Por: Pares Pacífico.
El debate sobre la erradicación mediante la aspersión aérea con glifosato tomó un nuevo impulso después de la visita del presidente Duque al presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El pedido de reactivar las fumigaciones de coca en Colombia que hizo Trump sonó a regaño y puso en alerta a los territorios afectados.
Mientras el presidente salió de inmediato a justificar el uso del glifosato, las Asambleas Departamentales del sur: Cauca, Nariño y Putumayo, venían adelantando debates en torno a este escenario. De manera unánime cada una de las Asambleas rechazó la intención del Gobierno nacional de retomar la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea en sus departamentos, suspendido en el 2015 durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
La posición de las diputadas y diputados de la zona sur del país es la expresión de las poblaciones que, entre la angustia y la incertidumbre, saben que los impactos de la fumigación con glifosato son nefastos ambientalmente y no son efectivos a la hora de reducir los cultivos, en una región que aporta más de la mitad de las hectáreas de coca registradas en Colombia por el SIMCI/UNODC.
El glifosato en Colombia
La erradicación mediante aspersión aérea comenzó en Colombia con el herbicida Paraquat en la Sierra Nevada de Santa Marta durante la denominada “bonanza marimbera” a mediados de la década de los 70. Rápidamente fue suspendida por la oposición de la entonces autoridad ambiental INDERENA y la prohibición al gobierno de Estados Unidos por parte de su Congreso.
Sin embargo, en 1981 se retomaron las aspersiones aéreas en Colombia, esta vez por las presiones del presidente estadounidense Ronald Reagan a su homólogo colombiano Julio César Turbay para que el país se acogiera al programa de lucha mundial contra el tráfico de drogas. Desde esa época, dicho método ha sido parte de las estrategias de la lucha contra las drogas de los gobiernos colombianos, hasta el 2015 que fueron suspendidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes mediante solicitud del Ministerio de Salud.
Las razones se sustentaron en el informe de la Organización Mundial de la Salud – OMS – que informó al mundo que el glifosato, al igual que otros organofosforados, eran sustancias probablemente cancerígenas. La Corte Constitucional ratifico la suspensión mediante prohibición proferida en la sentencia 236 de 2017.
No obstante, a mediados del año pasado el Gobierno nacional a través de la ministra de justicia Margarita Cabello Blanco, dio a conocer su intención de retomar la aspersión aérea con glifosato en el país mediante un borrador de decreto y se ratificó a inicios de este mes con la visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca, donde, según el presidente Duque su homologo le manifestó que: “Va a tener que hacer aspersión aérea. Hay que utilizar la aspersión aérea para combatir los cultivos ilegales en Colombia si es que quieren llegar a cumplir con las metas que tiene proyectadas Colombia de erradicación de esos cultivos ilícitos”
Al interior del país, sectores políticos, líderes campesinos, comunidades étnicas y ambientalistas han elevado su voz de rechazo a la reactivación de la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, por su parte, le piden al Gobierno que implemente el Acuerdo de Paz, en especial el punto 4 de sustitución de cultivos.
El Gobierno defiende la erradicación forzosa y el uso del glifosato como su principal alternativa ante el aumento de los cultivos ilícitos. Asegura que dicho aumento se debe a su suspensión en 2015, razón por la cual se deben retomar, sobre todo en cinco (5) departamentos priorizados: Nariño, Cauca, Valle, Bolívar y Putumayo.
Los cultivos de coca en estos departamentos
De acuerdo con los datos de Naciones Unidas (UNODC) y del observatorio de drogas en Colombia (ODC) sobre los cultivos de uso ilícito, tomando el periodo de 2014 hasta el 2018, los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño concentran más de la mitad de las hectáreas sembradas en el país y confirman la importancia cuantitativa de estos departamentos como productores de hoja de coca.
Nariño es el departamento que presenta el promedio de hectáreas sembradas más alto durante el periodo analizado, muy por encima de los promedios del Putumayo y prácticamente triplicando el área sembrada de coca en el departamento del Cauca.
De acuerdo con los datos del gráfico 1, llama la atención que en el periodo 2014-2017 el crecimiento de las hectáreas cultivadas es sostenido en todos los departamentos con una ligera disminución o estancamiento en el 2018; a excepción del departamento del Cauca, donde se registró un incremento de más de dos mil hectáreas entre 2017 y 2018.
Gráfico 1. Cultivos de Coca en Cauca, Putumayo y Nariño, resto del país y total nacional, miles de hectáreas (ha). Gráfica: Pares Pacífico
En los dos últimos años que se intervino con aspersión aérea, 2014 y 2015, se fumigaron 20.711 hectáreas en Nariño en 19 municipios, 19.187 hectáreas en Putumayo y 5.172 en el departamento del Cauca. Sin embargo y a pesar de las más de 40 mil hectáreas asperjadas en el sur, para el 2016 aumentaron sustancialmente los cultivos de coca en estos tres departamentos, con más de 20 mil nuevas hectáreas.
En el 2019 se aumentaron los operativos de erradicación manual respecto a 2018: en Cauca se pasó de 883 a 1.974 hectáreas erradicadas manualmente; en Nariño de 17.043 a 31.461 Ha; y en Putumayo se triplicó la erradicación manual pasando de 7.331 a 23.245 hectáreas intervenidas bajo este método.
En conclusión: de acuerdo con los datos de área sembrada y erradicación en estos tres departamentos, se nota una clara tendencia de resiembra y estabilización, y una poco o nula efectividad de la política regresiva de erradicación forzada (aérea y manual), la cual cuenta además con una férrea oposición de los cultivadores de coca en los tres departamentos insistiendo en una implementación efectiva de los acuerdos de paz y del PNIS.
