Por: Laura Cano, periodista Pares.
Luego de la firma del Acuerdo de Paz eran varios los escenarios que este hecho podría traer a las diferentes regiones del país. Por una parte, se sabía que habría zonas donde el Estado debía llegar y dar prioridad a la implementación de los PDET, este era un retrato ideal, pero en la implementación ha sido una realidad poco vista: Por el contrario, esos otros posibles escenarios como la ausencia del Estado y la concentración de otros grupos ilegales en diversos municipios son el paisaje general de lo que han sido estos años luego de la firma.
Una de esas zonas del país que está viviendo esta situación es el Bajo Cauca, donde el copamiento criminal llegó casi inmediatamente luego de la salida de los Frentes 36 y 18 de la antigua guerrilla Farc. En ese momento se sabía que esta zona debía ser priorizada en el marco del posconflicto y aunque las alertas no hicieron falta, en poco tiempo ya el Clan del Golfo y el ELN tenían el control de esta región conformada por los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza.
Los enfrentamientos por esta parte del territorio colombiano, el cual es estratégico para las rutas del narcotráfico y la extracción minera, han dejado cifras en aumento de violencia en esta región, siendo el 2018 el año más violento en esa zona, en el cual el número de homicidios en Cáceres y Caucasia aumentó en más del 150% y en Tarazá aumentó en más del 300%, en comparación con el año anterior.
A esto se le suma la presencia y creación de los Caparrapos, un grupo de disidentes del Clan del Golfo, liderado por alías Caín, que en el momento es el principal oponente del Clan del Golfo. Esta organización criminal se ha venido fortaleciendo y ganando terreno, pues a ellos se han unido estratégicamente el ELN, el grupo postfarc del Frente 36 y 18, y además ha recibido una inyección de dinero del cartel Jalisco Nueva Generación.
El paso del 2019 y la llegada del 2020 en el Bajo Cauca
Las alarmas siguen encendidas y lo que hoy está viviendo el Bajo Cauca parece un mal presagio. Durante el 2019 desde la Fundación Paz y Reconciliación en su informe Más sombras que luces, se daba un balance de lo que ha sido en cuestión de seguridad el gobierno de Iván Duque, allí uno de los focos de análisis era la situación de esta región del país.
Si bien, el 2018 había sido uno de los años más violentos en esta zona, el 2019 había llegado con una baja en los índices de violencia; esto porque las tácticas de guerra ya no se estaban centrando en las confrontaciones entre los dos principales actores armados de la zona: Clan del Golfo y Caparrapos, sino en la violencia selectiva.
Sin embargo, luego del primer semestre la violencia se recrudeció y dio algunas pistas de lo que serían los meses venideros para el Bajo Cauca. Amenazas, desplazamiento, desmembramientos y en general un ambiente de miedo es lo que se apoderó de los habitantes de la región, que han tenido que dejar sus territorios con una posibilidad muy baja de un posible retorno. Una radiografía de esta situación fue reportada en marzo del 2019 por la Unidad de Víctimas, donde se registra que a esa fecha había 1485 familias en Antioquia, de las cuales 587 era provenientes de Cáceres y Tarazá, lo que representa el 41% del total y alrededor de unas 1815 personas.
El 2020 ha sido el deja vú de todas las alertas que se venían dando sobre la región. El pasado 16 de enero dos personas fueron encontradas decapitadas en la vereda del Toro, días antes la noticia del hallazgo de tres cuerpos en la vereda La Garrapata hacía parte de la agenda de los medios nacionales, y hoy, pasados 22 días del nuevo año, la cifra de asesinados ronda las 30 personas y se han registrado alrededor de 60 desplazamientos en la vereda La Pipiola.
A este contexto se le suma la alta posibilidad del regreso de las minas antipersona sembradas en trochas de uso poblacional, situación que ha sido denunciada desde mayo de 2019, cuando un grupo de 5 militares cayó en un campo minado en zona rural de Tarazá.
¿Qué dice el gobierno nacional?
En los últimos días el presidente Iván Duque ha visitado la región del Bajo Cauca donde anunció que reforzará la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía. Sin embargo, así como se abrían varios escenarios en la zona desde el 2016 con la firma del Acuerdo de Paz, vuelve a quedar en un limbo la situación de la región si las fuerzas públicas no trabajan de la mano con el gobierno nacional y un PDET que valore la realidad y las necesidades de quienes habitan la zona y por quienes años atrás han venido presentado denuncias y alarmas que no se han escuchado en el momento oportuno.
Además, si no es estudiada y analizada la realidad de esta zona y los grupos armados que allí ejercen control, la presencia de estructuras militares podrían agitar más los enfrentamiento que hay en el Bajo Cauca por el territorio y esto terminaría afectando, aún más, la situación de seguridad de los habitantes de la zona y los distintos liderazgos que allí operan.