Por: Laura Cano, periodista Pares.
Un 23 de enero, hace 26 años, una masacre volvía a enlutar la historia de nuestro país. En el barrio de La Chinita, municipio de Apartadó, Antioquia, 35 personas fueron asesinadas por el Frente 5 de las Farc mientras la comunidad realizaba una verbena popular convocada por Rufina Gutiérrez, quien buscaba reunir fondos para los materiales de estudio de sus hijos.
El contexto de este hecho estaba rodeado por varias situaciones: un terreno perteneciente a Guillermo Gaviria, padre del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al cual, en el año 1992, llegaron aproximadamente 5000 personas, entre ellos, trabajadores de fincas bananeras, para asentarse en las 110 hectáreas de la propiedad. A ese espacio se le llamó La Chinita.
Por otra parte, la situación política de la zona presentaba una alta presencia de miembros del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, desmovilizados del EPL durante el proceso que se llevó acabo en 1991. Este Movimiento para ese momento tenía una relevante participación en el escenario político del departamento. En ese período los Esperanzados tenían dos importantes candidaturas a la Cámara de Representantes y al Senado con Darío Mejía y Aníbal Palacio, nombrados respectivamente. Esto generó que se desatara una persecución al Movimiento desde algunos sectores, entre ellos, por la exguerrilla Farc.
De las 35 personas que fueron asesinadas en medio de la Masacre de La Chinita, se registraron 2 desmovilizados del EPL, una mujer, tres menores de edad, una persona de la tercera edad y un soldado del Ejército Nacional; las otras 27 personas eran trabajadores de fincas bananeras y habitantes del barrio.
Lo que llegó y no llegó
Las víctimas de lo ocurrido han sido insistentes en algo: la verdad de lo sucedido. En 2011 se organizaron y crearon el Colectivo de Víctimas de la Masacre de la Chinita. A esto se le sumó el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva a través de la Ley de Víctimas, con lo que se crearon 18 medidas para la reparación y garantías de la no repetición. De esas medidas, 10 han sido implementadas con un presupuesto 280 millones, los cuales se han invertido en iniciativas artísticas, deportivas y culturales dirigidas a los jóvenes de la zona; hoy llamado barrio Obrero, el cual cuenta con una población de alrededor 35.000 personas.
Años más tarde, en el marco de los diálogos para la firma del Acuerdo de Paz, algunos integrantes del Colectivo viajaron hasta La Habana como acto de participación de las víctimas. También, el 30 de septiembre de 2016, algunos exguerrillleros de la antigua Farc visitaron la zona y en este escenario se dio el compromiso de reparación, reconciliación y verdad para con quienes vivieron lo ocurrido aquel 23 de enero de 1994. Sin embargo, la historia hasta el día de hoy ha estado truncada y muchos de esos compromisos están en el limbo.
Por una parte, aunque ha habido recursos para la implementación de acciones en la zona, entre estos 435 millones para la reparación integral individual, las medidas y mecanismos para una verdadera implementación de lo acordado se han quedado cortos; lo que se ha hecho hasta el momento no ha sido suficiente para promover que en la zona hayan oportunidades contundentes para que allí los habitantes puedan generar proyectos de vida sólidos con base a garantías de vida digna.
Igualmente, el Acuerdo en su implementación ha tenido varios desaciertos, por lo que, uno de los puntos más importantes, el quinto, el cual vela por verdad, justicia, reparación y no repetición ha estado estancado, dejando a las víctimas sin lo más importante: la certeza de saber qué pasó aquel día en La Chinita.
La memoria en sí y los actos de verdad por los perpetradores, configuran la base para poder entrar en fases de reparación efectivas. Sin un esclarecimiento de la verdad es muy difícil poder realizar procesos de reparación, garantizar la protección y la no repetición, y en ese sentido dar vía a la reconciliación.
Como las víctimas lo piden, el 23 de enero debe ser un día para conmemorar lo legítimo y necesario de la memoria. En un país como Colombia, que ha vivido uno de los conflictos armados más antiguos, la prioridad debe ser la verdad con las víctimas y todo lo que viene después de ello.