Por: Paola Andrea Perdomo. Investigadora Nacional Pares.
Mientras el COVID-19 paraliza ciudades y economías, las acciones bélicas y la violencia contra la población civil por parte de los actores armados en Colombia continua. En lo corrido del 12 de marzo, cuando fue declarada la emergencia sanitaria, al día de hoy, ha habido un total de 31 acciones bélicas y 35 hechos de violencia contra la población civil, 16 y 22 de los cuales han ocurrido pasados casi 15 días de la implementación de las medidas de cuarentena en todo el país. Estos se han concentrado principalmente en departamentos como Norte de Santander, Cauca y Putumayo y Meta.
Y aunque no se trata de una escalada de la violencia durante la pandemia, no existe un cese completo de estas actividades, lo cual no es un asunto menor. Sumado a la incertidumbre que genera el estado de alarma por la pandemia, la población en estas zonas del país sigue en constante temor y vulnerabilidad.
Por ahora, continúan los asesinatos selectivos y atentados contra líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, las amenazas, los secuestros y los enfrentamientos armados, entre otros. En los 25 días que lleva la emergencia sanitaria, han sido asesinados 6 excombatientes en proceso de reincorporación (Chocó, Putumayo, Meta, Caquetá y Tolima) y seis (6) líderes sociales (Bolívar, Putumayo, Cauca): dos (2) líderes indígenas, una lideresa y tres (3) líderes sindicales. El último de ellos, Hamilton Gasca, fue asesinado en la vereda La Consolata, en Piamonte (Cauca), a la madrugada del sábado 4 de abril junto a sus dos hijos menores de edad, su esposa se encuentra desaparecida.
Además se han reportado confinamientos y hostigamientos en Chocó, Nariño y Cauca. Ayer, 5 de abril, La Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó y la Asociación Orewa, en conjunto con las autoridades de los pueblos Embera Dobida, Katío, Chamí y Guna Dule, denunciaron enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué en Bojayá, Chocó, desde la mañana del 3 de abril.
“Como medida de contención de la pandemia Covid-19 en la cual la población Embera se disponía a cumplir en su resguardo este llamado nacional y que la situación forzosa por la cual atraviesan, los obligó a abandonar sus hogares y refugiarse en medio de la densidad de la selva. Muchas familias continúan allí dentro del fuego cruzado…” Comunicado del 5 de abril de Fedeorewa y la Asociación Orewa.
Comunidades amenazadas
Las comunidades de estos territorios temen que haya un afianzamiento militar de los actores armados ilegales o por parte de la fuerza pública, a través del aumento de la militarización en estos territorios y en el acrecentamiento de objetivos a dar de baja, a propósito del control a las medidas de aislamiento. Por un lado, los grupos armados ilegales, como el ELN, Clan del Golfo y grupos armados PostFarc se han pronunciado sobre la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena, haciendo un llamado intimidante a respetarlas, anunciando así a través de panfletos:
Toques de queda obligatorios, a excepción de situaciones de emergencias de salud o funerales.
“Las personas que sean sorprendidas divagando por las calles, las vías o en cualquier otro lugar donde pueda ser contagiado nos veremos en la obligación de darle su merecido castigo./ las personas que sean portadores del virus COVID 19, y no se hayan auto aislado y anden propagando dicha enfermedad, tendrán su castigo revolucionario” Frente de guerra Jaime Toño Obando del Ejército de Liberación Nacional.
“No queremos que ninguna persona entre y salga de los lugares donde se encuentran ya que queremos evitar que esta pandemia COVID-19 o coronavirus se extienda ni llegue a nuestros municipios y veredas […] Habrá toque de queda obligatorio en todo el departamento. Todo que esté deambulando en las calles no responderemos por sus vidas. Solo podrán transitar los profesionales de la salud…” Bloque Córdoba de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Cierre de todo tipo de establecimientos, a excepción de graneros o lugares de abastecimiento de alimentos y droguerías.
“Cierre total de peluquerías, billares, cantinas estancos,, ferreterías, ventas de celulares y electrodomésticos, almacenes, ventas ambulantes, insumo agrícolas. Los restaurantes y ventas de comida solo se le permitirá venta a domicilio. Las estaciones de servicio o bombas de gasolina, solo podrán distribuir combustible de 6am hasta las 12 de medio día, durante los días lunes, miércoles y sábados.” Frente 33 Mariscal Sucre (Grupo armado PostFarc).
Advertencias a entidades bancarias y prestamistas gota a gota para que detengan el cobro de pagos a la comunidad.
“Entidades bancarias abstenerse de cobrar cuotas bancarias. Prestamistas o gota gotas parar sus cobros hasta el día 30 marzo con fines que las personas que subsisten del diario vivir puedan hacer sus compras para cualquier cuarentena” Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Ejército de Liberación Nacional.
