Por: Laura Cano, periodista Pares.
En las últimas horas se conoció, por voz de José Félix Lafaurie, que Darío Acevedo, actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) había sugerido firmar un convenio con Fedegán, un gremio que ha estado salpicado por años con hechos que han recrudecido la violencia en el país: despojo de tierras, desplazamiento forzado y nexos con paramilitares.
A pesar de esto, el supuesto convenio iría muy por la línea que se ha planteado el Centro Nacional de Memoria Histórica desde la posesión de Acevedo en cabeza de la Institución: el olvido de las víctimas, sus verdades y el fortalecimiento de una historia homogénea por parte de sectores que han institucionalizado el conflicto.
Dicho convenio que adelantaría el CNMH promovería la creación de documentos donde se narre cómo el sector ganadero ha sido víctima del conflicto. “Hay una cosa que es cierta y es que los ganaderos fueron víctimas porque la guerrilla los secuestró, los asedió, los atacó, pero la respuesta de los ganaderos fue ayudar a la conformación de grupos paramilitares”, aseguró León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES.
Esta afirmación viene precedida por varias investigaciones y casos en los que el hilo conductor fue una alianza por años entre el gremio y las Autodefensas Unidas de Colombia, que se dieron como supuestas medidas de seguridad ante los ataques de las Farc y que terminaron dando control de esta estructura armada en varias zonas del país, elevando las cifras de desplazamiento y despojo de tierras respondiendo a los intereses de la Federación.
Sin embargo, líderes de Fedegan como José Félix Lafaurie, se han empeñado en decir que estos hechos fueron principalmente ejecutados por las guerrillas, mientras que las cifras reveladas en una investigación adelantada por la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación, muestran que en el contexto del conflicto armado los hechos de despojo fueron principalmente realizados por grupos paramilitares.
Los paras han arrebatado un 55% del total de alrededor 6,6 millones de hectáreas que fueron despojadas, mientras que el 13% de los casos corresponden a hechos ejecutados por las guerrillas. Además, en un 75% las principales víctimas de estos hechos fueron campesinos propietarios de terrenos con menos de 10 hectáreas.
El paramilitarismo en manos de Fedegán
Las acusaciones de los nexos del gremio con las AUC no son nuevas, de hecho, se han investigado estos casos desde la posesión de Jorge Visbal Martelo, quien ejerció como presidente de Fedegán desde 1991 hasta 2004, y quien en el 2018 recibiría una condena de nueve años de prisión por nexos con paramilitares, hecho que fue investigado luego que Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, manifestaran las alianzas del ex dirigente de Fedegan con las AUC, nombrando precisamente encuentros y reuniones del funcionario con ex comandantes de la estructura armada ilegal desde 1998 hasta 2005.
A esto se le suman las afirmaciones de Lafaurie, quien habría pronunciado el auspicio a los paramilitares desde el gremio, justificado como medida de defensa. Hecho cercano a lo declarado por Benito Osorio Villadiego, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba y condenado en 2015 a 19 años y medio de cárcel por destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato y concierto para delinquir, quien nombró que Lafaurie fue intermediario entre Salvatore Mancuso y el exministro del Interior y exembajador del gobierno de Uribe, Sabas Pretelt De la Vega, quien presuntamente se habría quedado con parte de la tierra despojada en calidad de “tercero” y quien también fue condenado 6 años y ocho meses por cohecho en el caso de la ‘Yidispolítica’.
Además, el ahora presidente de Fedegan, también se ve relacionado con José Miguel Narváez, quien fue su asesor, exsubdirector del DASy la cabeza del asesinato de Jaime Garzón por parte de grupos paramilitares, por lo que fuecondenado a 30 años de prisión.
La negación a la restitución de tierras
“De las más de 6.000.000 de hectáreas despojadas, apenas se ha restituido 237.679, ni siquiera el 10 por ciento”, afirmó Ariel Ávila, en el artículo ‘La masacre que quiere esconder José Félix Lafaurie II’. El contexto de la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado ha estado rodeado por una disputa muy desigual, por un lado, están los empresarios y ganaderos, los llamados “terceros” y una clase política que ha puesto todas las trabas para que la restitución vaya a paso lento, y por el otro están los reclamantes de tierras que no han bajado la guardia pidiendo lo que les es propio.
En esta referencia se ubican los llamados “ejércitos anti-restitución”, denunciados por Ariel Ávila y a los que en 2016 se refirió diciendo que: “Los llamados “ejércitos anti restitución”, no son como tal ejércitos, así se hacen llamar, pero son estructuras sicariales de entre 15 y 30 personas que prestan servicios ilegales de seguridad privada o las propias Bandas Criminales prestan estos servicios. Son contratados por lo que la ley llama “terceros de buena fe”, es decir, personas que están en el mundo de la legalidad, son empresarios rurales, ganaderos o políticos locales. Estas personas fueron las que en realidad se quedaron con la tierra despojada a campesinos y algunos ante el miedo de perderla prefieren asesinar a los reclamantes de tierras”.
Además, a esto se le suma la estrategia política adelantada por María Fernanda Cabal, quien pasó el Proyecto de Ley 020 de 2019, promoviendo que quienes habían adquirido las tierras despojadas no tuvieran que presentar mucha documentación y que solo bastara la presunción de que quienes las adquirieron no tenían conocimiento de lo ocurrido, esto, buscando hacer más lento el proceso y además poniendo barreras a quienes reclamaban su tierras. De nuevo a la raíz del problema del conflicto: la tenencia de la tierra.
A Fedegán también se le acusa de la mala administración de parafiscales que han sido entregados al gremio con el fin de modernizar la ganadería, fomentar las exportaciones de carne y de leche y apoyar a los pequeños y medianos ganaderos. León Valencia, escribió en Prensa Rural en el año 2019 que: “Los dirigentes de Confegán, una organización de ganaderos disidente de Fedegán, se han lanzado a desnudar a José Felix Lafaurie y a la junta que conduce al gremio con denuncias muy documentadas. Dicen que los 600.000 millones de pesos recolectados en el cobro por cada res sacrificada o por cada litro de leche vendido han sido dilapidados por una rosca que primero acompañó a Jorge Visbal y ahora acompaña a Lafaurie”.
Sin embargo, y a pesar de las investigaciones, en enero de 2019 el presidente Iván Duque entregó uno de los mayores fondos de recolección de parafiscales a Fedegan a través de un contrato por alrededor de 90.000 millones que el gremio, en cabeza de Lafaurie, deberá administrar durante 10 años.
Parece que Fedegan pasa por un buen momento, auspiciado por un gobierno de turno que pareciera no adelantar ninguna medida por todo lo que ha salpicado a Fedegan y quienes han estado en su dirección.
Ahora con lo que viene para el gremio en cuestión de construcción de memoria se esperaría que el CNMH partiera entendiendo, como lo afirma León Valencia que “Fedegan es un protagonista de la violencia y no simplemente una víctima” y que además guíe su función partiendo que: ”lo que debe hacer es un trabajo de investigación, de construcción de memoria, pero no convertirse en un sujeto de alianza política”.