Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El departamento del Cauca, en los 17 meses de gobierno del presidente Iván Duque, no ha presentado mejora en términos de seguridad y protección a líderes, lideresas y exguerrilleros. Justamente, las constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de acciones efectivas por parte del gobierno nacional; mantienen en zozobra a las comunidades caucanas.
De hecho, en lo que va corrido del 2020 se han registrado en el departamento cinco (5) asesinatos a líderes y lideresas sociales: Cristian David Caicedo, Guapi, Cauca, 3 de enero, Virginia Silva, Paez, Cauca, 7 de enero, Amparo Guegia, Caloto, Cauca, 10 de enero, Juan Pablo Dicué Guejia, Caloto, Cauca, 10 de enero Nelson Enrique Meneses, Inza, Cauca; un (1) familiar de una líder y un (1) excombatiente, primer asesinato registrado en contra de la población reincorporada en este nuevo año. Asimismo, esta región del sur del país ha sufrido dos atentados: uno contra una estación de policía en Mondomo y otro en contra del secretario de planeación municipal de Argelia.
Voces desatendidas
Además, a este panorama se le suman denuncias hechas por el Resguardo Indígena Nasa de Pueblo Nuevo Ceral del municipio caucano de Buenos Aires, el pasado 10 de enero. La voz de alerta hecha por las comunidades indígenas habla de una serie de amenazas de las que estás siendo víctimas y que han desencadenado en desplazamientos masivos en dicho municipio. Fundamentalmente, los hechos victimizantes se registraron en las veredas La Silvia y La Elvira.
La anterior denuncia resulta clave, entre otras cosas, para develar una grave situación que se ha complejizado luego del anuncio del gobierno nacional— el pasado 30 de octubre de 2019 en Santander de Quilichao (Cauca)—; sobre la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido en Cauca, con lo que casi 2.500 uniformados harían presencia para mitigar los problemas de seguridad, bajo la lógica del presidente Duque.
Sin embargo, las comunidades, tal como en el caso denunciado el pasado 10 de enero, señalan que estos hechos suceden ante los ojos de los militares y dejan en el aire la advertencia de que dicha presencia militar aumentaría el riesgo de las comunidades indígenas. Aída Quilqué, consejera de derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), lo advirtió en noviembre pasado.
Cabe señalar que el malestar no es reciente. Justamente, las comunidades tras el anuncio de Duque no tardaron en alertar las implicaciones que tendría dicha decisión teniendo en cuenta la alta presencia de grupos armados en el departamento caucano. Una de las voces que pretendían atizar la situación fue Eduin Capaz, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Militarización intrascendente
Además de no atender las advertencias, se suma que el Cauca, durante años, ha tenido un gran despliegue de militarización que, teniendo en cuenta los hechos victimizantes, no ha significado una mejora frente a los graves problemas de seguridad y la crisis de Derechos (FUDRA) número 4 y el acompañamiento de la Brigada de Caballería (BLICA) para Cauca —el pasado 10 de enero en la Vigésima Novena Brigada del Ejército en Popayán—; esta FUDRA se sumará a Fuerza de Tarea Apolo que, desde finales de 2011, opera en Caldono, Miranda, Corinto, Suárez, Morales, Caloto, Páez, Jambaló y Toribío para el caso del departamento caucano.
Justamente, una de las grandes incorfomidades tuvo que ver con la nula concertación por parte del gobierno nacional para construir con las comunidades acciones de autoprotección de acuerdo con las especificidades que presenta el territorio. De hecho, las comunidades en la Costa Pacífica Nariñense en donde hay un FUDRA, creado en enero de 2018, han denunciado recrudecimiento de acciones violentas que las han puesto en riesgo cuando, paralelamente, dicha FUDRA despliega operativos. Situación similar se presenta en la región del Catatumbo donde también hay una FUDRA y, paralelamente se han presentado cerca de 40 quejas ante la Defensoría del Pueblo.
Causas estructurales
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fundación Paz y Reconciliación —Pares, y que quedó consagrado en el informe Más Sombras que Luces, en el departamento del Cauca se generó una profundización de la violencia tras la firma del Acuerdo de Paz. Este proceso, según Pares, puede ser entendido bajo los siguientes tres factores que componen el panorama de seguridad:
(i) Llegaron nuevas estructuras que disputan el control territorial como el ELN con el Frente José María Becerra y el EPL proveniente del Catatumbo con el Frente Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez. Ambas estructuras armadas han querido demostrar su capacidad bélica a través de un repertorio de acción caracterizado por hostigamientos, pero también dirigido hacia las comunidades que se resisten al control social y territorial.
(ii) El rápido surgimiento de grupos postfarc que con el tiempo se han agrupado en lo que hoy se autodenomina “Nuevo” Sexto” o “Frente Sexto” y “Frente 30 y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas, conformados por miembros de la zona y que entraron en confrontación tanto con el ELN como con el EPL.
(iii) Confrontación de estos tres grupos contra la Fuerza Pública.
Una relación rota con el Cauca
Cabe recordar que el presidente Iván Duque, para el mes de abril del año 2019, después de un mes de Minga Indígena, fue al municipio de Mondomo para hablar sobre el acuerdo alcanzado entre las comunidades indígenas que adelantaban la movilización y la delegación del Gobierno Nacional, conformada por la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos y la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso.
Sin embargo, Duque se retiró del lugar frente a la exigencia de las comunidades de que la reunión se diera en la plaza principal del municipio. Este suceso, en su momento, advertía un dialogo roto entre las comunidades indígenas del Cauca y el gobierno nacional.
En este sentido, los siete (7) meses que trascurrieron después de su fugaz vista —en la que el mismo Duque expresó que cumplió ante el pedido de las comunidades—; demostraron que, efectivamente, la situación no fue atendida por el presidente de la República. La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, aseguró que en lo que va corrido del presente gobierno del presidente Iván Duque, han sido asesinados 121 indígenas en todo el territorio nacional, siendo el departamento del Cauca, la zona con mayor riesgo para estas comunidades.
“Asesinar a un indígena es asesinar la paz y la esperanza de construir una sociedad más justa y equitativa, por eso hacemos un llamado a ayudar, acompañar y detener el derramamiento de sangre que hoy enluta el espíritu indígena nacional”, afirmó en un comunicado la Onic.
Ahora, tal como lo evidencia en el Sistema de Información de PARES -SIPARES —justamente— los municipios que más han registrado hechos victimizantes son Caloto, Corinto y Balboa. Además, en más del 80% de los asesinatos en el Cauca no se ha podido determinar su autor material. La vida, la paz y la seguridad de las comunidades indígenas del Cauca deben estar garantizadas por las autoridades colombianas, afirma la Organización de las Naciones Unidas en su comunicado.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»