Por: Redacción Pares
La violencia en zona de frontera en Arauca no obedece a una disputa abierta entre estructuras armadas ilegales, sino a una estrategia de control militar y social por parte del ELN, Frente Domingo Laín, quien históricamente ha tenido una presencia dominante en el territorio y luego de finalizado el cese al fuego en 2018 por parte del gobierno nacional dio inicio a una estrategia de fortalecimiento que ha conducido a un incremento en las cifras de violencia. Desde entonces se reporta un recrudecimiento de la violencia homicida, especialmente en los municipios de Saravena y Arauquita, teniendo allí unas tasas de homicidio para 2018 de 64,15 y 75,15, respectivamente, lo que en el caso de Arauquita equivale a un incremento del 296% respecto a la tasa del 2017. Así lo revela la última investigación de Pares Sin dios ni ley, un informe de la violencia en la frontera .
En zona de frontera el afianzamiento consiste en un despliegue y repliegue de tropas en las zonas de sabana y sobre el río Arauca, lo que les facilita resguardarse de las acciones militares de la Fuerza Pública, adelantar acciones contra esta y controlar rentas ilícitas de frontera como el contrabando de combustibles, semovientes, mercancías y tráfico de armas. Este control fronterizo se expresa además en un control social violento, especialmente sobre la población migrante venezolana en Arauca y Saravena.
Los grupos ilegales en Arauca
La presencia del GAPF Estructura Décima Martín Villa incrementa este escenario de violencia, pues aunque este coexiste recientemente en el territorio con el ELN, ha venido adelantando acciones de violencia contra la población civil, principalmente en zona fronteriza de Arauca en veredas como Puerto Colombia, Selvas del Lipa, Matal de Flor Amarillo, Los Caballos, Mate e´Piña, Maporita y Feliciano, pertenecientes al corregimiento El Caracol, donde se concentra esta estructura y desde donde estarían realizando cobro de extorsiones (vacunas) a comerciantes (formales e informales), ganaderos, contratistas del sector público y transportadores y control de carreteras, de acuerdo con lo acordado en una estrategia de cooperación y colaboración con el ELN y que les permitiría la distribución de zonas (tanto en las áreas urbanas como en zonas rurales).
Sin embargo, tras esta aparente ausencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el departamento de Arauca, la Defensoría del Pueblo y otras fuentes primarias del territorio advierten del riesgo de un escenario de confrontación entre dichas estructuras armadas ilegales. Esto considerando, por ejemplo, los frágiles acuerdos y relaciones entre las dos organizaciones armadas que ya parecen mostrar circunstancias de desacuerdo y malestar por el control del territorio.
Además, por la reciente aparición de dos GAPF más. El primero, una disidencia de la Estructura Décima Martín Villa, con quienes ya ha habido algunos enfrentamientos. El segundo, el grupo GAPF “Nuevo Ejército del Pueblo”, conformado por un grupo de excombatientes (Ronaldo Chagualo y alías “Serrucho”, entre otros) durante la implementación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda “Filipinas”, Arauquita. El grupo armado post-FARC habría sido el autor de la emboscada a una caravana de la Unidad Nacional de Protección que se dirigía hacia el ETCR de “Filipinas” a inicios de 2018.
Un factor adicional a este posible escenario de riesgo en el departamento de Arauca lo constituye su cercanía al departamento del Vichada, donde se experimenta actualmente una intensa dinámica fronteriza de seguridad relacionada con el tráfico de minerales y explotación de personas cerca al arco minero de Venezuela.
“Los sindicatos criminales de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia vienen generando nuevas amenazas en el sur de Venezuela en su competencia por el control de los lucrativos recursos minerales de la región. Las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela”.
Estas disputas han conducido a una compleja situación humanitaria; abrupto incremento en las tasas de homicidios. Violencia también asociada a la densidad de cultivos de coca en estas zonas (NS).