Por: Jairo Alexander Castaño López. Investigador Regional. Pares-Pacífico.
La situación de salud de los pueblos indígenas en Colombia cuando se compara con la población no indígena, revela profundas desigualdades que agudizan la vulnerabilidad de estas comunidades frente a la pandemia global del coronavirus. Nuevamente los pueblos originarios enfrentan desafíos que amenazan su supervivencia.
Una parte importante del exterminio de la población amerindia en las conquistas españolas y portuguesas está relacionado con el contagio masivo de enfermedades infecciosas como la gripe, la viruela, el sarampión, la influenza, el tifus, la fiebre amarilla, entre otras enfermedades hasta entonces desconocidas por los indígenas y que fueron traídas a suelo americano por los conquistadores, causando una verdadera debacle demográfica en las distintas poblaciones del continente.
Indígenas en centros urbanos, una población vulnerable
Paradójicamente, cinco siglos después de las guerras de conquista, las infecciones pandémicas vuelven a representar una amenaza para las poblaciones amerindias, la más reciente, el COVID-19, ha sido introducida por ciudadanos extranjeros y latinoamericanos (en su mayoría de altos ingresos) que desembarcaron en vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos y otras regiones del planeta que ya tenían casos comprobados de infectados de coronavirus.
El Gobierno nacional lució dubitativo ante la inminente llegada del virus y permitió su proliferación, al punto que a la fecha del 25 de marzo las cifras oficiales muestran que ya son más de 470 contagiados y 4 muertes confirmadas. Hasta el momento no se registran personas infectadas de los pueblos y comunidades indígenas pero ya hay dos casos de indígenas aislados en inmediaciones del Parque Nacional Natural Río Puré.
Por ahora existe un sesgo urbano de la enfermedad en términos de prevalencia y detección mediante pruebas, sin embargo, es necesario advertir que según el último censo del Dane (2018), un 21% de la población que se auto reconoció como indígena vive en los centros urbanos en condiciones menos higiénicas y menos seguras que el resto de la población, por lo que este grupo estaría más expuesto.
En este punto, es importante tener en cuenta que la expedición de la ley 100 de 1993 mediante la cual se pone en marcha un modelo neoliberal de seguridad social en Colombia, si bien masificó el acceso a la salud incluyendo a las poblaciones indígenas, también significó la mercantilización y pauperización de las condiciones de atención y prestación del servicio sobre todo para la población más pobre, en buena parte por la necesidad de garantizar la rentabilidad del negocio para las EPS.
Una de las herencias perversas de este modelo ha sido la precaria capacidad operativa de las IPS para enfrentar una pandemia como el coronavirus, dejando en un alto riesgo a la población en general y especialmente a los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad o con enfermedades crónicas, los/as trabajadores/as informales, vendedores/as ambulantes, desempleados/as, los/as habitantes de calle y las personas privadas de la libertad.
Las brechas de la salud
En términos de la situación de salud de los pueblos indígenas, las estadísticas más actualizadas sobre mortalidad general muestran una realidad dramática: casi una quinta parte (18,63%) de la población indígena muere antes de cumplir los 5 años; asimismo, y de acuerdo con los datos de las estadísticas vitales del Dane en el periodo 2008-2013, la muerte de niños/as indígenas menores de 5 años es 2,79 veces más alta con respecto a la población no indígena, como lo indica el Ministerio de Salud.
A la par, la razón de mortalidad materna para el periodo 2008-2013 muestra que en las comunidades indígenas se presentó un importante aumento de las muertes pues “se pasó de una razón de 243,07 a 355,65 muertes por 100.000 nacidos vivos, lo que significa un aumento de 46,32%”. Según cifras del Ministerio de Salud, para el año 2009, las muertes maternas en la población indígena eran 3.8 veces más alta que la no indígena, ya en el 2013 este número se incrementó a 7.3 veces.
Más de la mitad de las muertes de niños/as indígenas menores de cinco años y de las mujeres indígenas, durante y después del embarazo, se deben a enfermedades prevenibles y tratables que no representan altos costos.
Se puede argumentar a partir de los datos oficiales del Dane y del Ministerio de Salud, que en Colombia (principalmente en la Guajira y en el Cauca) viene ocurriendo un genocidio de “baja intensidad” que afecta a los niños/as y las mujeres en edades fértiles pertenecientes a los pueblos indígenas, esto sucede en paralelo a las masacres y la violencia letal contra otros miembros de las comunidades y contra sus líderes y lideresas.
Por otro lado, llama la atención que dentro de las 10 principales causas de mortalidad de los/as miembros de pueblos indígenas, aparecen dos causas (puestos 2 y 3 de importancia) que no se encuentran en la población no indígena, se trata de las muertes por enfermedades respiratorias agudas y por deficiencias nutricionales.
