Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares
En la frontera de La Guajira y el departamento del Cesar se ha dado un cambio drástico en las condiciones de vida de sus pobladores debido al aumento de Grupos Armados Ilegales, crimen organizado transnacional, grupos armados organizados, desplazamiento forzado y economías ilegales.
Según el informe “Sin dios ni ley”, realizado por PARES, los principales actores identificados en esta zona son: El Ejército de Liberación Nacional (ELN), El Clan del Golfo, Los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta y Conquistadores de La Guajira, al igual que grupos de delincuencia transnacional y ejércitos privados que amenazan e infunden miedo en la población, por medio de amenazas de limpieza social, al igual que amenazas de muerte a líderes sociales.
El mapa de la guerra
El ELN se ubica principalmente en la Serranía del Perijá, pero su accionar en los municipios de Fonseca, Albania, Barrancas y Hatonuevo, se diferencia a los demás municipios de la zona, ya que allí tienen cultivos de marihuana y coca, su principal fuente de financiación, por lo cual son cuidadosos de no llamar la atención de la fuerza pública. Además de la facilidad de control dentro del territorio colombiano, el ELN a creado alianzas en Venezuela, por medio de la cuestionada ministra de servicios penitenciarios, Iris Varela, la cual ha sido intermediaria entre el Régimen Maduro y el ELN, esto ha favorecido las alianzas con los Pranes, quienes ya han movilizado varios cargamentos de coca hacia el Caribe.
Los principales grupos de delincuencia transnacional operando en la frontera son: Banda La Zona, Los Chacones, Pranes venezolanos, bandas criminales y grupos de delincuencia organizada, estos grupos se ven favorecidos ya que desarrollan y controlan economías ilegales, como el contrabando de gasolina, narcotráfico, trafico de armas, contrabando de ganado y trata de personas.
La movilización del contrabando de gasolina hacia Colombia proviene del estado de Zulia. El ingreso se da por las trochas ubicadas en el corregimiento de Montelara y Carraipía. Dentro de Colombia el Cartel del Contrabando maneja las principales rutas de esta economía ilegal. Además se conoce que existe un vínculo entre la Guardia Nacional Bolivariana, quienes cobran entre 4.000 y 5.000 bolívares para permitir el tránsito de los vehículos cargados de gasolina.
Dentro de las economías ilegales también se encuentran las extorsiones, el cobro de peajes irregulares y la trata de personas. En el municipio de Maicao se genera cobro extorsivo a los transportadores irregulares que transitan por las trochas. Adicionalmente existe el cobro de peajes irregulares donde se cobra entre $ 1.000 y $ 2.000 ,en este contexto la situación para las mujeres es aún más peligrosa, cuando no cuentan con el dinero del peaje son apartadas del grupo, retenidas contra su voluntad y abusadas sexualmente.
La frontera guajira, una región sin ley
La Guajira es el departamento donde las estructuras criminales han fortalecido las operaciones de trata de personas, se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante. Dentro del municipio de Maicao también se identifican redes de trata de personas con fines económicos, donde movilizan a los migrantes hacia La Guajira y departamentos aledaños. En el corregimiento de Paraguachón existen redes de prostitución infantil, donde involucran a niñas entre los 12 y 17 años.
Las condiciones de la zona también han generado un aumento del desplazamiento forzado, principalmente el los municipios de Maicao, Albania y Fonseca, el principal actor involucrado en este fenómeno es el ELN, el cual al no encontrar jóvenes para reclutar, amenaza y aterroriza a la población, generando así el desplazamiento forzado. Según la Red Nacional de información durante el 2019 se conoció un total de 435 casos de personas desplazadas.
Además del conflicto generado por el control de las economías ilegales, también existe una pugna por el control del territorio, lo cual ha derivado en un fortalecimiento del ELN, debido a tres razones, en primer lugar ha llegado a ocupar territorios que antes eran controlados por las FARC-EP, en segundo lugar su incursión en el crimen transnacional y las alianzas que han formado con estructuras armadas ilegales que operan en Venezuela y han extendido sus operaciones a territorio nacional, y finalmente las estrategias de control socio-territorial, como evitar las confrontaciones con la fuerza pública, al igual que el reclutamiento forzado de jóvenes, en su mayoría venezolanos.
Aquello que es preocupante es la reconfiguración de grupos armados que lleva a la redistribución del territorio, debido al establecimiento de nuevas alianzas, que tienen mayor movilidad fronteriza y nuevas formas de funcionamiento y organización.
La Guajira siempre ha sido un territorio con dinámicas complejas, donde el gobierno ha abandonado o se rehúsa a reconocer algunos actores armados, además de la facilidad de cruzar la frontera y del crecimiento exponencial de amenazas hacia aquellos que denuncian la situación, y como siempre la población es la más vulnerada.