Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.
El Gobierno Nacional se encuentra esta semana en el ojo del huracán debido a la desafortunada respuesta frente al Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst. El Informe analiza temas como la criminalización de los líderes y lideresas, la alta tasa de impunidad frente a los crímenes, grupos específicos de personas defensoras de derechos humanos, el mecanismo nacional de protección para las personas defensoras de derechos humanos, y finaliza haciendo 13 recomendaciones al Estado colombiano.
Sin embargo, uno de los apartados que llama especialmente la atención es el capítulo en el que Forst analiza el papel de los agentes no estatales. En él señala su preocupación frente al impacto negativo de las acciones de empresas nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, ya que muchas comunidades han sido afectadas por proyectos empresariales y abusos que enfrentan los defensores en dichos contextos.
Sin embargo, uno de los apartados que llama especialmente la atención es el capítulo en el que Forst analiza el papel de los agentes no estatales
Una de las preocupaciones del Relator es la aparente relación entre Frontera Energy, empresa canadiense dedicada a la exploración y producción de gas natural y petróleo, y su posible conexión con la brigada XVI del Ejército al igual que con la estructura de apoyo de la Fiscalía. El informe afirma que “Frontera Energy firmó dos convenios con el Ministerio de Defensa por un monto de 1.343.106 dólares de los Estados Unidos para que el Ejército protegiera su actividad”.
El Informe del Relator Especial de Naciones Unidas menciona cinco (5) convenios entre Ecopetrol y la Fiscalía firmados desde el 2015, por un monto de 24.698.485 dólares, para apoyar y reforzar la capacidad investigativa y de judicialización de sus estructuras de apoyo de la entidad frente a delitos como obstrucción a vías públicas y vías de hecho durante protestas sociales que afecten de alguna forma las operaciones de Ecopetrol y sus empresas asociadas, como Frontera Energy.
El proyecto “Convenios de fuerza y justicia”, revelado en el trabajo Rutas del conflicto de la FLIP y el colectivo periodístico La Liga Contra el Silencio afirma que dichos convenios tienen irregularidades.
Tras la revisión de los convenios entre empresas privadas y estatales, según la resolución 5342 del Ministerio de Defensa, estos convenios solamente se pueden realizar cuando favorecen la seguridad nacional. Según el proyecto, dentro de las irregularidades de los convenios se encuentran: uso de dinero para “el bienestar personal de los funcionarios”, “bienestar espiritual” y “mejoramiento de infraestructura de alojamientos de la guarnición militar en Bogotá”.
Un ejemplo de lo anterior es el convenio 12-031 entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol, donde el proyecto afirma que “Ecopetrol , gastó 470.749.660 de pesos en planes turísticos para miembros de la Fuerza Aérea” otra de las afirmaciones del proyecto afirma que “el convenio 13-047 celebrado entre la Compañía Española de Petróleos, Cepsa y el Ministerio de Defensa, que incluye un gasto de 45 millones de pesos en la construcción de la capilla de la Octava División del Ejército.”
Frente a dichas acusaciones, la Cancillería afirma que estas se realizan sobre presunciones contra empresas. También pide que el Relator Especial retire los nombres de individuos y empresas que aparecen en el Informe, ya que no considera el impacto ni la dimensión política de dichas afirmaciones. Rechaza estas acusaciones ya que son de carácter subjetivo debido a que no se incluye información sobre los actores involucrados, también reiteran que el informe brilla por su ausencia el material probatorio que sustente las acusaciones que allí se consagran.
Otras denuncias
El Informe del Relator Especial y el proyecto “Convenios de Fuerza y Justicia” no son los únicos que han denunciado multinacionales en el territorio Colombiano. La organización Business –Human Rights y Gilberto Torres ha denunciado a Ocensa, filial de Ecopetrol y British petroleum (BP) ha alzado su voz frente a este tipo de violaciones a los derechos de individuos y comunidades. Según esta organización, Gilberto Torres, miembro de la Unión Sindical Obrera (USO) fue secuestrado en 2002 en el departamento de Casanare y detenido en un pozo durante seis (6) semanas donde fue torturado.
Además de estas denuncias, el periódico The Guardian presentó un especial en Mayo de 2015, donde se presentan testimonios por parte de los captores de Torres, dentro de estos testimonios se presenta Josué Darío Orjuela, ex cabecilla de las autodefensas campesinas del Casanare (ACC), en el testimonio afirma que Ocensa y Ecopetrol pidieron que ejecutaran y desaparecieran a Torres, ya que era parte del sindicato y lideraba huelgas en la estación del porvenir, por otra parte el juez pregunta si las empresas pagaban para que los paramilitares brindara protección , a lo cual Orjuela afirma que sí y que para el caso específico de torres pagaron más de 100 millones de pesos por su desaparición.
En febrero de 2012 Torres presentó una demanda a la compañía BP en la Corte Suprema de Estados Unidos, sin embargo el 28 de Enero de 2014 decide retirar la demanda. En mayo de 2015, Torres presenta una reclamación por daños y perjuicios en el alto tribunal de Londres. Durante septiembre de 2016 la Corte Suprema Británica ordeno que el caso de Torres debía terminar sin pagar los costos procesales, este decide suspender el caso debido a problemas financieros, procedimentales y legales. Frente a las acusaciones Ocensa, Ecopetrol y BP negaron cualquier tipo de participación en el secuestro y tortura de Gilberto Torres.
Esta es solo una de 14 denuncias presentadas a Business –Human Rights por parte de individuos y comunidades. También el proyecto de “Convenios de Fuerza y Justicia” presenta alrededor de 200 convenios en diferentes municipios del país donde se encuentran un gran número de irregularidades, al igual que la preocupación por parte del Relator Especial de la ONU.
La negación del Gobierno Nacional
Sin embargo todas estas acusaciones han sido negadas no solamente por parte de las empresas, también por parte del gobierno, el cual realizó siete (7) consideraciones finales frente al informe de las Naciones Unidas, entre estas pide al relator que no solamente considere cifras emitidas por organizaciones de la sociedad civil, colombianas y extranjeras, sino que haga uso de reportes y datos producidos por entidades estatales.
Sin embargo todas estas acusaciones han sido negadas no solamente por parte de las empresas, también por parte del gobierno, el cual realizó siete (7) consideraciones finales frente al informe de las Naciones Unidas, entre estas pide al relator que no solamente considere cifras emitidas por organizaciones de la sociedad civil, colombianas y extranjeras, sino que haga uso de reportes y datos producidos por entidades estatales.
Finalmente, recordamos que el deber del Estado es proteger a sus ciudadanos y brindar seguridad en cada rincón del país, o en su defecto un primer paso sería reconocer que la situación del país no es tan perfecta como pretenden afirmar y reiterar una y otra vez. Pero mientras se siga negando la situación de las víctimas y el Estado las siga revictimizando, van a seguir ganando los peces gordos a costa del sufrimiento de una gran parte de la población.