Por: Redacción Pares
A través de información suministrada por las comunidades a la Comisión de la Verdad, se denuncia que el 12 de noviembre un grupo armado al margen de la ley produjo el desplazamiento masivo de más de 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Altos de Uré en la Vereda Batatalito del corregimiento de Versalles en el Sur de Córdoba. Este hecho se suma a las comunicaciones entregadas por los pobladores sobre el escalamiento de la violencia en el municipio de San José de Uré, en el cual, en lo corrido del mes de noviembre, han reportado la masacre de tres personas, al tiempo que se han dado alertas por desplazamiento masivo de la Defensoría del Pueblo.
Es urgente que el Gobierno Nacional tome medidas que garanticen la vida y pervivencia en paz de las comunidades, y que se aclare y tomen medidas eficaces contra estas formas de violencia en el Sur de Córdoba. El sentir de las comunidades es que las medidas de protección requieren incluir el reconocimiento formal del resguardo Embera Dochama, solicitud elevada por sus autoridades étnicas hace 40 años, piden igualmente el cumplimiento concertado y efectivo del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (Decreto 660 de 2018) y estrategias de protección de la población civil, sus líderes y lideresas que no se reduzcan a la militarización del territorio.
Asimismo, las comunidades reclaman el cumplimiento de las iniciativas del Pacto Municipal para la Transformación Regional de San José de Uré y su enfoque étnico, en el marco del PDET y la implementación del Acuerdo de Paz.
La crítica realidad del desplazamiento
Así lo reveló la Defensoría del Pueblo en su último informe «Situación de desplazamientos masivos y confinamientos en el país». Según el boletín oficial, han ocurrido alrededor de 35 desplazamientos masivos en todo el país que han provocado el desarraigo de más de ocho mil personas durante los primeros seis (6) meses del año.
El informe también indica que el 43% de desplazamientos masivos en Colombia durante el primer semestre de 2019 ocurrieron en el departamento de Nariño, lo que corresponde a 3540 personas que han sufrido desplazamiento en esta región del sur del país. También se ha presentado este fenómeno en los departamentos de Norte de Santander, córdoba, Antioquia, Chocó, Magdalena, Valle del Cauca y el Cauca.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, que publicó en marzo de este año el balance anual sobre los “Retos Humanitarios 2019”, en el que se revela la grave situación humanitaria en más de siete departamentos del país durante el año pasado. Por su parte, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR, en el 2017 hubo 14.594 personas desplazadas forzosamente frente a las 27.780 de 2018. En ese sentido, aumentó en 90% este fenómeno.
“Hubo un deterioro significativo de las condiciones de seguridad. No hemos visto ninguna mejora, y hemos visto a personas, civiles, familias en situaciones más difíciles, más precarias, más expuestas a todo tipo de violencia tras la salida de la exguerrilla Farc de las zonas históricamente ocupadas», indicó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia.
Respecto a esta tragedia, la Corte Constitucional afirmó que “si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia.