«A todos los que bajen, les damos de baja»

28 marzo, 2020

«A todos los que bajen, les damos de baja»

Por: Laura Cano, Periodista Pares.

El 25 de marzo en horas de la noche un vehículo recorrió las calles del barrio Santa Fe, en el centro de la capital, perifoneando: “a todos los que bajen, les damos de baja”, aumentando el estado de alarma en un territorio donde el abandono, la desatención y la falta de acciones eficientes están siendo la respuesta ante el virus. “Las trabajadoras sexuales tienen miedo no solo del Coronavirus, sino de salir a las calles. A las mujeres trans el construirse como mujeres libres les está costando la vida. Sentimos que hay un abandono por parte del Estado, y ahora más con la pandemia”.

Desde el 2010 el trabajo sexual ha tratado de ser amparado por varias sentencias de la Corte Constitucional para que se establezcan reglamentaciones que protejan y garanticen derechos laborales a quienes ejercen este oficio en el país. Sin embargo, pasar del papel a la acción ha sido algo que históricamente en este país ha costado mucho.

Las sentencias T-629/2010, T-736/15, T-594/16 y T-073/17 han sido las iniciativas que han puesto en debate la necesidad de reconocer jurídicamente esta actividad como un trabajo. Ahora lo que se evidencia con el Covid-19 que alerta a todo el país, es que la falta de implementación de herramientas que realmente velen por condiciones dignas para las trabajadoras sexuales, hoy las tiene como una población vulnerable al virus y a su vez a todas las problemáticas sociales que la pandemia ha intensificado y hecho más visibilidad; acceso a salud, alimentación, vivienda, seguridad, justicia.

Aunque ha sido complicado tener cifras de trabajadoras sexuales dada la población flotante, además de los incrementos que pueden llegar a haber diariamente, la Secretaría de la Mujer por intermedio de Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, informó en el 2018 que en Bogotá habrían alrededor de 2.758 personas ejerciendo, como lo determina la entidad, actividades sexuales pagadas (ASP).

De estas el 35.7% serían migrantes, de las cuales el 99,8 % era población venezolana. Además, también informaron que el 2.1% del total eran mujeres transgénero. Sin embargo, estas cifras pueden presentar variaciones dado el subregistro que puede haber y la potencialización de problemas sociales, como la desatención a la población migrante.

Ausencia de un plan de contingencia

Es necesario preguntarse si este contexto fue tenido en cuenta al momento de crear el plan de contingencia para la no propagación del Covid-19, pues una de las poblaciones que vive del día a día son las trabajadoras sexuales, quienes, dada la falta de reglamentación, muy pocas veces cuentan con la protección social que se le deberían garantizar a todas y todos los trabajadores.

“A pesar de ser un trabajo legal el prejuicio que hay por parte de los prestadores de salud, de la Policía y de la sociedad en general, las pone en un riesgo y en una vulnerabilidad absurda. Al Ministerio de Trabajo le ha quedado grande entrar a regular el trabajo sexual en Colombia, no ha podido”, afirmó Juli Salamanca, integrante de la Red Comunitaria Trans.

Desde el pasado 25 de marzo hasta el próximo 13 de abril en Colombia se estará en aislamiento preventivo obligatorio, esto implementado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457. Sin embargo, y a pesar de que la medida es necesaria, muchos sectores quedaron a la deriva sin saber cómo responder a sus necesidades básicas, esto ante una inequidad económica y social producto del sistema que nos rige.

Una de estas poblaciones vulnerables son las trabajadoras sexuales, a quienes históricamente se les han sido sistemáticamente vulnerados sus derechos. Juli, aseveró :

“Una de nuestras grandes preocupaciones es que en esta pandemia se fortalezca la idea de que ciertas vidas valen más que otras y que se prioricen unas vidas sobre otras. Por años el prejuicio y la criminalización hacia ellas han sido muy altas y ha llevado, por ejemplo, a que en las ciudades las vayamos excluyendo, metiendo en lugares específicos de la ciudad”.

Y con el virus se están destapando todas las injusticias con las que han cargado. Esto por varias razones, por un lado, muchas de ellas solventan sus gastos con el trabajo diario, en donde algunas además de gastos básicos, deben responder por pagos de habitaciones que en el barrio Santa Fe significan $17.500 cada noche.

