Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.
Esta semana la revista norteamericana U.S. News & World Report reveló un ranking de los diez países más corruptos y los diez países más transparentes del mundo y, según la publicación, Colombia ocupa el primer puesto como el país más corrupto. Dicho listado fue el resultado de una encuesta a 20.000 ciudadanos de 73 países en la que cada uno presentó su percepción frente a la corrupción. Para lograr medir los puntos que acumularía cada país se preguntó a cada uno de los encuestados qué tanto relacionaban su país con la palabra corrupción y en el caso de Colombia los ciudadanos perciben que no se está haciendo una labor fuerte y comprometida por parte del gobierno nacional en la lucha contra la corrupción.
¿Es realmente una sorpresa que el país tristemente ocupe los primeros lugares? Según la ONG Transparencia Internacional, durante el periodo de 2016 a 2018 se presentaron en Colombia 327 hechos de corrupción reportados por la prensa, 69% de los hechos fueron de alcance municipal, 25% de nivel departamental y 6% se presentaron a nivel nacional. Es una situación alarmante.
Y en 2019 el retrato no cambió. Según el barómetro global de la corrupción en América Latina y El Caribe de 2019 publicado por Transparencia Internacional, las cifras siguen siendo alarmantes: ya que el 52% de los ciudadanos consideran que la corrupción aumentó, 20% han experimentado extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esa situación, el 16% pago un soborno por servicio público y al 40% de la población le ofrecen sobornos a cambio de votos.
Por otra parte, el barómetro muestra que la percepción de corrupción en las instituciones, específicamente ante la figura del presidente aumentó de un porcentaje de 46 a 55 por ciento entre el 2017 y 2019, por otra parte dicha percepción frente a la policía aumentó de 31 a 35 por ciento entre 2017 y 2019; además de esto, existe un pesimismo por parte de la población colombiana frente al manejo de la situación por parte de las instituciones, ya que 67% considera que el gobierno actual no esta haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción, sin embargo el 68% considera que las personas sí pueden generar un cambio frente a la corrupción.
Escándalos que indignan
Durante el 2019 uno de los escándalos que marcó la percepción ciudadana frente a la corrupción, especialmente por parte de la comunidad estudiantil fue el robo de $11.000 millones que pertenecían a la Universidad Distrital, y fueron malversados por parte de Wilman Muñoz, encargado del instituto de extensión del centro educativo. Otro caso muy recordado fue la fuga de Aída Merlano, excongresista y mano derecha del político Roberto Gerlein y quien fue condenada por compra de votos.
A nivel nacional, la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango ha tenido sobrecostos de gran relevancia, pues pasó de una inversión inicial de $9.6 millones de pesos, sobre la que presenta a la fecha por $11.5 billones de pesos. Se estima en $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas, sin incluir algunos eventos cuya cuantía está por determinar.
También vale la pena recordar la famosa ley Andrés Felipe Arias, la cual fue bautizada con el nombre del exministro de agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe, condenado por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación de terceros. Dicha ley, que causó la indignación ciudadana, abre la posibilidad a una segunda instancia, no solamente para el caso del exministro, sino para 200 casos más dentro de los cuales hay varios relacionados con el escándalo de parapolítica.
Como si esto no fuera suficiente, según Transparencia Internacional los sectores más afectados por estos casos son el sector educación, salud e infraestructura.La investigación señala que los hechos de corrupción más comunes son peculado, celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Además, la publicación indica que los actores involucrados en estos delitos son principalmente funcionarios públicos, con un porcentaje de 39 por ciento y autoridades electas: 41% concejales y 40% alcaldes.
No se puede ocultar que hay una profunda debilidad estructural en el sistema institucional, político, penitenciario y judicial, esto a su vez genera un comportamiento laxo frente al trato que se da a los delitos en el país. Sobre este asunto León Valencia, director de Pares, explica «Es claro que los fenómenos de la impunidad y la corrupción son la fuente de las conductas antisociales que nos afectan como ciudadanía día tras día: inseguridad y violencia se perpetúan y propagan por la falta de castigo a los individuos que las comenten.