Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Investigador Pares.
El fin de semana pasado tres exguerrilleros en proceso de reincorporación fueron amenazados de muerte en Frontino, Antioquia. Este municipio del occidente del departamento sufre la confrontación entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, grupos que se disputan el control de las rentas por el negocio del narcotráfico.
Los tres exguerrilleros tendrán que desplazarse forzadamente junto a sus familias luego de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -también conocidas como Clan del Golfo- los amenazaran en el marco de la confrontación.
Las amenazas ocurrieron en un Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR). que congrega a alrededor de 30 exguerrilleros y algunas de sus familias. Allí se han consolidado varios proyectos productivos que se encuentran en funcionamiento y que se articulan armónicamente a los proyectos de comunidades indígenas y campesinas con las que conviven en el corregimiento La Blanquita.
Ahora, la mayor preocupación es que por causa de la estigmatización de estructuras armadas, el grupo de exguerrilleros tenga que abandonar todo el trabajo realizado, una situación que ya se vivió en el municipio de Ituango (Antioquia) hace exactamente dos meses. Para evitar que esto ocurra, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Frontino, garantice condiciones de seguridad en la vereda Murrí, donde se encuentra el NPR.
Por ahora, las 14 personas tuvieron que ser trasladadas al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Dabeiba, Antioquia.
Una lucha por el territorio
La confrontación entre Clan del Golfo y ELN se agudizó a raíz de la desmovilización de las FARC-EP, que hacían presencia en Frontino mediante el Frente 34. La escasa presencia institucional permitió que el ELN se expandiera a zonas rurales del municipio que, a su vez, fueron vistas como una oportunidad para el Clan del Golfo, que ya contaba con una presencia consolidada en zonas urbanas y rurales.
La lucha por el dominio de ciertas zonas ha generado graves afectaciones a las comunidades presentes en el territorio. Se han reportado reclutamientos forzados, instalación de minas antipersona, confinamientos, así como desplazamientos forzados.
El 10 de marzo de este año, dos menores de edad indígenas fueron asesinados por dos minas antipersona presuntamente instalada por el ELN. Un mes atrás, 28 integrantes de dos resguardos indígenas tuvieron que desplazarse por los incesantes combates, que usan a las comunidades como escudo y luego son amenazadas por pertenecer a uno y otro bando.
La situación es insostenible y se exigen garantías para que el proceso de reincorporación siga su camino y las comunidades dejen de estar expuestas al olvido y a la muerte.