Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
La situación sobre el asesinato de líderes y lideresas en Colombia en estos primeros días del año sigue siendo crítica. A pesar de las constantes denuncias, los liderazgos en las distintas regiones continúan amenazados mientras el Gobierno Nacional insiste en negar la sistematicidad en estos crímenes. De hecho, además de no haber acciones de prevención, el panorama es poco alentador si se revisa el nivel de impunidad debido a que no se conoce quiénes son los actores intelectuales de este exterminio.
En estos 15 días del año 2020, según cifras de la Fundación Pares, en Colombia se han registrado el asesinato de cinco (5) líderes y cuatro (4) lideresas. Mapa: Pares.
Nueve líderes y lideresas asesinados en 2020
Gloria Ocampo, secretaria de la JAC La Estrella fue asesinada el 7 de enero en Puerto Guzmán (Putumayo); Virginia Silva, líder indígena asesinada el 7 de enero en Páez (Cauca); Mireya Hernández Guevara, líder comunal asesinada el 8 de enero en Algeciras (Huila); Anuar Rojas Isarama, defensor de DDHH asesinado el 9 de enero en Nuquí (Chocó); Amparo Guegia, lideresa indígena, quien fue asesinada el 10 de enero en compañía de su hijo en Caloto (Cauca); Henry Wilson Cuello, líder comunal asesinado el 10 de enero en Chiriguaná (Cesar); Julio Sandoval Chía, líder campesino asesinado el 12 de enero en Tibú (Norte de Santander) y Jorge Luis Betancourt, líder campesino asesinado el 13 de enero en Montelíbano (Córdoba)
Cabe aclarar que, desde Pares, en línea con las definiciones nacionales e internacionales, en gran medida derivadas del desarrollo del concepto de “personas defensoras de derechos humanos”, se entiende que un líder o lideresa social es toda persona que se dedica a promover o procurar la protección y realización de las libertades fundamentales en los planos locales, regional, nacional e internacional (resolución 53/144 de 1999).
“En este sentido, los líderes y lideresas sociales son quienes tienen la capacidad de articular valores, objetivos y visiones comunes para garantizar el goce efectivo de derechos de las comunidades frente a distintas temáticas y en diversos ámbitos. Sus repertorios de acción y lucha son pacíficos y legítimos y su liderazgo se deriva, bien del reconocimiento que goza en su comunidad, organización, colectivo o institución por dichas acciones, o bien de su activismo o vocería verificable en defensa de uno o varios derechos humanos. Esto quiere decir que su simple pertenencia a organizaciones defensoras de derechos humanos no implica el reconocimiento de su liderazgo”.
Por supuesto hay titulares de prensa en las que las víctimas oscilan hasta las 19, pero en las que se tienen en cuenta el asesinato de exguerrilleros, campesinos y comuneros, que no necesariamente corresponden a la categoría de liderazgo social, lo cual no significa, de ninguna manera, que estos sean crímenes no sean condenables y que no deban ser sujeto de investigación por parte del Gobierno Nacional. Al tiempo de que, estos asesinatos, generan zozobra en las comunidades.
Un ejemplo de ello se registró en la mañana del 14 de enero cuando fue asesinado Jaiber Alexander Quitumbo Ascué, en la vereda de Vichiquí en Toribío (Cauca). Pares habló con delegados de DDHH del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) quienes confirmaron que Quitumbo Ascué era un comunero indígena y no un líder social. De igual forma, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte Cauca – ACIN señaló que el asesinato de comunero indígena se dio en una parcela a 50 metros de su casa donde llegaron hombres armados quienes le dispararon en múltiples ocasiones.
Tanto el CRIC como ACIN condenaron los hechos y señalaron la preocupación por el contante asesinato en los territorios del Cauca, al tiempo en que se dan anuncios y acciones de militarización por parte del Gobierno Nacional.
¿Qué pasa con los autores intelectuales?
Precisamente, la gravedad de la situación no solo se traduce en cuántos líderes o lideresas sociales son asesinados, sino sobre el hecho mismo de que el asesinato no cese. Es decir, la sociedad colombiana se está enfrentando a la persistencia del asesinato al liderazgo social, mientras que con este repertorio de acción violenta de los actores intelectuales y materiales se configura una fragmentación de los procesos adelantados por las comunidades, en cabeza estos lideres y lideresas.
Las luchas y causas se mantienen en los territorios, al tiempo que se mantiene el asesinato. León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, explica que resulta vital analizar el hecho de que “no hay un discurso político de parte del Gobierno Nacional en contra de los determinadores intelectuales, que, muchas veces son políticos, empresarios, personas con intereses; debido a que, justamente, los lideres sociales y lideresas sociales afectan dichos intereses”.
“A pesar de ello, el gobierno nacional ha resuelto achacar este tipo de violencia a actores armados criminales, cuando lo que hay es una serie de sicarios pagados por gente de la vida política y social colombiana. Por supuesto hay ilegales, bandas criminales, guerrillas que también matan líderes sociales; pero el grueso de los casos son pagos a sicarios por estas personas que ven amenazados sus intereses”, indicó Valencia.
De esta forma, para el analista, “mientras no se aclare esta situación —mientras la justicia y la política no vayan detrás de los determinadores intelectuales, de gente asentada en la sociedad—; continuará ese fenómeno de asesinato de lideres y lideresas sociales”. Según Valencia, “los anuncios del gobierno nacional han resultado ser una estrategia en la que se persigue a los actores materiales, mientras se protege a cabezas más visibles del mundo político y social. Es decir, son medidas que son inocuas frente a la profundidad del fenómeno”.
Sobre la negativa del gobierno nacional, Valencia insta a que, este hecho, “obedece a un discurso justificador, ya que aborda la sistematicidad por el actor que la realiza, pero no por la causa profunda. Es más, desde la víctima eso tiene una sistematicidad porque estos liderazgos tienen una identidad de lucha social”. Por lo anterior, insiste Valencia, “hay que hacer una revisión de la sistematicidad desde la víctima, teniendo en cuenta la característica de sus luchas”.
De hecho, según Pares, dentro de los registros que hay de líderes y lideresas sociales asesinados entre la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, a la fecha de 2020; el 70% de los casos han sido perpetrados por actores no identificados, ahondando la crisis con impunidad. Asimismo, los cinco tipos de liderazgos más victimizados son líder comunal – JAC (29.1%), líder indígena (17.1%), líder campesino (13.8%), líder comunitario (8.7%) y líder de comunidades negras o afrodescendientes (6%).
De los 27 departamentos en que han sido asesinados líderes y lideresas los más afectados son Cauca (18.7%), Antioquia (14.4%), Nariño (8.9%), Norte de Santander (7%) y Chocó (6.4%). Mapa:Pares.
La mayoría de estos líderes sociales son de las zonas donde las Farc empezaron a marchar hacia los puntos de concentración y hacían labores de paz y que tenían liderazgo político y social en esas zonas. Los líderes sociales van a jugar un papel a futuro en los nuevos movimientos políticos y sociales. En la muerte de líderes hay algo sistemático contra el proceso de paz y el gobierno nacional no acepta esa realidad, dice que son casos aislados y con muchas causas distintas al proceso de paz. Eso es muy grave, enfatiza Valencia.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»