Por: Javier Alejandro Jiménez González. Investigador Pares.
La violencia selectiva ejecutada contra líderes sociales no da tregua. Muestra de ello que terminó el año 2019 con 329 líderes y lideresas asesinadas desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Durante los primeros trece días del año en curso ya se habían registrado nueve (9) personas asesinadas con ocasión de su rol de liderazgo social y de defensa de los derechos humanos.
A pesar de que las cifras no dejan de ser alarmantes, la discusión no debería centrarse en quién(es) tienen la razón con respecto a la precisión de las cifras. Ya hay estudios basados en las distintas estadísticas que indican la alta probabilidad en que el número de victimizaciones contra estas personas puede ser mayor de lo que se conoce, y en contraposición a esto el Gobierno ha insistido en desvirtuar los distintos datos, estimando que durante su período el fenómeno violento ha mermado.
El problema de fondo radica en que no sólo las medidas consignadas en el Acuerdo Final de Paz para la protección de personas líderes y lideresas – además de quienes figuran como firmantes y están en proceso de reincorporación – no han sido implementadas por falta de voluntad política sino que también el Estado colombiano ha fallado sistemáticamente en su obligación de protección a la vida de sus ciudadanos.
Ejemplo de lo anterior ha sido:
– La no implementación de las normativas surgidas desde el Acuerdo de Paz como el Plan de Protección Colectiva.
– La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad convocada y sesionando cada vez que la prensa y la comunidad internacional presionan al Gobierno de turno, siendo que esta debería instalarse mensualmente.
– La disminución del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección para el año 2020.
– La desatención del Gobierno de las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para evitar tragedias humanitarias como consecuencias del actuar de estructuras armadas ilegales; – las más de 270 víctimas que dejaron 177 hechos de violencia electoral ocurridos durante los meses previos a la contienda electoral de 2019.
– La creación del Programa de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales no tiene una ruta clara para la articulación de los mecanismos ya existentes en materia de protección y tampoco tiene avances notorios sobre su efectividad tras los 13 meses que lleva vigente.
Las cinco regiones críticas
Las zonas más afectadas continúan siendo Norte del Cauca, Bajo Atrato, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y Pacífico nariñense, donde confluyen distintas estructuras armadas ilegales con actividades de economías ilícitas y los clamores por la vida de cientos de comunidades que se ven acalladas ante los silbidos de las balas merodeando sus entornos cercanos.
En el caso concreto del Norte del Cauca se vive una gran tensión entre la población, ya que durante la última semana han aparecido cuatro (4) panfletos amenazantes atribuidos a distintas estructuras ilegales, en su mayoría grupos armados posfarc, a saber: Columna Dagoberto Ramos, grupo disidente Columna Jacobo Arenas, Columna Móvil Vladimir Stiven y Cartel de Sinaloa.
Panfletos con amenazas de los grupos armados ilegales. Norte del Cauca.
A pesar de que se presume que son estructuras distintas, los mensajes tienen el mismo fin: amedrentar a las comunidades mediante posibles represalias a quienes osen o intenten obstaculizar sus actividades. Las principales víctimas han resultado ser los cabildos y las guardias indígenas de los resguardos indígenas que, en cumplimiento de sus funciones de control territorial, por repeler y evitar las actividades ligadas al narcotráfico como el decomiso y quema de cargamentos y la prohibición de cultivos de coca para fines ilícitos. Esto los puso en la lista de objetivos militares de los ilegales.
Ante esta situación, el Gobierno de Iván Duque impartió la orden de desplegar un gran contingente militar de más de 2500 unidades militares en la región del Norte del Cauca mediante la Fuerza de Despliegue Rápido – Fudra. De esta manera, se esperaría “retomar” el orden institucional legal para la garantía de derechos de las poblaciones que allí habitan.
Sin embargo, ante esta “novedosa” medida, ya hay alertas entre las autoridades locales y las comunidades por las repercusiones negativas que pueden derivar de esa presencia enorme de Fuerza Pública como los son las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH como producto de enfrentamientos con los ilegales, empadronamientos y extralimitación con las comunidades.
Luego de este anuncio surgen una serie de preguntas que competen al actuar del Gobierno en materia de seguridad y protección a los derechos de personas líderes y defensoras de derechos humanos.
Si el Gobierno dice ejecutar una acción contundente contra la ilegalidad, ¿por qué el pasado 20 de enero personal de la Fuerza Pública en medio de un operativo iban a retener sin orden judicial a Yesid Conda? ¿Por qué en municipios como Corinto, que están custodiados por Fuerza Pública, es posible que se cometan a plena luz del día secuestros como el ocurrido el 23 de enero contra el líder Romel Ulcué? ¿En qué ha avanzado el tan anunciado Plan de Acción Social para el Cauca? ¿Podrían responderle al país por cuándo terminarán las agresiones a líderes y lideresas sociales?