La silenciosa tragedia del movimiento comunal

26 febrero, 2020

La silenciosa tragedia del movimiento comunal

Por: Lina Macías. Coordinadora de Proyecto Mecanismos de Protección y Seguridad Pares.

Según el Sistema de Información SIPARES de la Fundación Paz & Reconciliación, de los 360 asesinatos selectivos a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos entre el 24 de noviembre de 2016 y 15 de febrero de 2020, el 44% corresponde a líderes y lideresas comunales.  La situación es tan crítica, que 21 de los 32 departamentos del país registran por lo menos un hecho de violencia contra los líderes comunales durante los últimos tres (3) años, siendo los territorios más afectados Antioquia, Norte de Santander (región de Catatumbo), Putumayo, Córdoba, Cauca,  Caquetá, Meta, Valle del Cauca, Nariño, Huila,  Bogotá, , Chocó, entre otros.

El movimiento comunal ha sido durante más de 60 años una expresión organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil cuyo propósito ha sido la promoción del desarrollo integral y del ejercicio de la democracia participativa, compromiso social por el cual han sido amenazados, principalmente en las zonas rurales y ubicándolo en un riesgo permanente, limitando su accionar y los procesos sociales que estas organizaciones adelantan para garantizar la vida digna de sus comunidades. 

Para entender cuáles son las posibles causas que han consolidado el fenómeno de la victimización sistemática de la organización comunal en la actualidad, a continuación presentamos cinco razones por las cuales se asocia las agresiones hacia líderes y lideresas comunales.

Agentes clave en la sustitución de cultivos

Los líderes y lideresas comunales han jugado un papel clave en el proceso de implementación de las estrategias y acciones del PNIS tanto en la erradicación manual de cultivos de uso ilícito como en la generación de proyectos productivos en los 36 municipios priorizados por el programa. Las Juntas de Acción Comunal (JAC) se han involucrado de manera activa en la socialización del programa, el proceso de acompañamiento a las familias y cultivadores de coca, y en el seguimiento y verificación de la implementación por parte del Estado de este programa, según los criterios establecidos en el Acuerdo de Paz.

Este ejercicio ha acarreado una situación de riesgo tanto para presidentes de JAC como sus dignatarios, ya que en el territorio se han reconfigurado diversos grupos provenientes de las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL y Grupos Armados Organizados (GAO) asociados con resticios de grupos paramilitares como Clan del Golfo, Gaitanistas, etc., los cuales no están interesados en que el proceso sea exitoso y por el contrario, buscan recuperar antiguos corredores ilegales para mantener el mercado del tráfico ilegal activo.

Los representantes de las JAC han denunciado este hecho, además de evidenciar el poco compromiso del Estado para proporcionar las condiciones necesarias de seguridad para desarrollar este proceso; por el contrario, incentiva las viejas prácticas de la política antinarcóticos basada en la fumigación, la destrucción de cultivos y laboratorios, sin armonizar adecuadamente las medidas de protección esenciales para las comunidades que allí habitan.

Esta realidad ha visibilizado exponencialmente a la organización comunal el cual abandera territorialmente este proyecto y los coloca en una situación de vulnerabilidad. Un ejemplo de ello, fue el asesinato de Bernardo de Jesús Chancí, presidente de JAC de la vereda San Agustín de Leones en Ituango, Antioquia, el cual apoyaba labores en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región.

Interlocución con actores sociales

El líder o lideresa comunal es un referente central en la configuración de los territorios, encargado no solamente de labores administrativas, sino que es responsable de interpretar los intereses de la comunidad y representarlos en los diferentes espacios de toma de decisiones donde generalmente se resuelven o gestionan los distintos problemas o asuntos que se presentan dentro de las comunidades.

Tanto los actores legales, los agentes del Estado, los actores ilegales como las GAO, los grupos disidentes de FARC, etc., identifican estos liderazgos como interlocutores claves para la gestión de sus intereses dentro del territorio.

Estas relaciones pueden ser de trabajo colaborativo, o por el contrario, pueden convertirse en espacios tensionantes donde se asume a la persona líder y su organización como un obstáculo que debe ser cooptado o eliminado, según sea el caso, para el desarrollo de fines particulares.

Esta posición, muchas veces pone en una situación de alto riesgo tanto a los representantes y dignatarios como a la organización comunal en general, ya que en estas personas recae la responsabilidad de negociar y mediar con estas estructuras por el bien de la comunidad, las cuales pueden o no cumplir los acuerdos pactados o generar represarías, situación que genera una ruptura del tejido social, aumenta la desconfianza y la zozobra a la población.

Un caso que muestra esta barbarie, es el asesinato de Gentil Hernández, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda los Caño Sábalo, Puerto Guzmán Putumayo en enero del presente año, el cual según fuentes territoriales denuncio públicamente a los grupos armados de la región, asociados al “Clan o la Mafia de Sinaloa” los cuales aprovechan el incumplimiento del Gobierno con el Programa Nacional Integral de Restitución para establecer su poder en la zona y generar temor a la población.

