Por: Francisco Daza Vargas. Investigador Pares.
El estado lamentable e inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario es una realidad que ha estado vigente desde hace más de una década. Este señala que, existen afectaciones permanentes a las condiciones en que las personas privadas de la libertad cumplen su condena y que a su vez se suman a las vulneraciones de derechos humanos a las que se exponen cotidianamente.
Las cifras son impresionantes, según información estadística del INPEC, actualmente a nivel nacional hay 121.673 personas privadas de la libertad, en centros penitenciarios y carcelarios que tienen una capacidad de 80.763 cupos lo cual representa una sobrepoblación de 40.910 personas lo cual representa un hacinamiento del 50,65%.
Esto por supuesto representa un foco que desencadena múltiples afectaciones a esta población; problemas de salubridad y espacio son los más recurrentes en los centros penitenciarios y carcelarios del país. Asimismo, esto desencadena graves problemas de salud y violencia que parten de la insuficiencia de personal, recursos e infraestructura para prestar servicios básicos.
Las principales problemáticas de las cárceles
Son conocidos los testimonios sobre la mala calidad del agua que abastece a estos centros, los espacios reducidos en los que pasan las noches, y los castigos a los cuales son sometidos en un contexto en el que prima la ley del más fuerte. Esto por supuesto representa múltiples trabas para el propósito de resocialización.
Si bien es cierto, los centros penitenciarios y carcelarios restringen a las personas privadas de la libertad de ciertos derechos sobre la base de los efectos jurídicos que representa dicha privación, otros derechos como la vida, la dignidad, integridad personal, salud, vida íntima, alimentación, trabajo, educación, familia, entre otros, son constantemente vulnerados.
Las principales problemáticas de los centros penitenciarios y carcelarios son las siguientes:
· El derecho a la dignidad humana se ve vulnerado ante el gran número de personas privadas de la libertad que comparten espacios reducidos para alojarse. El que tengan que dormir en pasillos y otros espacios diferentes a las celdas (que de por si no dan abasto y presentan problemas de higiene, superficie mínima, calefacción, ventilación, entre otros) supone un escenario de riesgo para esta población
· El hacinamiento deteriora la infraestructura de celdas, baños y áreas comunes siendo algunas inutilizables lo que conlleva a que se generen condiciones insalubres y limitaciones en los servicios públicos de estos espacios.
· Los servicios de salud son deficientes, muchas veces por falta de personal especializado en los centros penitenciarios y carcelarios. Esto supone un escenario de riesgo para la propagación de enfermedades y la tardía y limitada atención a los quebrantos de salud de la población privada de la libertad
· Las limitaciones de infraestructura y el consecuente hacinamiento representan grandes obstáculos para el propósito resocializador de los centros penitenciarios y carcelarios. Los niveles de desocupación ante estos limitantes contribuyen a que este proceso se vea afectado de manera permanente.
En este sentido, es visible que el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario parte de los problemas estructurales y de vulneración de derechos de la población de libertad, lo cuál deja en el aire serias preocupaciones sobre el manejo que están dando las autoridades encargadas de la administración de esos espacios en el marco de la coyuntura actual por causa de la llega del COVID-19 a Colombia.
El INPEC ante la llegada del COVID-19
Ante la llegada a territorio colombiano del COVID-19 (Coronavirus) se tomaron varias medidas para contener la entrada y expansión de esta pandemia mundial al interior de los centros penitenciarios y carcelarios. Una de las primeras medidas emitidas desde la presidencia de la República fue la suspensión de las visitas que recibe la población privada de la libertad hasta que se tomen las regulaciones correspondientes para garantizar su salud.
Dicho anuncio generó malestar no solo entre la población privada de la libertad sino a su vez entre los trabajadores penitenciarios quienes solicitaron que se decretara la emergencia carcelaria con base en las deficiencias en atención en salud y recurso humano y tecnológico para hacerle frente a una eventual presencia del COVID-19 al interior de alguno de los centros penitenciarios y carcelarios.
Otra medida fue la prohibición de entrada de encomiendas, lo cual ya ha generado tensiones entre las internas de la cárcel el Buen Pastor y la guardia del INPEC ya que de esos envíos depende la subsistencia y abastecimiento, sobretodo de artículos de aseo, al interior de ese centro penitenciario.
El INPEC a través de un boletín presentó otras medidas dirigidas a la prevención contra el contagio del coronavirus, entre ellas el establecimiento de dos jornadas de trabajo, jornadas de limpieza de los equipos de los funcionarios y la suspensión de los traslados de las personas privadas de la libertad entre los centros penitenciarios. Sin embargo, no se cuenta con mayor información sobre los protocolos que están dispuestos al interior de estos espacios para la prevención de contagio entre los internos e internas.
Derechos de la población privada de la libertad
La llegada del COVID-19 ha expuesto aún más las deficiencias y vulnerabilidades del sistema penitenciario y carcelario colombiano. A las ya expuestas condiciones de hacinamiento, insalubridad y violencia que han incidido en el permanente estado de cosas inconstitucional, se suma esta pandemia que toma al INPEC por sorpresa y sin las garantías suficientes para proteger la salud de las personas privadas de la libertad.
Si bien las medidas que han tomado tienen como propósito mitigar el ingreso de elementos o personas externas a los centros penitenciarios y carcelarios del país, las mismas medidas contribuyen, aún más, a la vulneración de derechos humanos que padece la población que se encuentra privada de la libertad.
Ante la prohibición de visitas presenciales se hace necesario que se consolide un sistema de visitas virtuales teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña la familia durante el periodo de privación de la libertad. Asimismo, esta alternativa es en doble vía ya que las personas privadas de la libertad pueden hacer un seguimiento a sus familias en el exterior ante al aumento de número de casos de coronavirus en el país.
Otro componente vital es el acceso a agua potable o al menos en condiciones aptas para hacer el lavado preventivo de manos al interior de los centros de privación de la libertad. Esta es la primera medida para la prevención contra el contagio del coronavirus, pero si dicha condición no está garantizada para la población privada de la libertad, se puede presentar un estado de riesgo aún mayor al interior de las cárceles del país.
El ingreso de encomiendas, al menos de elementos de aseo se hace necesario ante la precariedad de la atención en salud de las cárceles. Esto puede mitigar posibles contagios a partir del autocuidado de quienes se encuentran privados de la libertad. Medidas más radicales se han visto en países como Irán en el que se liberó, a manera de permiso, a 70000 personas con prioridad para aquellas que presentan enfermedades crónicas para evitar la propagación del coronavirus al interior de las cárceles.
Es necesario ser consecuente con la vulneración de derechos humanos de la población privada de la libertad más allá del escenario de riesgo que supone la llegada del COVID-19 a Colombia. Que esta sea la oportunidad para que el Ministerio de Justicia y el INPEC replanteen la manera en que se está administrando el sistema penitenciario y carcelario colombiano y la urgencia de fortalecer y mejorar al mismo tiempo la infraestructura carcelaria para que la población que está en el interior tenga garantizados todos sus derechos.
Nota: En tiempos de cuarentena generalizada y para conocer a detalle la cotidianidad de las personas privadas de la libertad recomiendo leer Penas y Cadenas de Alfredo Molano.