Disparado el hurto en Bogotá: un desafío para la administración

4 febrero, 2020

Disparado el hurto en Bogotá: un desafío para la administración

Por Isaac Morales PérezCoordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares.

Uno de los mayores retos que enfrentan las nuevas administraciones locales se centra en el manejo de la seguridad en sus ciudades y municipios, especialmente frente a los delitos contra el patrimonio como el hurto en todas sus modalidades, la extorsión y la estafa. El robo es el que más aumenta los índices de percepción de inseguridad entre la ciudadanía ya que se vive a diario en las calles, el sistema de transporte y entornos universitarios, residenciales o de rumba.

Cuando se revisan los datos, la tendencia general en las grandes ciudades capitales del país, evidencia un incremento relativo en todas las modalidades de hurto, sin embargo el que registra mayor aumento es el hurto a personas.

Por ejemplo, durante 2019 en Bogotá se registraron 127.318 denuncias de hurto a personas según la estadística delictiva de la Policía Nacional, cerca de 23.000 casos más que en 2018, alrededor de 350 hurtos al día, sin incluir la cifra negra o el subregistro que normalmente se tiene en estos casos, que ronda el 30 o 40%, es decir quiénes son víctima de este delito no denuncia por determinadas razones. Esta situación preocupa a las autoridades, sobre todo al tener un registro de aumento de casos entre diciembre y enero según el Secretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero.

Por otra parte, el hurto se ha convertido en un factor determinante de homicidio y agresiones personales, lo cual trae a colación discusiones de gran relevancia como el porte y uso de armas de fuego por parte de ciudadanos de a pie como medida de protección para evitar ser víctima de este tipo de ataques. Recientemente se volvió tendencia el caso de un médico que asesinó a tres presuntos ladrones en un puente peatonal sobre la carrera novena con Calle 123 en el norte de Bogotá, un caso bastante mediático, quizá por la crudeza de las imágenes que se conocieron de la escena o por que la víctima se defendió y les causó la muerte.

Casos de hurto denunciados en Bogotá. Fuente: Elaboración propia – Estadística delictiva PONAL.

Este hecho se ha convertido en una oportunidad para que algunos sectores políticos y personajes de la vida pública revivan la intención de legalizar el uso de armas de fuego, sin duda una ventana rota que podría resultar en gravísimas consecuencias, teniendo en cuenta el pasado violento de Colombia. Además, siendo un hecho que revive la discusión sobre la reincidencia y el manejo de este delito por parte de las autoridades, especialmente por la congestión al sistema que representa la judicialización de los delincuentes y a su vez las condiciones con las que el aparato de justicia trata este tipo de casos.

Sin embargo, el uso de armas de fuego por parte de la ciudadanía como medida de autoprotección no puede ser una solución al problema de la delincuencia en las ciudades, se evidencia que existen una serie de estructuras o bandas que se han profesionalizado en esta labor, por ello las autoridades deben no solo capturar y judicializar a las personas dedicadas al hurto sino a sus jefes del delito quienes, con cierto grado de organización, obtienen de este ejercicio una renta constante. Deben identificar entornos y puntos calientes de inseguridad y a su vez aprovechar los mecanismos de inteligencia con los que cuenta la Policía Nacional, fortalecer las salas CIEPS y procurar ejercicios de prevención articulándose autoridad civil y policial.

Ahora bien, los delitos no se manifiestan de igual forma en todos los municipios o ciudades del país, cada territorio cuenta con una particularidad; quizá en Bogotá, como lo muestra la gráfica es el hurto a personas el hecho que mayor incidencia ha tenido, pero en municipios pequeños o ciudades intermedias la situación puede ser muy distinta.

Por ello, las nuevas administraciones locales deben caracterizar sus problemas e incluir en sus nuevos Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, estrategias que vayan más allá de la compra de circuitos cerrados de vigilancia que muchas veces no cuenta con el recurso para contratar operadores y el resto de equipos como monitores, acciones que si bien aportan al seguimiento de delitos no solucionan el problema de raíz.

Por ello las gobernaciones a través de las divisiones provinciales de sus territorios deben liderar esfuerzos conjuntos para el tratamiento del delito de acuerdo con las particularidades de cada caso y no necesariamente obligar a las alcaldías a destinar recursos con los que no cuentan para atacar la inseguridad.


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Artículo por: Línea Seguridad @ | Publicado: Hace 2 meses

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