígenas avanza con mucha fuerza. Además, considera que “una forma de desestructurar, seguramente, tiene que ver con el rompimiento del tejido social y organizativo que tenemos desde los pueblos indígenas”, señala.
La Consejera explica que esa forma de desestructurar dicho tejido social lo hacen por medio del narcotráfico, la presencia de grupos armados en las distintas zonas en la que históricamente han hecho presencia las comunidades indígenas a los largo y anchos del país. Es decir, para Quilcué lo que se configura es “un ataque directo a la autonomía, al ejercicio de las autoridades regionales y generar miedo, zozobra”.
La líder indígena insiste que se debe empezar a generar espacios de diálogos y propuestas desde lo local, regional y nacional. Precisamente, reconocen que uno “uno de los grandes combustibles de la problemática es el narcotráfico, un tema que estamos abordando, para que las comunidades formulemos las propuestas que permitan vislumbrar una salida a las condiciones que deja las dinámicas de las economías ilegales y que ha resultado en masacres”.
Finalmente, señala que “tenemos que seguir avanzando en las distintas rutas nacionales e internacionales, en el marco de lo jurídico y político, que permita fortalecer alianzas entre las distintas organizaciones sociales que permitan dar respuestas a los asesinatos sistemáticos que no son un tema aislado, ya que trasciende a la problemática del país.”