Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Esta semana, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Burgos, anunció que tras el Consejo de seguridad realizado por la situación sanitaria que hay en el país por la propagación del COVID-19, algunos municipios del departamento serán militarizados. Esto, por el alto porcentaje de infracciones que se han registrado por no acatar el #QuédateEnCasa, ordenado por el Gobierno Nacional con el decreto de aislamiento preventivo obligatorio.
A Soacha, Facatativá, Madrid, Mosquera, Girardot, Zipaquirá, Funza, Cajicá y Fusagasugá llegarán miembros del Ejército Nacional coordinados por el comandante de la XIII Brigada, Óscar Rey. Además, habrá una mayor presencia de patrullaje de la Policía desde el próximo 01 de abril, sin estipularse por cuánto tiempo se implementará esta medida.
Uno de los argumentos presentados por el Gobernador, es que la presencia de más patrullas en Soacha logró disminuir el alto porcentaje de personas movilizándose en Transmilenio en este punto, donde durante la semana pasada se pasó de 40.000 a 16.000.
Militarización: la medida que desconoce la historia
Aunque la medida del aislamiento preventivo obligatorio es necesaria, también es cierto que esta se ha implementado dejando de lado las realidades de muchas personas; por ejemplo, quienes viven del trabajo diario, los que no tienen capacidad económica para solventar gastos básicos, las personas habitantes de calle, los privados de la libertad, los migrantes y quienes en estas circunstancias siendo trabajadores no se les garantiza medidas mínimas como la continuidad de un contrato o la posibilidad de acceder a prestaciones sociales y a entidades promotoras de salud.
La consecuencia de esto es que, aunque la medida está planteada, muchas personas han tenido que salir de sus hogares para buscar soluciones a estas desatenciones. Y aunque mucho se ha debatido en los últimos días sobre estas poblaciones, las soluciones siguen dándose por vías que no están basadas en la raíz de las problemáticas.
Si bien la militarización puede bajar el número de comparendos que se imponen por no permanecer en casa, podría también desatar dos principales problemáticas; por un lado, aumentar el número de personas que manifiestan no tener cómo hacerle frente a la cuarentena en cuestiones económicas, y por otra parte, una violación de derechos humanos por parte de estos organismos sin la posibilidad de que haya un ente que haga veeduría.
Soacha ha sido una zona donde históricamente se han presentado abusos ejercidos por parte de la Fuerza Pública. Entre 2002 y 2010 por medio de ejecuciones extrajudiciales se asesinaron cerca de 1.211 jóvenes de departamentos como Antioquia, Meta, Norte de Santander, Cesar, Santander y Cundinamarca, más precisamente, Soacha.
Estos asesinatos fueron responsabilidad de miembros del Ejército Nacional, quienes luego de cometer los homicidios, donde hacían pasar a los jóvenes como bajas de grupos guerrilleros, reclamaban incentivos económicos y lucrativos. Por estos hechos aún no han sido investigados todos los involucrados, tanto material como intelectualmente.
En el caso de Soacha en el año 2017 fueron condenados 21 militares a penas entre 37 y 52 años de prisión, donde se relacionó al coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander, por delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado.
Además, en los últimos años en este municipio se ha alertado por casos de reclutamiento a menores por parte de organizaciones criminales como Los Paisas, además de una alta presencia de grupos criminales de diversa índole, donde una de las principales actividades de disputa es el tráfico de drogas. Hechos que no son denunciados, pues la comunidad ha manifestado la desconfianza que hay con la Policía por dos contextos específicos; primero, por una posible complicidad de miembros de esta Institución con las estructuras criminales; y segundo, por un abuso de la fuerza que la Policía ejerce con parte de los habitantes de Soacha.
Con este contexto y dada la medida de militarización presentada por el gobernador, Nicolás García Burgos, Pares habló con el Heiner Gaitán Parra, concejal de Soacha por el partido Colombia Humana, quien durante este tiempo ha presionado para que se den respuestas ante la carencia de una ruta de acción frente al COVID-19 que atienda a toda la población del municipio.
A su vez ha denunciado abusos de empresas como Power Services, contratista de servicios generales en los 23 colegios públicos de Soacha, que ha hecho que cerca de 150 mujeres que prestan los servicios de aseo en estos establecimientos hayan tenido que firmar licencias no remuneradas.
