La epidemia de las extorsiones en el Bajo Cauca antioqueño

8 abril, 2020

La epidemia de las extorsiones en el Bajo Cauca antioqueño

Por. Ximena Sierra Pérez – Enlace Territorial Bajo Cauca. Pares.

Las extorsiones, un delito que ha azotado por años a esta región antioqueña, hoy, en medio de esta coyuntura, se convierte en un fenómeno que genera un mayor riesgo para los distintos sectores de la comunidad. Además de verse afectados por el cierre de sus locales, el cese de sus actividades económicas y productivas y la disminución en sus ingresos debido a la pandemia, deben afrontar el temor de no tener para el pago que mes a mes se ven obligados a realizar a alguno de los grupos ilegales que hacen presencia en la zona. La ausencia de este pago se puede convertir en una sentencia de muerte para ellos.

Por la gravedad del tema y el temor que genera, las fuentes entrevistadas pidieron ser presentadas como anónimas.

Un panorama de las extorsiones en Bajo Cauca

En los últimos años, la región del Bajo Cauca, se ha convertido en el epicentro de múltiples violencias: el enfrentamiento de grupos criminales por las rentas ilícitas y el control del territorio han puesto en vilo a las comunidades de los seis municipios de la región.

Las extorsiones por uno o por varios grupos a diferentes sectores de la población, han ocasionado el cierre de locales, el desplazamiento de personas y el asesinato de varios ciudadanos, que al negarse a pagarlas o al denunciar ser víctimas de estas, han perdido sus vidas. Uno de los asesinatos que más generó repudio en la comunidad de Caucasia fue el de un trabajador de la ferretería La Hacienda el 18 de mayo de 2019. El hombre tenía 31 años de edad y dejó dos niñas huérfanas. Al parecer los hechos estaban relacionados con retaliaciones por la captura de una mujer, que en días anteriores intentó cobrar extorsiones en ese local.

La extorsión en esta parte del país se da desde hace más de 30 años, lo que ha variado con el tiempo es el grupo ilegal que realiza la extorsión y el modus operandi que utilizan.

“…toda organización armada ilegal, subsiste de las rentas ilícitas y nosotros subsistimos del cobro de impuestos, pero el Clan del Golfo es la organización que más EXTORSIONA y SECUESTRA, les quitan el ganado a los campesinos y les roban sus pertenencias, comida y ropas de vestir, sin impórtales que dejen sin nada a gente trabajadora” Bloque Virgilio Peralta Arenas.

Extorsiones desde 70 mil pesos

Los cobros pueden ir de los $70.000 a los $300.000 pesos o valores superiores. El monto de la extorsión determinada por estos grupos armados depende de los bienes y ganancias que los comerciantes, ganaderos y mineros generan. Estas estructuras criminales tienen personal que se encarga de brindar la información de los locales y en muchos casos hacen seguimiento a los dueños, administradores y empleados de los negocios.

“Estoy pagando hace alrededor de 30 años, pero antes se pagaba era con mercados, motos, celulares entre otras cosas. En este momento se paga una cuota mensual que se negocia a inicio de año y depende del bando porque en ocasiones llegan varios grupos, ellos piden un valor y uno busca negociar, actualmente pagamos 150 mil pesos cada mes y en ocasiones se llevan mercancía” (Comerciante de El Bagre)

En el Bajo Cauca Antioqueño, el último pago realizado a los diferentes grupos criminales: Caparros, Clan del Golfo y ELN, se dio en el mes de febrero en Caucasia, capital de esta región. Los comerciantes del municipio fueron informados del cese definitivo de las extorsiones. Esta información no se ha dado en los cinco municipios restantes. Las comunidades esperan que los grupos armados entiendan que ellos tienen sus locales cerrados y que en el momento no tienen cómo pagarles.

Fuerza Pública vs Extorsiones

Desde agosto de 2018, la Policía Nacional no registra datos sobre el delito de extorsión en su página de Observatorio, lo cual dificulta el seguimiento a este tema en todo el país y las estrategias reales para su intervención. La ausencia de datos exactos y estadísticas sobre este delito, se suma que, en Bajo Cauca Antioqueño, no existe un investigador y un fiscal GAULA, lo que retrasa los procesos y afecta la eficacia y la eficiencia en el manejo de los pocos casos que son denunciados.

El Gaula del Ejercito Nacional asegura que “En esta subregión del Bajo Cauca hay extorsiones, pero no hay balances generales, porque es difícil tener datos exactos porque las personas no denuncian, pasan meses sin que recibamos denuncias de este hecho y los pagos se siguen haciendo”

Efectivamente, algunos de los comerciantes entrevistados señalaron que no denuncian por temor a represalias por parte de los extorsionistas: “Nunca lo hice ni lo haría, con esa gente no se juega, no les importa nada y termina uno con la muerte de algún trabajador” (Comerciante Caucasia) “Nada, para qué, eso es muy peligroso, eso es como convivir con el Coronavirus, una pandemia de nunca acabar” (Comerciante de Nechí).

Adicionalmente se trata de un asunto de desconfianza hacia la institucionalidad. Cabe recordar que en 2019 el comandante de policía de Caucasia fue cambiado por investigaciones de presuntos nexos con grupos ilegales que extorsionaban al comercio en la capital del Bajo Cauca

“Desde el comandante de Policía de Caucasia hasta los subalternos fueron cambiados por nuevos uniformados, debido a quejas constantes de parte de la comunidad. Así lo afirmó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien aseguró que, incluso, estos policías estarían recibiendo dinero de las bandas de microtráfico. Pero, la afirmación más grave que entregó el mandatario departamental fue que los mismos policías estarían cometiendo extorsiones en la zona” (Diario El Tiempo, 02 de abril de 2019).

Urge que desde el Gobierno Nacional se tomen acciones frente a las extorsiones que se realizan en esta sub región del país. La sociedad civil no puede ser objeto de amenazas por el no pago de extorsiones a grupos criminales, mientras atraviesan uno de los momentos más difíciles para sus economías. Además, la Fuerza Pública debe garantizar que la extorsión no se convierta en un problema que genere mayor vulneración de derechos en la población civil. Para ello es necesario empezar a llevar un registro serio sobre estos casos en todo el país y crear estrategias concretas frente a la intervención de este delito.


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Artículo por: Línea Conflicto, paz y postconflicto @parescolombia | Publicado: Hace 1 año

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