Amenazas por desobediencia a las medidas de aislamiento.
“El no hacer caso al llamado con la intención de salvar muchas vidas, las suyas serán las que rendirán cuentas ante ELN evitemos una calamidad tan grande…” Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Ejército de Liberación Nacional.
“Evitemos males a nuestros seres queridos por las buenas o por las malas” Bloque Córdoba de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Hacemos un llamado para advertir y concientizar de que no estamos preparados por si el virus llegase a esta zona, por lo cual nos vemos obligados, personas que se encuentren por fuera de sus casas a partir del horario anunciado anteriormente serán objetivo militar”. Frente Oliver Sinisterra (Grupo armado PostFarc).
El papel de la Fuerza Pública
Por otro lado, la Fuerza Pública también es una fuente de temor para muchas comunidades. Sucede así en zonas de concentración de cultivos de coca, como en el municipio de Sardinata (Norte de Santander) con un total de 5,487.34 hectáreas de cultivos de coca, donde las familias que se acogieron al proceso de sustitución voluntaria, en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), temen que esta sea la oportunidad del gobierno para avanzar en las actividades de erradicación forzada iniciadas el 11 de marzo, un día antes de la declaración de la emergencia sanitaria por el Covid-19 decretada por el gobierno.
A mediados del mes de marzo organizaciones sociales del Catatumbo alertaron de las acciones de protesta que tuvieron que adelantar campesinos en el municipio de Sardinata, pasando por alto la medida de evitar aglomeraciones, a causa de la presencia de Fuerza Pública que adelantaba acciones de erradicación forzada en el territorio.
Durante esta operación, el 26 de marzo, el Ejército Nacional de Colombia disparó contra Alejandro Carvajal dejándolo sin vida. Se trataba de un joven campesino de 20 años de edad de la vereda Santa Teresita, corregimiento La Victoria (Sardinata), quien se encontraba apoyando el asentamiento que había sido instalado por varios campesinos para oponerse a la erradicación forzada que adelantaban los militares.
El hecho que el Ejército, a través de un comunicado oficial, denominó “incidente ocasionado, al parecer, por un integrante de la unidad militar [en el que] muere un habitante de la región”, es hoy materia de investigación por homicidio culposo. Según ASCAMCAT y COCCAM, este ocurrió luego que el Ejército amenazara con abrir fuego a las personas que se encontraran en los asentamientos campesinos y se opusieran a la erradicación forzada que se desarrollaba desde el pasado 11 de marzo.
En el marco de este complejo escenario las comunidades siguen a la espera de un gesto humanitario por parte de todos los grupos armados. Organizaciones sociales, ONGs nacionales e internacionales, sectores políticos, entre otros, han hecho un llamado al cese de estas actividades.
Las organizaciones ANZORC, MOVICE, ONU, MAPP-OEA, movimiento civil Defendamos la Paz, Corporación Jurídica Yira Castro, entre muchas otras, han manifestado su repudio ante la persistencia de los hechos de violencia y han hecho un llamado a cesar todo tipo de acciones contra la población civil, la infraestructura y el medio ambiente, permitiendo así a las comunidades y autoridades concentrarse en las acciones frente a los desafíos y amenazas que supone el COVID-19.
En este sentido, el anuncio del 30 de marzo del ELN en el que declara un cese unilateral activo, entre el primero de abril y hasta el 30 del mismo mes, es un gesto frente a la crisis generada por la pandemia que ha sido muy bien recibido entre comunidades, sociedad civil y la comunidad internacional.
Representa además la oportunidad para seguir avanzando en el camino de retomar el Diálogo de Paz entre esta guerrilla y el gobierno nacional, sobre todo después que este último nombrara de nuevo a Gerardo Bermúdez, mas conocido como “Francisco Galán”, y Carlos Velandia o “Felipe Torres”, exmiembros del ELN, como gestores de paz.
Algunos otros grupos armados ilegales han hecho circular comunicados, de los que no es confirmada su oficialidad, en los que manifiestan su disposición a cesar acciones para no acrecentar la crisis humanitaria, tal como lo ha hecho el Ejército Popular de Liberación (EPL), mejor conocidos como Pelusos, quien ha señalado estar dispuestos a suspender la confrontación armada que sostiene hace ya tres años con el ELN, en el marco de la expansión a zonas de antiguo control de las extintas FARC-EP y el control de las principales rutas de transporte de insumos para el procesamiento de la pasta de coca y clorhidrato de cocaína en la subregión del Catatumbo.
En este sentido, de manera urgente e inmediata Presidente, las comunidades siguen a la espera que el gobierno atienda sus obligaciones y deberes de protección y garantía de derechos de las comunidades que se encuentran en medio de esta confrontación armada, a través de respuestas y medidas que no configuren un mayor riesgo para la población civil y en las que se busque una salida dialogada al conflicto.