Por: Redacción Pares
Los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático y Gustavo Bolívar del partido Decentes, junto con la Campaña Defender la libertad asunto de todas y las organizaciones de derechos humanos Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DH Colombia), radicaron ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia contra la Policía Nacional para que se investiguen posibles excesos en el uso de la fuerza contra los ciudadanos que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta pacífica, fueron víctimas de agresiones.
Por la presunta comisión de los delitos de: homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura; concierto para delinquir; pánico y calumnia, y por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.
La acción penal señala que los máximos responsables del abuso policial y quienes deben ser investigados son: Oscar Atehortua Duque, director general Policía Nacional; Hoover Alfredo Penilla Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG); Jorge Luís Vargas Valencia, director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Los congresistas solicitan que se les investigue por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir; pánico y calumnia por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.
Se presentaron más de 15 casos que constan el actuar de la MEBOG y el ESMAD en los que no atendieron a los criterios establecidos internacionalmente, y que vulneran el mandato constitucional de proteger el derecho de reunión y asociación, libertad de expresión y a participar en la dirección de asuntos públicos.
Algunos de los casos que solicitan al ente investigador establecer la responsabilidad de la Fuerza Pública son: la muerte del joven de 18 años, Dilan Cruz; las lesiones contra Diana Rocío Pinzón Corredor, comunicadora gráfica agredida en las inmediaciones de la Universidad de Los Andes; la muerte del ciudadano Faustino Vargas Sanabria, en el Barrio Verbenal de la ciudad de Bogotá; el uso arbitrario del traslado por protección para desarticular la movilización y los supuestos ingresos de “vándalos” a conjuntos residenciales en la noche del 22 de noviembre que generó una ola de pánico y temor entre los ciudadanos.
En tal sentido se anexaron más de 30 vídeos y fotografías de denuncias ciudadanas en los que se evidencia la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los delitos que se solicitan investigar, algunos de ellos por anuencia y complicidad.
La denuncia señala que se registraron 831 casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas y por lo menos 25 casos de personas heridas entre el 21 y 23 de noviembre, de acuerdo con los registros de la “Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs”.
Asimismo, el documento radicado ante la Fiscalía advierte que puede existir un importante subregistro en la violación de derechos humanos, debido a que los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias señalaron que sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas a nivel nacional. Finalmente señalaron que citarán a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la cúpula de la Policía Nacional.