Asimismo, que durante este tiempo se hayan presentado irregularidades para el acceso de alimentación de los niños a través del PAE, y que, por otro lado, los 30.000 mercados que donó la Gobernación hayan sido entregados por miembros administrativos sin hacer públicos los mecanismos de entrega y la forma en la que la población podría acceder a estos.
Pares: ¿Cuáles son las principales falencias que no atiende el plan de contingencia en Soacha? Esto teniendo en cuenta que el municipio ha sido reiteradamente señalado como uno de los puntos de alto flujo de personas en las calles.
Heiner Gaitán: Lo principal por señalar es que el 80% de la población en Soacha está entre los estratos 0 y 2. En su mayoría hacen parte de la economía informal, el rebusque y del día a día sin poca ayuda social, lo que ha agudizado una serie de condiciones en el municipio. Así, al tercer o cuarto día de cuarentena sin ganar lo del diario se empiezan a registrar escenarios de demanda por parte de la población por alimentos o por medidas sociales que garanticen mínimos vitales.
Uno de los elementos para resaltar es que estamos mal contados por el DANE y eso hace que tengamos poco dinero destinado para Soacha. A esto se le suma que el tema de servicios públicos no llega a toda la población y además, que por la cercanía con Bogotá el 13% de la mano de obra de la capital se concentra en este municipio, por eso el alto flujo de personas en el transporte público.
Por otra parte, el alcalde Juan Carlos Saldarriaga ha sido efectivo en cuanto a las restricciones en el espacio público, pero de alguna forma las medidas para permitir que la gente tenga condiciones dignas en la cuarentena han sido insuficientes. Asimismo, hemos denunciados irregularidades. La situación aquí está tenaz.
Yo como funcionario recibo entre 20 llamadas diarias, mensajes por muchas plataformas de gente solicitando apoyo. A tal punto que la Alcaldía reconoce que no tiene una base de datos para poder entregar ayudas. Hasta ayer se lanzó la plataforma. Ante esto la gente se ve en la obligación de salir a rebuscársela.
Pares: ¿Qué significados puede traer para un municipio como Soacha, que ha sido atravesado por el conflicto armado y por varias problemáticas sociales, la militarización del territorio?
H.G: Aquí hay unos antecedentes en lo que significa una militarización del municipio y lo que preocupa es que esta medida da ciertas facultades a la Fuerza Públicas, pero sin ningún tipo de veeduría o control. Incluso, cerca al municipio, en Bosa, se denunció hace poco un abuso de una mujer en un CAI por parte de policías.
En estos casos, en los que se les da atribuciones a policías y militares, se permite que se potencien los escenarios de violación de derechos humanos, e igualmente se advierte de las secuelas que esto puede traer a la comunidad al sentir tanto poder por parte de los organismos de control.
Uno entiende que se necesitan medidas para garantizar la cuarenta, pero eso no implica que los dispositivos de fuerza y control sean los que tengan que hacerlo. Aquí se está priorizando más lo restrictivo que las medidas para que las clases populares solventen la crisis.
Esta excepcionalidad de emergencia sanitaria pone a las fuerzas públicas en un papel casi similar que, en las dictaduras, es decir, a la gente que esté en la calle le pueden pegar, sancionar y ejercer un uso excesivo de fuerza.
En este contexto los dispositivos de poder y vigilancia están muy marcados y estos, además, tienen unos antecedentes en el municipio donde la población no espera mayor protección de parte de ellos. Es preocupante que se militarice sin ningún tipo de acompañamiento y veeduría que pueda monitorear las acciones de parte de los militares y la policía.
Pares: ¿Ante la falta de medidas que protejan a la población que no tiene cómo solventar la cuarentena ha habido alguna respuesta institucional por parte de los organismos de Soacha?
H.G: Lo que dice la alcaldía es que por el momento la gente tiene solo que inscribirse en la plataforma, ahí se ubica si en efecto hay alguna necesidad para proceder, sin embargo, esa base de datos hasta ahora se está gestionando y fue gracias a la presión que se hizo a través de redes sociales.
Pares: ¿Desde su rol de concejal del municipio se puede fomentar algún tipo de veeduría para militarización que habrá en Soacha?
H.G: La gran incógnita es esa: ¿cómo hacer veeduría? Los encargados son los de la Personería, pero ellos están rebasados con otras situaciones sociales que esta crisis sanitaria está agudizando en Soacha, y los líderes, que son otro sector que promueven estas acciones, están gestionando recursos para la comunidad para atender la situación o por otro lado están amenazados.