Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Vuelve y juega. Por tercera ocasión la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, es retirada de uno de los casos en los que se investiga a Álvaro Uribe Vélez. Esta vez en el que se estudian los vínculos del senador con grupos paramilitares, más concretamente en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de su presunta responsabilidad por omisión en las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, mientras el expresidente ejercía como gobernador de Antioquia (1995-1997).
La decisión fue notificada al abogado del senador Iván Cepeda, Fernando Rodríguez Kekhan, en la que puntualmente se informaba que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema retiraba de las investigaciones a la magistrada y militar en retiro, Cristina Lombana, apelando a la imparcialidad en la que podría caer la togada, dado que antes de llegar a la entidad judicial, Lombana fue miembro de las Fuerzas Militares y en ese momento Uribe ejercía como su jefe, pues este estaba en su periodo presidencial.
El conflicto de intereses puesto en discusión por Iván Cepeda fue acogido por los otros integrantes de la Sala de Instrucción y bajo este mismo argumento, Lombana fue apartada de otros tres casos. En principio, por el de manipulación de testigos, luego por otros dos que se abrieron tras denuncias de Daniel Coronell y el exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez por el delito de injuria.
La memoria en busca de justicia
Contra Álvaro Uribe Vélez hay alrededor de 30 casos en la Corte Suprema de Justicia. Entre otros están los de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, además del homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, una de las primeras personas en denunciar la participación del Ejército.
A esto se agrega que, al ahora senador, también se le investiga por la financiación, nexos y conformación del Bloque Metro de las AUC en la Hacienda Guacharacas (propiedad de la familia Uribe Vélez), hecho por el que enfrenta un juicio penal Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente.
En mayo de 2018, la Corte Suprema declaró las masacres como hechos de lesa humanidad. Asimismo, se conoció que el proceso por este caso tiene 6 cuadernos, 30 anexos de pruebas por parte de la Fiscalía y 108 CD’s de diligencias de versión libre hechas por paramilitares acogidos a la ley de Justicia y Paz.
Entre la omisión y la responsabilidad
La sombra de las masacres ocurridas en Antioquia mientras Álvaro Uribe Vélez cumplía el papel de gobernador del departamento genera varios cuestionamientos que han tratado de ser resueltos, pero que han terminado en estancamientos judiciales. Ante esto es necesario no olvidar.
El 22 de octubre de 1997 llegó un grupo de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) con de cerca de 150 hombres, quienes se hacían llamar los ‘Mochacabezas’ a El Aro en Ituango. Allí asesinaron a 17 personas pobladores de la zona, hicieron torturas de forma pública, quemaron 42 de las 60 casas del corregimiento, robaron animales y obligaron a aproximadamente 700 habitantes de la región a desplazarse forzosamente.
Nunca apareció la Fuerza Pública para proteger a la población, pero según declaraciones de Salvatore Mancuso, un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló el municipio durante la masacre, además contó que él había llegado al punto en uno de estos vehículos tras la orden de Carlos Castaño.
En este hecho a través de otras versiones libres de paramilitares fueron incluidos, además de Uribe, el secretario de gobierno de ese momento, Pedro Juan Moreno, quien, según lo contado durante las investigaciones, conocía que se iban a tomar el corregimiento, al igual que el expresidente y su hermano Santiago Uribe.
Además, se habla de una presunta complicidad con el Ejército Nacional. Un testimonio similar fue dado por el exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba, quien, en el 2009, un año después de su declaración, fue asesinado cerca a Medellín, mientras cumplía su condena de casa por cárcel.
En julio de 2006 la Nación fue condenada por parte de la Corte Interamericana de Derechos humana por desproteger a los habitantes de El Aro, expidiendo, a su vez, la orden de iniciar investigaciones para determinar los responsables del hecho y poder reparar a las víctimas. Catorce años después esa diligencia aún está en proceso y el pueblo sigue clamando por verdad y justicia.
Un año antes, en junio de 1996, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá llegaron también a Ituango, esta vez al corregimiento de la Granja. Bajo supuestas colaboraciones y participación con la exguerrilla de las Farc hicieron amenazas de limpieza social, asesinaron cinco personas y torturaron a pobladores frente a sus vecinos y familiares.
Ituango, escenario del horror
La omisión de nuevo fue la respuesta del Estado, mientras más campesinos se convertían en víctimas del Conflicto Armado en Colombia. En 2015, durante la sentencia a ‘Cuco Vanoy’, ex jefe paramilitar, se solicitó investigar a Uribe. Ese mismo pedido se hizo también por la masacre de San Roque ocurrida en el mismo año y de la cual se recibieron versiones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en las que se reitera la participación del ahora senador.
Cabe resaltar que la incursión paramilitar que se dio en Ituango durante esos años empezó a ser denunciada por el abogado Jesús María Valle Jaramillo, quien además alertó de la presunta alianza entre Carlos Alberto Ospina, comandante para esa época de la IV Brigada del Ejército Nacional; Carlos Emilio Gañán, comandante de la Policía para ese periodo; Carlos Castaño, comandante paramilitar; Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno y Álvaro Uribe Vélez, exgobernador de Antioquia.
Valle Jaramillo fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por La Terraza, una de las bandas de Carlos Castaño. Ante esto el Tribunal Superior de Medellín estableció que Uribe debía ser investigado por el hecho, ente que a su vez condenó a 30 años de prisión por el homicidio a los hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo, quienes fueron cabezas del homicidio. A esto se le sumó lo declarado por ‘Don Berna’, quien aseguró que las denuncias fueron el detonante para que Pedro Juan Moreno, fallecido en el 2006 en un accidente, incitara al asesinato.
Se esperaría que luego de casi veinte años de intentos por investigaciones eficientes se dé un paso para que la justicia acierte en el proceso y logre abrir camino para que los responsables intelectuales respondan por estos crímenes, además que se busquen medidas que brinden reparación y garantías de no repetición en un escenario donde vemos que olvido está ganando y que la historia parece repetirse en las mismas zonas donde la guerra llegó hace unos años y pareciera que no ha dejado de estar.