Por Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares.
Este martes 21 de enero vivimos una nueva jornada de movilizaciones sociales que, como una segunda parte de lo que organizaciones civiles y ciudadanas comenzaron el pasado 21 de noviembre de 2019, se llevó a cabo impulsada por una larga lista de de exigencias que el país reclama al gobierno nacional.
Hace un mes, miles de ciudadanos y ciudadanas salieron a las calles indignados por una fallida reforma tributaria, un bombardeo aterrador que dejó como saldo 18 niños muertos en Caquetá, una directiva militar que abrió, de nuevo, la puerta a los mal llamados Falsos Positivos. En noviembre y diciembre de 2019 vimos una muchedumbre colérica por el asesinato diario de líderes y lideresas sociales y el descubrimiento de una fosa común en Dabeiba; por los escándalos de corrupción en las universidades públicas, el desempleo, una futura reforma pensional, en fin, hace un mes había razones suficientes que despertaron la furia de miles de personas que, espontáneamente, salieron en medio de la noche a dar cacerolazos, como en la Argentina de los 80 cuando se exigían ajustes salariales.
Durante un mes, en Colombia hubo multitudes en las calles expresando su molestia; un mes de movilizaciones quizá solo comparable con el Paro Cívico de 1977 donde las centrales obreras y sindicales, con el apoyo de sectores populares, alzaron su voz en contra de la angustiosa situación económica que atravesaba el país durante la presidencia de Alfonso López Michelsen.
Varios episodios quedaron en la memoria del país producto de lo ocurrido a finales del 2019. La noche de pánico colectivo en Bogotá y Cali, la muerte de Dilan Cruz, los confusos hechos de la autopista norte en Bogotá donde un joven cayó de un puente, los muchos jóvenes que han tenido lesiones y pérdidas de sus ojos. A pesar de todos estos desafortunados hechos, también vale aclarar que estas jornadas de movilización han marcado un punto de quiebre en las características de la protesta social que ha vivido el país: surgió una generación dispuesta a cuestionar sus realidades y a no tragar entero, miles de jóvenes que se agolpan en las calles y plazas para levantar su voz junto a una generación anterior que siente, como una materia que le quedó pendiente, muchas de las exigencias de hoy.
Sin embargo, y a pesar de que todas y cada una de las exigencias del año pasado se mantienen vigentes, este 21 de enero el debate se centró en la capacidad o no de las administraciones locales para controlar las manifestaciones. Desde el martes en la tarde la discusión se enfocó en si el Secretario de Gobierno de Bogotá hizo bien o no su trabajo durante las movilizaciones de este 21 de enero. La polarización, como un vicio común de la sociedad colombiana, hoy está entre quienes están abiertamente a favor de la protesta social sin ninguna restricción y quienes piden a gritos una represión total, sin ningún control, desconociendo que la protesta es una expresión legítima de la democracia y desconociendo que la movilización social es un mecanismo legal para reclamar reivindicaciones totalmente válidas.
Y tal vez la manzana de la discordia, o uno de los grandes centros de polarización en esta discusión ha sido el papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD en el marco de las protestas ciudadanas. Muchos han exigido su desmonte y otros su refuerzo. Sin embargo, no se trata de lo uno ni lo otro.
Las fuerzas de policía suelen tener un grupo de operaciones especiales orientado al control de multitudes y a la disuasión de las manifestaciones, es algo normal, el problema principal se centra en cómo los miembros de estas fuerzas actúan contra los manifestantes, aunque existan protocolos de intervención, estos no son suficientes si los funcionarios de policía no adoptan una visión ética de su trabajo dentro de las manifestaciones: defender la vida y custodiar las movilizaciones. Acaso ¿es imprescindible apuntarle a la cara a un joven desarmado con una escopeta calibre 12?
Es al gobierno de Iván Duque a quien se le plantea el reto de hacerle frente a estas decenas de exigencias y que articule un gran diálogo nacional y no una conversación cerrada como lo han manifestado varios miembros del ejecutivo. No, se trata de dejar de jugar a la guerra, de solucionar conflictos, de discutir y ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir como país. Las movilizaciones son oportunidades para dar solución a múltiples problemas que se han demandado, encontrar puntos en común y avanzar.
Sin embargo, esta no parece ser la voluntad del gobierno y, por ahora, la protesta social es impredecible, lo que la convierte en una situación que se le puede salir de las manos a las administraciones locales, quienes no tienen la capacidad para atender las exigencias estructurales de dichas manifestaciones. Por ahora, y hablando de la capital del país, la alcaldesa Claudia López ha demostrado tener entera disposición para el diálogo. Un consejo: la protesta social es impredecible, hay que dejarla ser.