Por: Diego Alejandro Restrepo, Coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto, Pares
En medio de la gran movilización social que resuena a lo largo del país y que ha puesto en evidencia la estrategia represiva y la poca creatividad de este Gobierno, se cumplen tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-Ep. El Acuerdo es un proyecto ambicioso que propone una serie de articulaciones sociales y transformaciones institucionales con el propósito de construir de manera participativa el desarrollo con enfoque territorial, realizar una apertura democrática que incluya sectores tradicionalmente excluidos del poder político, alternativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, la reparación de las víctimas de la guerra que se prolongó por más de medio siglo y el proceso de reincorporación a la vida civil de excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc-ep.
A su vez, creó un robusto Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición-SVJRNR, centrado en las víctimas del conflicto armado interno y sobre la base de tres instituciones: la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, UBPD.
Así las cosas, tres años después de este hito histórico y a casi año y medio de la presidencia de Iván Duque, el panorama de violencia e implementación del Acuerdo en el país es, por decir lo menos, una bomba de tiempo. En lugar de construir esfuerzos para implementar lo pactado, este Gobierno ha concentrado sus fuerzas en deslegitimar el proceso y el Acuerdo. Desde antes de ganar la presidencia, el Centro Democrático orquestó un plan de sabotaje legislativo en el Congreso que impidió la puesta en marcha de curules especiales para los territorios más afectados por la guerra, la reforma política que buscaba fortalecer la representación y democratizar el aparato institucional y también dilató los procesos normativos para la puesta en marcha de la implementación del Acuerdo.
El Centro Democrático, un palo en la rueda del Acuerdo
Una de las grandes victorias de este sector político fue modificar la JEP. Esta institución tenía como propósito juzgar a los perpetradores de los delitos más graves en el marco del conflicto armado interno, es decir, una instancia a donde debían acudir tanto miembros de las Farc-ep, como de la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros civiles.
No obstante, agentes del Estado y terceros civiles fueron eximidos de la obligación de asistir por iniciativa del actual partido de gobierno, por lo cual distintos centros de pensamiento manifestamos nuestra inconformidad pues esta jugada política constituyó una contradicción del espíritu mismo de la justicia transicional: ofrecer verdad a las víctimas.
¿Cómo ofrecer verdad cuando grandes sectores económicos que instrumentalizaron la esfera política para sus propios intereses e hicieron la guerra para acumular tierras y dinero no tienen la obligación de contar su papel en el conflicto armado interno?
Ya en el poder ejecutivo, el Centro Democrático también transformó el Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH, creado en el marco de la ley de víctimas 1448 de 2011, en una institución al servicio de los intereses de su partido a la cabeza de Darío Acevedo, quien en distintos escenarios públicos ha negado la existencia del conflicto armado interno colombiano, la responsabilidad del Estado por las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Uribe, anunció la modificación del guión del Museo Nacional de la Memoria para incluir una visión heroica y acrítica del papel de las Fuerzas Militares en la guerra e incluso afirmó que “con el proceso de paz el Estado perdió lo que había ganado en el campo de batalla”.
En otras palabras, este gobierno fortaleció institucionalmente al CNMH para hacerle contrapeso político a los esfuerzos del SVJRNR.
El Gobierno se raja en la implementación del Acuerdo
Por otra parte, los incumplimientos para la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Territorial, producto del proceso participativo de focalización de problemáticas territoriales, ha derivado en la ruptura de confianza entre las instituciones y las comunidades, pues se habían generado grandes expectativas en los territorios.
A su vez, el incumplimiento en los pagos mensuales y asistencia técnica para las familias suscritas en el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos-PNIS en territorios como Nariño, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo y Norte del Cauca se suma el anuncio del gobierno de retornar a la aspersión aérea con glifosato y continuar con la erradicación forzada, rompiendo con lo acordado y profundizando la crisis de legitimidad del Estado.
Es en estos territorios en donde también confluyen los problemas más críticos del país en materia de seguridad y violencia. A pesar de la promesa de seguridad con la que ganó la presidencia Iván Duque, estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, los Caparrapos, el ELN y los Grupos Armados Postfarc se han fortalecido ante la ineficacia de las instituciones de la Fuerza Pública, aun cuando en el Acuerdo se había dispuesto de una instancia interinstitucional denominada Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para enfrentar a estas organizaciones criminales y que también se proponía proteger a líderes, lideresas y excombatientes.
En lugar de esto, el Gobierno propuso el Plan de Acción Oportuna-PAO, que duplicaba esta instancia con una diferencia fundamental y es que se excluye a la sociedad civil de la participación.
Asesinato de líderes y excombatientes de las FARC
Desde la firma del Acuerdo hasta hoy han sido asesinados 316 líderes y lideresas sociales en su mayoría pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en otras palabras, los grupos sociales excluidos históricamente por sectores políticos y económicos y que han sido invisibilizados por el Estado colombiano, de nuevo se ven arrojados a una espiral de violencia.
Por su parte, 117 excombatientes de las Farc fueron asesinados cuando adelantaban su proceso de reincorporación a la vida civil y 510.458 personas han sido desplazadas forzadamente de sus territorios según el Registro Único de Víctimas en este período.
En conclusión, este Gobierno le ha dado la espalda a las víctimas de la guerra, ha defendido intereses de grandes empresarios y terratenientes y ha contribuido a la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, como es el caso de las múltiples violaciones a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas por las Fuerzas Militares.
Finalmente, también ha decidido perpetuar la exclusión de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos condenándolos de nuevo a la violencia y cerrando las posibilidades de un diálogo serio con estas poblaciones. Motivos sobran para la movilización continuada que busque un cambio en la política de gobierno. De esto también te hablamos, viejo.