Por: Laura Cano. Periodista Pares.
En los territorios más afectados por la violencia en Colombia el confinamiento es algo que nunca ha dejado de estar. El miedo, la angustia y los reclamos para que paren las amenazas contra la vida y la tranquilidad en las regiones, tampoco. Hoy ese confinamiento y las intimidaciones no solo se dan por el virus, sino también por las acciones bélicas y los hechos de violencia contra la población civil que no han cesado.
Uno de estos territorios en donde la guerra no para, incluso cuando el país está en medio de una cuarentena decretada desde el pasado 25 de marzo, es el Chocó, uno de los departamentos denominados priorizados para el posconflicto que siguen aún inmersos en escenarios de violencia.
Allí, desde el pasado 28 de marzo se está alertando de los constantes enfrentamientos entre las AGC/Clan del Golfo y el ELN, situación que en las últimas horas han obligado a desplazarse a 37 familias de la comunidad Embera, ubicadas en el resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre en Bojayá.
Tras la presencia de hombres fuertemente armados la comunidad se desplazó desde la comunidad de Guayabal hacia la comunidad de Peñita. Foto ONIC.
Una comunidad amenazada
Anterior a esto la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del departamento del Chocó y la Asociación Orewa en conjunto con las autoridades de los pueblos Embera Dobida, Katio, Chami y Guna Dule comunicaron la situación que se vivía en este punto del país, la cual en la noche del 03 de abril las disputas entre los grupos armados habían generado la explosión de diez (10) granadas fragmentarias en la comunidad de Nueva Jerusalén.
Estos enfrentamientos que han sido constantes desde el sábado 28 de marzo, además de la prohibición de las AGC y el ELN a la población de esta comunidad de trasladarse a otros puntos de la zona, provocaron que muchos de los indígenas asentados en este resguardo quedaran en medio de los enfrentamientos exponiendo las vidas y la tranquilidad de estas familias indígenas.
Fedeorewa informó a través de un comunicado que: “(…) los botes de la comunidad fueron inmovilizados por miembros de estos grupos. Algunos habitantes tienen la posibilidad de hacer largas caminatas llevando a sus hijos pequeños en brazos, ancianos enfermos y niños por las montañas”.
Es necesario mencionar que en el territorio Pichicora Chicué Punto Alegre, Río Chicué, Fedeorewa y la Asociación Orewa tienen la jurisdicción de las comunidades del territorio, en las que hay 106 familias en la primera, y 124 en la segunda, lo que representa 506 y 612 personas, nombradas respectivamente.
¿Qué está pasando en Bojayá?
El Chocó es uno de los departamentos con mayor actividad de grupos armados ilegales, incluso, cuando mucho de sus municipios fueron dejados por los frentes de la antigua guerrilla de las Farc, estos fueron copados rápidamente por otras estructuras, entre otras cosas, porque este punto del país es de los más estratégicos para el tráfico de cocaína hacia la costa Pacífica, la zona por donde sale el mayor porcentaje de esta droga marítimamente hacia el exterior, contexto que ha potencializado la violencia en este territorio.
Con este escenario la disputa armada abierta que deja en medio a la población es recurrente, pues se ha configurado como una de las muestras de terror más frecuentes para disputarse el control del territorio. En zonas como Bojayá esto ha sido común, tanto históricamente, como en antecedentes más recientes.
Hace tan solo unos meses, el pasado 31 de diciembre, en Pogué, uno de los caseríos del municipio, alrededor de 300 miembros de las AGC incursionaron en este territorio, acción que además de amenazar la vida de quienes allí habitan, confinaron cerca de 121 familias. La ausencia y la falta de respuestas por parte del Estado resaltaron por días, incluso cuando allí operan tropas del Ejército, de la Policía y la Fuerza Conjunta Titán.
Esta acción, al igual que la que se ha registrado en los últimos días en el resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre, son el resultado de los constantes llamados sin respuestas que no solo se han hecho desde la comunidad, sino también de organismos como la Defensoría del Pueblo.
Ellos el pasado 09 de abril de 2019 a través de la alerta temprana 017-19 informaron el riesgo en el que se encontraban comunidades indígenas y afrocolombianas de este territorio por la presencia del frente Resistencia Cimarrón del ELN y las AGC, además del confinamiento por la siembra de minas antipersonales, el reclutamiento forzado de menores, el desplazamiento forzado, las amenazas a los liderazgos de la región y el bloqueo de la señal telefónica para evitar comunicaciones.
Esto ha estado anunciando el recrudecimiento de la guerra que se vive en este municipio, que hoy son la radiografía del miedo con el que muchas comunidades deben abandonar sus hogares u otras permanecer en sus territorios como escudos humanos ante el fuego cruzado que desata la guerra que no ha cesado en Bojayá.