Por: Juan Manuel Torres Erazo. Coordinador Pares-Pacífico
En medio del frenesí informativo a raíz de la declaración del COVID-19 como una pandemia de alcance global y de las crisis que ha desatado en cada uno de los países afectados, la evidencia ha permitido llegar a un consenso sobre algo: la población de mayor edad es la más propensas a desarrollar complicaciones médicas al infectarse con el nuevo coronavirus y es en este grupo poblacional donde se han concentrado la mayoría de muertes.
Lo anterior cobra relevancia en un país como Colombia que está envejeciéndose a pasos agigantados según los resultados del último censo realizado por el Dane en el 2018. Urgen medidas que involucren a toda la población, por ejemplo confinarse o ponerse en cuarentena para protegernos en conjunto.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud –OMS- dice que cualquier persona puede contagiarse sin importar la edad, algunas no llegan a presentar ningún síntoma y la mayoría (cerca del 80,0 %) se recupera sin acudir a ningún tratamiento. Sin embargo, advierte la OMS: “las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.” En cuanto al porcentaje de muertes varía según cada país, lo único claro, es que la mayoría de casos fatales ocurren en quienes tienen edades avanzadas.
¿Qué decisiones se han tomado para protegerlos?
En Colombia, las autoridades locales han comenzado a tomar medidas específicas orientadas a proteger los adultos mayores identificados como los más vulnerables, principalmente relacionadas con el control de movilidad sin precisar en la atención en salud ni la asistencia social. Dentro de las decisiones más radicales de orden restrictivo están los toques de queda para mayores de 60 años como en el caso de Manizales o el departamento del Valle.
Por su parte, el gobierno nacional venía anunciando medidas graduales: suspender las clases en los escuelas y colegios públicos del país; cerrar fronteras con Venezuela desde la madruga del sábado 14 de marzo; establecer aranceles del 0,0% para ciertos productos importados y cerrar fronteras a partir de las 00:00 horas del martes 17 de marzo y hasta el 30 de mayo con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil; pero sin suspender los vuelos aéreos internacionales ni acatar el pedido de múltiples sectores de cerrar el aeropuerto El Dorado por donde han ingresado la mayoría de infectados.
De estas acciones paulatinas e insuficientes para para la dimensión del problema, se pasó a anunciar, en alocución presidencial, la declaratoria del Estado de Emergencia para tomar medidas de excepción frente a un orden social y económico amenazado por la pandemia del COVID-19. Durante el próximo mes y hasta por 90 días el presidente Duque podrá mediante decretos con fuerza de ley para, idealmente, conjurar la crisis y limitar los efectos de la misma.
Algo que llamó la atención de la alocución de Duque, es que se centró en hablar sobre la necesidad de proteger a las personas mayores de 70 años mediante el aislamiento preventivo de manera obligatoria. Como primera acción anunció que desde el viernes 20 de marzo y hasta el 31 de mayo, “todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros”.
Habrá que evaluar si esto será suficiente o si se sale de las manos el problema les toque padecer la infamia del “Triage” para seleccionar en las IPS, según un criterio de gravedad de la enfermedad y las condiciones del paciente, qué vidas salvar y cuáles no.
Más allá de la estrategia política para sacar réditos de la crisis y no avanzar en medidas más audaces, el no tomar decisiones que involucren al grueso de la población y centrar en los adultos mayores buena parte de la atención en la pasada alocución, más otras discusiones que de manera atropellada van apareciendo constantemente en la cosa pública, es pertinente conocer aspectos demográficos, espaciales y de calidad de vida de esta población protagonista de la tragedia, que además viene creciendo a pasos acelerados su peso cuantitativo sobre el total de la población colombiana y en sus demandas de atención de protección social al Estado.
¿Quiénes son y cómo viven los adultos mayores?