Igualmente, en términos de morbilidad, del total de la población indígena atendida en el sistema de salud en el periodo 2012-2016, el 25% (209.668 personas) fue diagnosticada con infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (Minsalud, 2017), lo que constituye una evidencia cuantitativa de que en términos de morbilidad los/as miembros de los pueblos indígenas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente al coronavirus.
Al panorama anterior debemos agregar la situación de desventaja de los pueblos indígenas con respecto a los determinantes sociales de la salud, específicamente la pobreza. Según los resultados del Censo Agropecuario 2014, la población indígena residente en el área rural presentaba un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de 69,3% frente al 45,6% de la población no étnica (blancos/mestizos).
Según el DANE, los principales condicionantes del IPM para los pueblos indígenas fueron la inadecuada eliminación de excretas, el bajo logro educativo y la falta de acceso a agua potable.
Un cerco al COVID-19
Mientras el gobierno nacional titubeaba para tomar medidas eficaces de contención para mitigar la expansión del virus, las estrategias de autoprotección colectiva a cargo de la guardia indígena, las/os promotoras/es de salud y las autoridades y médicos tradicionales (Mamos, T-walas, Jaibanás, Taitas, etc.), ya venían caminando en varios territorios de resguardo:
Cierre preventivo de fronteras; suspensión de actividades laborales, educativas y colectivas que implican aglomeración; la prohibición de circulación del transporte público intermunicipal; el toque de queda con cuarentena dentro de las viviendas y fincas, y varias estrategias comunicativas y espirituales de concientización y prevención.
Una de las primeras organizaciones en implementar medidas de prevención y contención frente a la pandemia fue el Cabildo Mayor del pueblo Zenú en reunión de autoridades llevada a cabo el día 16 de marzo. Een el Cauca, el CRIC en representación de las 127 autoridades tradicionales de los pueblos Nasa, Misak/Guambiano, Kokonuko, Guanaco, Totoroez, Kisgo, Polindara, Yanacona, Inga y Eperara, emitió el día 17 de marzo una resolución con varias medidas específicas contra el coronavirus.
Por su parte, la Mesa Indígena del Chocó en representación de los pueblos Embera, Wounan, Katío, Chami y Guna Dule hizo lo mismo el día 18 de marzo, asimismo, otras organizaciones como la OPIAC, AICO, la ORIC, ORIVAC, La CIT, entre otras, se han venido sumado en la adopción de medidas preventivas y de contención en sus territorios para así evitar o por lo menos retrasar la llegada del coronavirus.
Implementar una ruta propia
Aunque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ya anunció medidas especiales de protección para los pueblos indígenas, los programas de subsidios económicos para estimular el confinamiento y aislamiento social deben ser implementarlos conjuntamente con las organizaciones indígenas en sus territorios, sobre todo en los resguardos en los que la entrada del coronavirus se ve facilitada por las dinámicas capitalistas de la economía ilícita transnacional.
No obstante las estrategias anteriores, al analizar las cifras sobre pobreza, morbilidad y mortalidad en los pueblos indígenas de Colombia, identificamos que la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran hace que las estrategias aplicadas por las organizaciones indígenas no sean suficientes para garantizar la prevención y contención de la pandemia, es necesario que el estado comience a reparar la deuda histórica con los pueblos originarios por la vía de políticas públicas que le den mayor autonomía y recursos al Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) así como a las EPS e IPS indígenas.
Es necesario potenciar las estrategias propias de autocuidado como el ahumado con eucalipto, pino, sahumerio y otras hiervas de uso espiritual y medicinal, la bebida de agua de panela caliente con limón y seguir otra serie de recomendaciones de los médicos tradicionales y de las/os promotoras/es de salud como los rituales personales y familiares.
El estado actual de la infraestructura en salud en las comunidades indígenas al igual que en otras comunidades rurales es bastante precario: no existen camas, insumos, equipos ni personal suficiente para atender un incremento de casos de infección por coronavirus.
En tal sentido, es importante la creación de rutas específicas para pueblos indígenas desde un enfoque diferencial que respete aspectos como la cosmovisión, la memoria histórica y la lengua propia, que presenten alternativas eficaces de detección y tratamiento, así como alternativas de cuidado más allá de lavarse las manos y confinarse en la vivienda, incorporando la propia visión cultural de los pueblos sobre los procesos de enfermedad y cura.
En definitiva, urge la creación de esta ruta para pueblos indígenas en tanto el país ya entró en un momento de aumento exponencial de casos de contagio. En algunos resguardos indígenas del Norte del Cauca y en comunidades campesinas y afro, en especial en aquellos lugares donde la economía ilícita y la presencia de actores armados es fuerte, como en el caso de Toribío, continúa siendo una verdadero desafío para las autoridades lograr el control territorial y evitar la circulación de personas tanto al interior de los resguardos como por fuera de estos.