Denuncias ante hechos de corrupción local

Julián Quiñones Uñate era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Guayabal en el municipio de Coveñas en Sucre, asesinado en junio de 2019 y se presumen que fue perpetrado debido a las denuncias que él estaba realizando por presuntos actos de corrupción en las obras que se adelantaban para construir un polideportivo en este municipio, igual que Luis Cuarto Barrios Machado, líder comunal del municipio de Palmar de Varela, Atlántico y presidente de la Asociación Municipal de Juntas Comunales, el cual venia liderando protestas y denuncias públicas por los casos de microtráfico, déficit en el servicio de salud y corrupción, como el caso de Electricaribe. Fue asesinado en su casa en julio de 2018.

Estos dos ejemplos son una pequeña muestra de la alta cifra de asesinatos, agresiones, y amenazas que diariamente deben sortear los líderes y lideresas comunales por promover y agenciar prácticas de veeduría y denuncia sobre situaciones de corrupción, aprovechamiento ilegal de recursos e incumplimiento de las obligaciones institucionales a nivel local y regional.

Actualmente, la organización comunal viene realizando graves denuncias en zonas estratégicas para la explotación minero-energética y de monocultivos que se adelantan en departamentos como Casanare, Arauca,  Meta, Catatumbo, Chocó y Bajo Cauca Antioqueño y costa Nariñense, fenómeno generalmente impulsado por multinacionales, empresas privadas y grupos criminales que se lucran de los réditos que generan estas actividades y a los cuales le resulta incómodo el cuestionamiento público que expresan estas organizaciones, así como la visibilización de sus prácticas ilegales y las violaciones a los derechos humanos que allí se ejercen.

Promoción e implementación del Acuerdo de Paz

El liderazgo comunal ha sido la base sobre la cual han emergido distintas expresiones organizativas: asociaciones campesinas, organizaciones afrodescendientes e indígenas, plataformas ambientales, liderazgos políticos, etc., razón por la cual su compromiso político con la implementación del Acuerdo de Paz, en puntos tan neurálgicos como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la ampliación de la participación política y la defensa del estatuto de oposición.

Estos son algunos de los temas que han posibilitado su articulación con diferentes causas y agendas sociales donde la población se siente recogida, pero de igual manera ha creado resistencia principalmente en los sectores más tradicionales de la sociedad y en los poderes regionalistas que se expresan en clanes políticos que luchan para mantener el control territorial, así esto signifique el detrimento de los derechos adquiridos por los ciudadanos, ciudadanas y sus comunidades.

Según la Confederación Comunal, las JAC entre el 2016 y 2018, años de la implementación del Acuerdo de paz, han reportado 221 asesinatos y 830 amenazas de muerte contra sus integrantes. Este escenario, pone de manifiesto que quienes luchan y se han sujetado a este proceso como una ventana de oportunidad para la transformación social de las condiciones de vulnerabilidad en las cuales históricamente se ha arrojado a los municipios y veredas más profundas de Colombia, son también un blanco fácil para la amenaza y el señalamiento de sectores sociales enemigos de estos procesos de cambio.

La renovación de las juntas de acción comunal

Para concluir, uno de los principios que rige el sentido de pertenencia del líder o lideresas social con el proceso comunal, es su compromiso con la ampliación en implementación de la democracia participativa en todas sus formas. Sin embargo, el contexto electoral en Colombia se configura a partir de tensiones e intereses económicos y políticos que atentan contra los fines del ejercicio participativo y en ese escenario, la organización comunal adquiere una importante relevancia.

Según la Misión de Observación Electoral, en su informe sobre violencia política en período electoral 2018 – 2019 refiere que el liderazgo comunal adquiere mayor importancia en los intereses municipales y regionales representados en estos líderes entran en el juego de apoyo y contienda electoral.

Es allí donde se observa un incremento exponencial de la violencia dirigida a esos liderazgos y los poderes que representan. En este sentido, las personas pertenecientes a la organización comunal están expuestas a las estrategias de estigmatización, señalamiento o incluso de intimidación que se configuran por el control político del territorio.

En este sentido, cabe señalar que se avecinan las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal 2020-2024, el 26 de abril, en el cual se renovaran los dignatarios de unas sesenta y cuatro mil juntas comunales, y observando el incremento de agresiones a líderes, lideresas sociales y comunales en lo que va corrido del año, las amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos cometidos en contra de candidatos a las JAC del nivel departamental y municipal son un escenario probable que puede profundizar de manera trágica la situación de vulnerabilidad del movimiento comunal.

Es clave realizar un llamado contundente al Estado colombiano y a las instituciones encargadas de estrategias como el Plan de Acción Oportuna – PAO, una implementación de medidas y acciones efectivas y debidamente articuladas para la prevención y protección para la organización comunal, pero sobre todo, para salvaguardar la vida y la integridad de quienes defienden nuestros derechos.  


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Artículo por: Línea Conflicto, paz y postconflicto @parescolombia | Publicado: Hace 1 mes

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