En términos básicos son quienes nacieron de 1960 hacia atrás. El desafío para cuidar a nuestros adultos mayores en Colombia se pone cuesta arriba si comenzamos a comprender la complejidad de los relacionamientos de esta población con el resto y sabiendo que se trata de una generación que antes del COVID-19 ya lucía vulnerable socialmente. En este análisis se utilizarán dos fuentes de datos principalmente: el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE-2015; y los datos del reciente censo de población y vivienda Dane 2018.
El SABE-2015 es un estudio poblacional a profundidad que caracteriza la población adulta mayor de 60 años en Colombia en aspectos socioeconómicos, personales, condiciones de vida, condiciones y uso de los servicios de salud. La radiografía de la situación concluye que se debe brindar protección integral a los adultos mayores ya que es deficitaria, que estamos en una etapa de envejecimiento poblacional, y que en este grupo se reflejan las grandes inequidades del país en lo material y emocional. Por lo tanto, las desigualdades de género, etnia, posición social y geográficas se hacen más profundas y aparecen aspectos subjetivos de la vejez que es necesario considerar.
Dentro de los resultados se encuentra que tienen en promedio 69 años de edad y 5,5 años de escolaridad, trabajaron una media de 36,6 años, el 60,0% trabaja por necesidad de dinero y el 58,0% de lo hacen en ocupaciones informales de baja calificación, 60,7% prevalencia total de hipertensión arterial, la valoración de la infraestructura física de sus vecindarios fue negativa, poco menos del 30% reportó no recibir ningún tipo de apoyo, cerca de la mitad tenían una visión negativa del envejecimiento y el 41,0% reporto síntomas depresivos.
Para el 2005 las personas de 60 años o más de edad eran un total de 3’721.943 y correspondían al 9,0% del total; según las proyecciones del Dane en el 2020 casi se duplica la población mayor de 60 años llegando hasta 6’808.641 y representando un 13,5% del total. El envejecimiento nominal y proporcional en impresionante y termina siendo foco de discusiones sociales y económicas como las ya anunciadas reformas pensionales, pues según el censo Dane 2018 apenas el 19,9% vive de la pensión, jubilación o renta.
Los más vulnerables: los y las mayores de 70 años
Dado que el presidente Duque en su alocución anunció medidas puntuales para adultos mayores de 70 años, identificadas como las personas más vulnerables por lo que la ética del cuidado debe ser más estricta y por obligación deben limitar definitivamente su movilidad, desde Pares-Pacífico realizamos algunos procesamientos de datos del censo Dane 2018 para caracterizar a quienes en Colombia podrían sufrir las peores consecuencias de esta pandemia mundial:
· Son 3’013.319 mayores de 70 años proyectados al 2020, el 6,0% del total de población mientras que en 2005 eran el 4,1% (1’696.156 personas).
· El 55,8% son mujeres.
· El 60,3% son jefes o jeas del hogar.
· La mitad vive en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander.
· Los departamentos con mayores proporciones de mayores de 70 años son: Quindío (8,7%), Caldas (8,4%), Tolima (8,1%), Risaralda (8,0%) y Boyacá (7,9%).
· En la Guainía, Vaupés y Vichada son menos del 3,0% de la población.
· El 35,8% viven solos o solas y corresponden a más de 1’100.000 hogares unipersonales.
· El 34,0% se dedica a realizar oficios del hogar.
· El 29,9% manifiesta presentar dificultades físicas en su vida diaria y el 8,3% tiene incapacidad permanente para trabajar.
· El 22,8% presentó algún problema de salud en los 30 días previos a ser censados.
· El 11,7% no cuenta con servicios de acueducto en su vivienda.
Este panorama de la situación actual de los y las mayores de 70 años, nos lleva a pensar que urgen medidas que involucren a toda la población, por ejemplo confinarse o ponerse en cuarentena para protegernos en conjunto. No basta con aislar a las personas más vulnerables y dejarlas a la merced de una emergencia que está lejos de ser controlada: no podemos caer en la crueldad de sacrificar a una generación que ayudó a construir el país y a la que le debemos mucho como sociedad.