Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.
El beneficio de tener una casa, servicios básicos, alimentos y acceso a las tecnologías de la información y un salario fijo no es lo común para la mayoría de la población colombiana. A raíz de la crisis mundial generada por el COVID-19 se evidencia por las redes sociales que algunas personas van a tener una situación cómoda en caso de una posible cuarentena, sin embargo, hay otra parte de la población que se enfrenta a duras condiciones para lograr sobrevivir durante esta crisis, entonces ¿Por qué el gobierno nacional y los gobiernos locales no han tomado las medidas necesarias para proteger a esta población?
Las personas que viven del día a día, vendedores ambulantes, trabajadoras y trabajadores sexuales, tenderos, joyeros, conductores, artistas, trabajadoras domésticas, y por supuesto los habitantes de calle, los sin techo, dependen de aquello que ganan cada día para lograr sobrevivir, pocas medidas se han escuchado por parte del gobierno para asegurar que esta población no entre en un riesgo mayor al cual se enfrentan en su cotidianidad.
Medidas insuficientes para el habitante de la calle
Los habitantes de calle no tienen un hogar, ni siquiera una habitación o refugio a donde acudir en caso de emergencias, como la que vivimos en este momento, probablemente serán las más expuestas al contagio, sin las medidas de protección necesarias para su cuidado, como tapabocas, agua, jabón,acceso a medicamentos y alimentos. La Secretaría de Integración Social tiene un protocolo para la protección del personal que atiende a esta población, y medidas estrictas para los hogares de paso, centro de alta dependencia y las unidades de protección.
Varias de las precauciones que se están tomando son intensificar actividades de monitoreo y capacitación del cumplimiento de procedimientos, eliminar el contacto directo con fluidos corporales, uso de guantes de látex y tapabocas, lavado de manos frecuente con agua y jabón, uso de gel antibacterial y seguir prestando el servicio de hogares de paso con medidas de limpieza y desinfección rigurosas, informó kienyke.com al igual que la secretaria de integración social.
Aunque dichas medidas pueden funcionar hasta cierto punto, al parecer no son suficientes. Según el censo poblacional de habitantes de calle de 2018, existen 9,538 habitantes de calle en Bogotá, mientras que solamente hay ocho (8) hogares de paso, un centro de atención transitorio, 1 comunidad de vida, 1 centro para el desarrollo de capacidades y un centro de enlace social. Aquellos que se encargan de recibir todas las noches a esta población son los hogares de paso, ya que en los otros centros requieren un tratamiento de reintegración social prolongado y constan de aproximadamente 100 cupos. Aunque los hogares de paso tienen entre 94 y 100 cupos, estos funcionan de acuerdo a aquellos que consiguen entrar por la noche, pero aquellos que no consiguen cupo buscan un rincón en la calle.
La falta de capacidad en los hogares de paso y los centros para esta población representa un desinterés por parte del Estado y por parte de la población, y sin duda esto se ve en el vocabulario de muchos que indolentemente les llaman “desechables”, y también en las políticas públicas gubernamentales que pocas veces se enfocan en las poblaciones “no deseadas”, como las trabajadoras sexuales, los presos y los habitantes de calle.
El brote de esta pandemia ha creado una oportunidad para repensar la forma en la cual se comportan los gobiernos, la población y por supuesto ha mostrado la necesidad de mejores derechos y condiciones laborales para aquellos que son invisibilizados constantemente por el gobierno, por los medios de comunicación, las redes sociales, incluso las miradas en la calle prefieren ignorarlos para no hacer cara al problema.
Alrededor de 800 cupos no son suficientes, para 9.538 habitantes de calle en la capital del país. Es hora de que el gobierno tome medidas contundentes frente a todas las poblaciones que están en riesgo, aunque es poco probable, considerando que ni siquiera escuchan a aquellos que levantan sus voces en marchas y movilizaciones.
¿Qué sucederá con quienes están en esta situación?
El coletazo que representa el COVID-19 en la economía no solo es un tema de indicadores en la bolsa, la subida en el precio del dólar, o una reducción del mercado mundial. También afecta a todos aquellos quienes hacen parte de la economía informal, tanto vendedores ambulantes, como trabajadores domésticos se encuentran en un limbo decisional.
Si bien países como Uruguay ya plantean un mayor gasto de seguridad social según la diaria, al igual que Argentina donde se establecieron licencias para empleados domésticos mayores de 60 años, personas con enfermedades o con hijos en edad escolar, aunque esta medida depende del empleador, plantea una visibilización de esta población, aún es un misterio qué medidas puede tomar Colombia y todavía más, si el gobierno central y las entidades territoriales no se ponen de acuerdo respecto a sus decisiones.
Aproximadamente el 48% de las personas empleadas en Colombia lo hace de manera informal según el DANE. No estamos hablando de un pequeño problema, estamos hablando de padres de familia, de adultos mayores y mujeres embarazadas que dependen de su trabajo día a día. Son vendedores ambulantes que no pueden simplemente acatar una medida de aislamiento social sin tener una garantía mínima de supervivencia, son empleados de servicio que sus labores y pagos ahora son más inciertos que nunca.
Sin embargo, aquí entran también estos tipos de trabajos no reconocidos socialmente como la prostitución o el reciclaje, quienes indudablemente son una población de riesgo en este momento. Estos ciudadanos dependen de una verdadera medida estatal que respalde a sus ciudadanos en esta situación de emergencia, y no de comunicados que se limpian las manos ante esta población.
Es aquí y ahora donde el gobierno tiene que entender que debe actuar y actuar bien, no debe dar la espalda y comprender que la coordinación con las entidades territoriales es fundamental para afrontar de mejor manera este escenario.
Una propuesta de refugio
Uno de los lugares que planteó la senadora Aída Avella, en entrevista reciente con Pares, para recibir a los habitantes de calle y brindarles las condiciones necesarias en caso de cuarentena son los edificios que se encuentran en extinción de dominio y pertenecen a la FAE.
Por otra parte, para ayudar a aquellos que viven del diario Gustavo Bolívar propuso donar el 10% del salario mínimo para brindar apoyo a aquellos que más lo necesitan en este momento, por otra parte están aquellas organizaciones como la red comunitaria trans, la cual está recolectando mercados y dinero para las trabajadoras sexuales del barrio Santafé.
Esperar a que el Presidente y sus ministros tomen medidas contundentes nos pueden llevar a una crisis nunca antes vista en Colombia. Es momento de apersonarse de la situación; no estamos solos, tenemos a nuestras familias, a nuestros vecinos y por supuesto el apoyo que brinda la tecnología, sin embargo también necesitamos aportar a aquellos que están en situación de precariedad y no tienen todas estas ventajas. Exigir que sus derechos se respeten y exigir que si se decreta cuarentena los habitantes de calle deben ser cobijados por el gobierno.
También, si se es empleador es hora de demostrar que todavía existe humanidad y continuar pagando sueldos a las y los trabajadores, cooperar en la comunidad para el bienestar de todos a nivel local, nacional y mundial. La solidaridad es la ternura de los pueblos, como lo dijo la escritora nicaragüense Gioconda Belli.