Por otra parte, al no tener acceso a entidades promotoras de salud, un posible caso de contagio las podría llevar a no tener una atención adecuada, a la agudización del virus y, además, a un alto riesgo de contagios sin capacidad de atención con condiciones dignas y de calidad. “La realidad es: si no se trabaja, se deja de comer y de tener donde dormir”, afirmó Juli Salamanca.

A esto se le suma que con la cuarentena las entidades estatales y distritales no están haciendo presencia en la zona del Santa Fe, lo que perjudica las decisiones que se toman frente al virus, pues quienes están en la potestad de crear medidas no están teniendo conocimiento de lo que ocurre en el territorio. Asimismo, ante el abandono y la falta de veeduría los escenarios de riesgo para las trabajadoras sexuales se potencian.

La inseguridad ronda más por las calles que el virus

El barrio Santa Fe es una de las llamadas zonas de tolerancia en Bogotá. Se ubica en el centro de la ciudad y se ha constituido como uno de los puntos donde más se ubican personas que ejercen trabajo sexual. Este escenario, tan delimitado, ha dado paso para que algunas de las violencias que suceden allí se queden ahí y no pase nada más.

Las trabajadoras sexuales por años han denunciado asesinatos sistemáticos, escenas de violencias de diversas índoles, y a pesar de esto, muchos de estos casos ni siquiera llegan a denuncias o se quedan estancados sin una mayor garantía de acceso a la justicia. En ocasiones es motivado por los estigmas sociales que se han construido a través de esta población, lo que lleva a que se legitimen estos hechos.

Con la ausencia de entidades como la Policía, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ante el COVID-19, las probabilidades de que las violencias se tomen el territorio son altas y a eso se le suma el no poder tomar ninguna acción de prevención y protección.

Como consecuencia de esto, el 24 de marzo dos mujeres migrantes, trans y trabajadoras sexuales fueran apuñaladas en la zona del Santa Fe cerca a la calle 21 con carrera 16, quienes fueron perseguidas por todo el barrio y luego heridas en sus construcciones identitarias; senos y glúteos. Adicionalmente no obtuvieron atención médica y tras la ausencia de instituciones, ellas mismas tuvieron que adoptar medidas para la respectiva curación y cuidado,

“Se encuentran fuera de peligro, pero están, no solo ante la amenaza del Coronavirus en condiciones de vulnerabilidad muy altas, sino sobreviviendo con las heridas que les quedaron”, contó, Juli Salamanca.

La acción, una apuesta ante la inoperancia

Este tiempo ha demostrado que muchas y muchos tienen claro que la solidaridad y presión son las respuestas ante la crisis sanitaria y social que se vive, por eso la Red Comunitaria Trans se ha sumado a las iniciativas que trabajan por brindarle algo de tranquilidad a quienes la cuarentena les está representando más angustias.

Juli Salamanca, contó: Creamos un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales debido a la ausencia de un plan de contingencia que incluyera a trabajadoras sexuales y personas que viven del diario. Una de las grandes preocupaciones que le surgió a la Red es qué iba a pasar con ellas en la pandemia, porque si dejaban de trabajar no podían pagar su habitación y no podían comer.

Lo que buscamos con este fondo de emergencias fue cubrir pagos de habitación y con eso lograr que las mujeres que ejercen trabajo sexual lograran quedarse los días de cuarentena en casa cuidándose para no contagiarse y estando en condiciones dignas. Hasta el día de hoy hemos logrado cubrir a 150 mujeres trans y entregado 50 mercados a trabajadoras sexuales. Además, se realizará una nueva jornada para brindarle estos apoyos a 60 mujeres trans trabajadoras sexuales del barrio 7 de Agosto y Chapinero”.

La Red Comunitaria Trans, que viene trabajando desde el 2012 por la protección y garantía de los derechos de las mujeres trans trabajadoras sexuales, también ha gestionado recursos en esta crisis para privadas de la libertad y mujeres cisgénero que ejercen trabajo sexual en la zona de La Mariposa. Pero, a pesar de la colaboración que han convocado en estos tiempos de pandemia, hacen un llamado a la presencia del Distrito, pues como lo afirmó Juli Salamanca, “no damos abasto.

«La Organización también está poniendo en riesgo su personal y necesitamos que el Distrito tome las riendas de esta situación. Algo que tenemos muy claro, es con las donaciones no vamos a poder cubrir toda la población que lo necesita y que no la está pasando nada bien. También creemos que la ausencia de este plan de contingencia se puede materializar en exterminio de comunidades históricamente marginalizadas”.


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Artículo por: Redacción Pares @ | Publicado: Hace 6 meses

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