PNIS, una alternativa a los cultivos ilícitos
El punto 4 de los acuerdos de paz aborda la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas mediante los Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre ellos el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS –. Al programa se han inscrito 99.097 familias en el territorio colombiano. Cuando se implementó tuvo buenos resultados: bajos porcentajes de resiembra y reincidencia. Bajo este programa hasta el 2019 se han erradicado voluntariamente 34.767 hectáreas de coca.
La implementación del PNIS es un pedido recurrente de las Asambleas de estos tres departamentos: erradicación voluntaria y concertada no forzada.
En el caso del Cauca apenas 789 hectáreas de cultivos ilícitos, verificadas por UNODC, fueron adscritas al PNIS en 2016, de las cuales, 700 fueron erradicadas voluntariamente a fecha de 2018.
En Nariño, el acuerdo de voluntades para integrar el PNIS, se firmó con 29 municipios, sin embargo, solo Tumaco fue integrado a este programa. Se vincularon 16.568 familias para erradicar manualmente 12.065 hectáreas de coca y sustituirlas con cacao, coco, palma de aceite, forestal, pesca y acuicultura, porcicultura, avicultura y ganadería. ONUDC ha verificado 6.437 hectáreas erradicadas hasta 2018.
Putumayo es el departamento con mayor número de beneficiados con el PNIS con un total de 23.523 familias comprometidas a erradicar 12.518 hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales, según UNODC se han erradicado 8.686 has. a fecha de 2018.
¿Por qué las Asambleas rechazaron el glifosato?
El Gobierno del presidente Duque desestima el Acuerdo Final: ha venido implementado una agenda propia alejada de los acuerdos con la intención de debilitarlos. A la vez, asegura que la fumigación con glifosato es una medida adecuada para contrarrestar las cifras negativas en materia de esta actividad ilegal.
Frente a ello, la Asamblea Departamental del Cauca a la luz del principio de Precaución consagrado en la jurisprudencia y en la Ley 99 de 1993, rechaza el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el Cauca y votó una proposición de rechazo a la fumigación del diputado Víctor Armero del municipio de Argelia-Cauca, argumentando que:
“El principio de Precaución es un elemento estructural del Derecho Ambiental, que está dirigido a evitar los daños graves e irreversibles que pueda sufrir el Medio Ambiente, imponiendo medidas preventivas en aquellos eventos donde no hay certeza sobre la afectación que el desarrollo de una actividad pueda causar sobre los seres vivos”.
Complementaba el diputado Armero, que “esta forma de erradicación ha generado un daño irreparable sobre la salud de los campesinos, cultivos lícitos, fuentes hídricas y fauna del departamento caucano”, además afirma que la efectividad contra los cultivos ilícitos es casi nula.
Por su parte, la Asamblea del Putumayo, mediante Proposición 03 de 2020, manifestó su rechazo a la reactivación de la erradicación forzosa mediante fumigación con glifosato toda vez que va en contra de los acuerdos de paz, principalmente, lo relacionado a la sustitución voluntaria en el punto 4.
Mientras que la asamblea departamental de Nariño expresó su rechazo mediante votación de una proposición, a la iniciativa del Gobierno Duque porque:
“Entre 1994 y 2015, en Colombia se fumigaron 1.896.709 hectáreas de cultivos ilícitos, asperjando en promedio entre 6 y 10 litros por hectárea y se pasó de 46.000 a 96.000 hectáreas de coca en el país durante la aspersión aérea con glifosato”.
Solo en el departamento de Nariño se registró un incremento de cultivos ilícitos del 320% entre el 2000 y el 2015 durante las fumigaciones con glifosato, pasando de 9.300 a 29.800 hectáreas de coca.
Además de ineficaz es mucho más costosa, por ejemplo, en el territorio nacional la erradicación forzada entre 2005 y 2014 tuvo un costo de $23.000.000 por hectárea cuando se realizó de manera manual y $72.000.000 cuando fue por aspersión aérea con glifosato.
Según el Centro de Estudio sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, en Colombia por cada hectárea asperjada con glifosato los cultivos ilícitos se reducen entre 0.2 y 0.65 hectáreas y para erradicar una hectárea completa toca fumigar varias veces: la fumigación con el herbicida tiene una efectividad promedio de apenas el 4.2%.
Agenda y voluntad política
El presidente Iván Duque parece no dar brazo a torcer con esta iniciativa de erradicación forzada por encima de la sustitución voluntaria, que ha generado mejores resultados. El Gobierno Nacional muestra la fumigación con glifosato como una fórmula novedosa y necesaria contra el narcotráfico, no obstante, las cifras demuestran lo contrario: es la técnica más costosa, más ineficaz y de mayor resiembra que se realizó durante más de tres décadas seguidas.
En los tres departamentos, a pesar de las dificultades y la poca voluntad del Gobierno Nacional, mediante el PNIS se han erradicado más del 90% de los cultivos ilícitos que se registraron en el programa. En tal sentido, las Asambleas del sur son conscientes de la problemática existente con las cadenas de producción del narcotráfico y plantean que la sustitución voluntaria es la mejor alternativa.
Lo que se requiere y que es un pedido histórico, es generar verdaderas alternativas económicas a la coca para los cultivadores, de allí la importancia de la sustitución voluntaria, pero, es menester la voluntad política del ejecutivo: existe un compromiso territorial manifiesto por parte de las asambleas de Cauca, Nariño y Putumayo, solo falta el del presidente Duque.