Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares
Pareciera que la palabra privacidad tenderá, con el tiempo, a desaparecer. En algunos años casi nadie la pronunciará, aunque por algún tiempo más se repita derivado de cualquier escándalo que involucre las fuerzas de seguridad de un Estado. En Colombia, a las interceptaciones telefónicas ilegales se les ha denominado chuzadas. Se hicieron famosas hace poco más de una década, cuando en el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez se utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), algo así como la CIA colombiana, como una policía política. Interceptaciones telefónicas, seguimientos ilegales, así como listas de sindicalistas y académicos para que los paramilitares los asesinaran y hasta montajes contra la oposición salieron del DAS.
El DAS desapareció y se creó la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero en la transición entre las dos instituciones y, sobre todo, derivado del desarrollo de la lucha contra el crimen organizado, tanto el Ejército, como la Policía colombiana adquirieron sofisticados equipos de inteligencia. Al final, hoy en Colombia, muchos ciudadanos creen que los chuzan.
El último de los escándalos estalló hace apenas unas horas. Por un lado, la revista Semana reveló como el excomandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, ordenó interceptaciones ilegales a políticos, periodistas, magistrados y analistas. Nicacio asumió el mando a finales del año 2018 y fue retirado, sorpresivamente, hace apenas unos días en plenas festividades navideñas.
Durante el año en que el general comandó el Ejército, estuvo envuelto en escándalos de corrupción, de derechos humanos y ahora habría ordenado estas interceptaciones. Igualmente, Semana dice que uno de los destinatarios de parte de esta información fue un alto dirigente del partido de Gobierno, el Centro Democrático. Por otro lado, horas después de que se conociera la información de estas interceptaciones se supo que en la oficina de una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, se encontró un micrófono espía.
No se revela el nombre del alto dirigente del Centro Democrático, pero lo que sí es claro es que esta magistrada llevaba el caso contra el expresidente y ahora senador de la república Álvaro Uribe, quien es investigado por el tema del volteo de testigos (presionar testigos para que cambien de versión).
Igualmente, a pesar de que Nicacio Martínez desde un principio estuvo envuelto en escándalos, nadie se explicaba porque seguía en el cargo. Es como si alguien o algunos lo hubiesen mantenido en el cargo, incluso por encima de la voluntad del presidente Iván Duque. El ministro de la Defensa anunció que las investigaciones se iniciaron desde diciembre, es decir, desde la salida de Nicacio Martínez. Seguramente terminarán en nada, como todas las investigaciones sobre esta materia.
Luego de los múltiples escándalos sobre interceptaciones ilegales en los últimos años, se puede decir que las chuzadas se hacen o bien desde instalaciones de autoridades colombianas o desde oficinas privadas que prestan estos servicios. Al menos, la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ejército y la Agencia Nacional de Inteligencia tienen los equipos para hacerlo. Pero también existen instalaciones a cargo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado o particulares que tienen los equipos necesarios para realizar estas interceptaciones. Quien tenga el dinero puede pagar para que chucen a otro.
El expresidente Álvaro Uribe salió casi que de forma inmediata a victimizarse y decir que seguramente lo culparán de ser ese alto dirigente del Centro Democrático al que le llegó la información. Igualmente, el presidente Iván Duque pasa otra vergüenza, pues él explicó que la salida del general era producto de situaciones personales. Ha quedado como un mentiroso. Sin embargo, pasará lo de siempre, en algunas semanas estallará un nuevo escándalo y opacará este. La palabra privacidad con el tiempo tenderá a desaparecer. Ya nada es privado.
Columna de opinión publicada en El País
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