Por: Redacción Pares
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia y ONU Mujeres presentaron el informe Evaluación de la aplicación del Protocolo de valoración del riesgo feminicida (2014-2017), que mide el impacto de este instrumento en la protección de las mujeres víctimas de violencia mortal en manos de sus parejas o exparejas.
El feminicidio, la muerte violenta de mujeres por razones de su género, afecta a mujeres y niñas en todo el mundo. De hecho, 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios se encuentran en América Latina y el Caribe, configurándola como una de las regiones con mayor número de muertes violentas de mujeres en el mundo.
Como parte de las acciones de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, ONU Mujeres con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de las acciones en el Programa Superando la Violencia contra las Mujeres, realizó el evento de socialización de los resultados, recomendaciones y compromisos de las instituciones para aumentar la eficacia en la protección de mujeres y niñas en riesgo de feminicidio.
En palabras de la Representante Adjunta, la Sra. Patricia Fernández Pacheco, haciendo referencia a la investigación expone que “consideramos un insumo clave para el fortalecimiento de las acciones que garanticen la vida de las mujeres en Colombia, conforme al marco internacional y nacional en la materia”. En Colombia, según cifras de Medicina Legal, en el 2018 más de 1000 mujeres fueron asesinadas, esto significa que cada día 3 mujeres murieron de forma violenta.
Hallazgos de esta evaluación reflejan que entre los años 2014 y 2017, 188 del total de 531 (el 35,4%) casos de las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja, habían sido valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal previa solicitud de una autoridad judicial. Es decir, al menos 1 de cada 3 mujeres asesinadas había buscado justicia y protección.
El Estado colombiano se encuentra ante el desafío fortalecer la implementación del marco internacional y las leyes nacionales, activar la respuesta multisectorial y coordinada de los actores competentes en la atención y protección de mujeres y niñas víctimas de violencia, eliminar la impunidad en materia del crimen de feminicidio y asegurar que el principio de debida diligencia oriente efectivamente las acciones de prevención y acción.