Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) solicitó desde el año pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo de Paz, decretar medidas cautelares sobre 17 lugares en los que se presume habría fosas con personas desaparecidas como resultado de las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”.
Es por eso, que la reciente apertura de la JEP en el caso de “los falsos positivos” puso en el foco de la opinión pública los llamados previos que durante varios años las organizaciones sociales y de víctimas habían hecho con respecto a la responsabilidad del Estado en la desaparición y posterior asesinato de personas presentadas como guerrilleros.
El 9 de diciembre de este año la JEP inició la diligencia de exhumación de cuerpos, ante la serie de información brindada por las organizaciones de víctimas y versiones voluntarias de exintegrantes de las fuerzas militares sobre las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado” en un cementerio ubicado en el municipio de Dabeiba, Antioquia.
“Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (“falsos positivos”)”, indicó el tribunal de justicia transicional en su cuenta de Twitter; y en cuanto a su identidad, también ha dicho que serían en su mayoría personas en condición de discapacidad.
Dicha investigación se realiza en el marco del caso 03 denominado Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, en el cual se suman otras 16 zonas en cuatro departamentos del territorio nacional en las cuales habría más fosas con personas inhumadas y dadas por desaparecidas.
Ahora bien, las medidas cautelares solicitadas por el MOVICE son urgentes debido al grado de descomposición en el cual se encuentran los restos, y el posible riesgo de exhumaciones clandestinas para torpedear el proceso de justicia.
Antioquia, Caldas, Sucre y Santander son los departamentos en los cuales la JEP, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas a razón del conflicto armado, han logrado obtener información sobre fosas y bóvedas en las que se encontrarían más víctimas.
Avance en la reparación, y el llamado a la no repetición
La Fundación Paz & Reconciliación-PARES conversó con el senador, Iván Cepeda, del Polo Democrático, vocero oficial del MOVICE, que reúne a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, y activista por los Derechos Humanos.
“Lo primero es señalar que queda desvirtuada cualquier afirmación de que el proceso de justicia transicional es un proceso de impunidad y meramente decorativo. La actuación de la JEP, de la Unidad de Investigación de la JEP muestra que hay una decisión clarísima de avanzar hacia la reparación, la verdad y la justicia”, resaltó.
En ese sentido, la denuncia realizada por el MOVICE y ahora las medidas tomadas por el tribunal de la JEP muestran que hubo una reacción eficaz del Sistema de Justicia Transicional que fue creado con el propósito de que las víctimas accedan a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.
“Así es que la Justicia Especial para la Paz muestra que comienza a dar resultados, y eso, creo que es fundamental para el Proceso de Paz y las víctimas”, apuntó el senador.
En Colombia aún no se tiene certeza de cuántas víctimas cayeron a manos del Estado en esta modalidad, sin embargo, las cifras oficiales estiman que fueron un poco más de 2.000 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos han expresado que los colombianos y colombianas presentadas como subversivas asciende a los 8.000.
En esa medida, Cepeda agregó que “a estas alturas no se puede poner en duda o en cuestión que los ‘falsos positivos’ era una política de Estado, a diferencia de lo que señala el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo”, quien en su corto mandato ha utilizado un discurso negacionista sobre el conflicto armado colombiano.
“Existía evidentemente una concertación que permitía que hechos como los que estamos comentando se presentaran y esa circunstancia se ve agravada con el perfil que tiene en particular, (…) personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de protegerse, ni de proteger sus derechos, ni sus familias de protegerlos y que son utilizados como blancos de una acción que persigue lo que se llama el resultado operacional”, añadió.
Por otro lado, y en cuanto a los beneficios que trae la apertura de estos casos, es que la sociedad acceda a la verdad, además de la reparación y de la justicia, pues esto tiene que servir para la no repetición.
“Esto es importante porque estamos en medio de una discusión en Colombia sobre todas estas prácticas que continúan a pesar de que ya no se presentan en la dimensión que se presentaron por ejemplo bajo los dos gobierno de Álvaro Uribe”, expresó Cepeda.
Y es que hizo un llamado a la manera como se utiliza la inteligencia del Estado, el asesinato de líderes y lideresas sociales, la utilización de armas de guerra y de métodos de guerra contra menores, la utilización de cuerpos de policía para reprimir la protesta social.
“Al final son temas que actualmente están en el centro de la discusión de la sociedad y este hallazgo en particular pone en evidencia a dónde pueden llegar esta clase de prácticas. Así que, este caso juega un papel preventivo, por supuesto de advertencia crítica para la sociedad”, concluyó.
Por lo pronto, la JEP anunció que ya se han adelantado alrededor de 160 versiones por parte de uniformados de la fuerza pública y se han acreditado alrededor de 400 víctimas, mientras también se investigan otras zonas como la Comuna 13 de Medellín, y los restos de los desaparecidos de San Onofre, Sucre.