Por: Laura Cano, periodista Pares.
El año 2020 ha demostrado que dentro de la agenda política del gobierno nacional hay varios pendientes sin rastreo, análisis, soluciones y respuestas concretas; entre estos está el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales.
Las cifras dan un dato cuantitativo que dice que durante estos 27 días al menos han sido asesinados 10 defensores y promotores de libertades fundamentales en varios departamentos del país: Huila (2), Cauca (2), Norte de Santander (2), Córdoba (1), Cesar (1), Chocó (1) y Putumayo (1).
Aunque están estos datos, que bien pueden variar, hay algo cierto, y es que hay muy pocas respuestas por parte del gobierno que permitan cualificar el origen de este fenómeno social, que pone en riesgo las garantías de seguridad de quienes le están haciendo frente a la situación social de las regiones en Colombia.
Norte de Santander desde la firma del Acuerdo
Esta zona del país ha reclamado atención de las distintas instituciones que hacen veeduría a la implementación de lo acordado en La Habana, pues de manera sistemática ha presentado cifras alarmantes de lo que han sido las garantías en materia de seguridad.
Como radiografía de esta grave situación, durante este fin de semana se registró el asesinato de Fernando Quintero Mena, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Guasiles, quien, anteriormente, había ejercido como concejal en el municipio de Convención. Con él, ya son dos los casos en lo corrido del año.
A este contexto se le agrega lo que ha venido pasando en los últimos años luego de la firma del Acuerdo de Paz. Por una parte, se recrudeció la situación de disputa por el territorio entre el ELN y los Pelusos (disidencias del EPL) en la zona del Catatumbo, donde también opera un grupo de la antigua guerrilla de las Farc, liderado por Alias Villa.
Adicional, en la ciudad de Cúcuta se fortalecieron los enfrentamientos entre los Rastrojos y el Clan del Golfo, uno de los motivos más visibles es la posibilidad de control en los pasos ilegales que quedaron tras cerrarse la relación diplomática con Venezuela.
Otra de las disputas que se vive en la zona del Norte de Santander está relacionada con la minería ilegal, la extracción de materiales tiene ubicados, principalmente en el municipio de Sardinata, a una fracción de otra disidencia de las Farc en cabeza de Jhon Catatumbo, y específicamente en esta zona, por Alias Roldán.
Todo esto ha generado una zozobra generalizada en el departamento, puesto que los grupos armados se han venido tomando el control del territorio, dejando un total de 24 líderes y lideresas asesinados en la zona desde la firma del Acuerdo, dada el 24 de noviembre de 2016.
A esto se le suma el constante hostigamiento a los habitantes de los diversos municipios del Norte de Santander, sobretodo a quienes trabajan por la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), en donde resaltan organizaciones como La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y el Comité de integración social del Catatumbo (CISCA).
Ariel Ávila, analista político y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación PARES, señala lo siguiente:
Es frustrante la indiferencia de la sociedad colombiana, la ausencia de estrategias eficientes para parar la masacre, pero sobre todo, impactan las estrategias comunicativas de varias instituciones estatales y sectores políticos para negar la masacre, parece que son los cómplices de esta matanza.