Tiempos de angustia para los liderazgos sociales

11 abril, 2020

Tiempos de angustia para los liderazgos sociales

PorJavier Alejandro Jiménez GonzálezInvestigador Pares.

Las noticias sobre la pandemia misma son la tendencia y no dejan de ser virales en las redes sociales, mientras cuentan con inusitada preocupación el crecimiento de los números de personas contagiadas y muertas por el Coronavirus (COVID-19). Sin embargo, paralelo a esto hay una cifra de muertes que desde hace varios meses continúa aumentando: la de personas que ejercen liderazgo social y la defensa de los derechos humanos, las cuales no han cesado siquiera por efectos de la pandemia ni de las medidas de aislamiento social.

En medio de estos tiempos de cuarentena, tal como lo señaló el escritor argentino Martín Caparrós, el mundo se nos ha vuelto plano en el sentido que ahora toda nuestra noción de realidad fuera de nuestras viviendas la vemos por pantallas de teléfonos, TV’s, computadoras e infinidad de dispositivos electrónicos que nos mantienen “conectados” con el mundo exterior.

Estos tiempos de excepcionalidad han conllevado a la limitación de algunos derechos como la posibilidad de reunión, el uso de bienes públicos, la movilidad y libre circulación de personas, presuntamente para garantizar el no contagio y la protección de vidas de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. No obstante, el derecho a la protección de las personas que defienden los derechos humanos y/o ejercen algún tipo de liderazgo social continúa siendo vulnerado, una constante aún en la normalidad del contexto colombiano.

Las cifras de la tragedia

A la fecha, según el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación – SIPARES, se han presentado alrededor de 370 asesinatos selectivos contra líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, de los cuales 10 fueron cometidos después del 6 de marzo.

Tal parece que las medidas de estancia obligatoria en las viviendas han hecho que estas personas sean blanco fácil de los violentos, dado que algunas medidas de protección como los esquemas de seguridad cuentan con un funcionamiento limitado y no resultan suficientes para mitigar los riesgos extraordinarios de violencia a los que están abocados líderes y lideresas sociales.

Esto sumado a la concentración de la Fuerza Pública en la atención a labores relacionadas con la mitigación del COVID19 y la baja capacidad de las autoridades locales para atender incidentes de seguridad en medio de la emergencia.

Desde PARES se ha considerado que una de las dificultades para hacer frente al fenómeno de violencia selectiva se debe, en parte, a los traspiés puestos a las medidas de garantías de seguridad dispuestas por el Acuerdo de Paz, las cuales no se han implementado tales como el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de la UNP y el Programa integral de seguridad y protección del Ministerio del Interior.

Tampoco se cuenta con la Política Pública Integral de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los DD.HH, mentada durante la celebración del día nacional de los DDHH en diciembre del año pasado que estaría contenida en un CONPES.

Normativas inoperantes

Hasta el momento, la punta de lanza del Gobierno de Iván Duque para hacer frente a esta problemática ha sido el Plan de Acción de Oportuna (PAO) y el despliegue de contingentes militares como las Fudra, cuyo enfoque de acción interinstitucional parece girar en torno únicamente a la desarticulación de organizaciones criminales y de actividades ligadas a economías ilegales que afectan a líderes y lideresas sociales, bajo la premisa de la instauración de la legalidad.

Esto deja por fuera la complejidad del fenómeno de victimización a estas personas, lo cual también engloba explicaciones en razón de género y orientaciones sexuales diversas, pertenencia a poblaciones afro e indígenas y la exigencia de derechos por el territorio, así como a la defensa de derechos de las personas que han sido golpeadas por el conflicto armado interno.

Es menester hacer un llamado a las instituciones del Estado y al Gobierno Nacional para que se comprometan no sólo a garantizar la protección de la vida de las personas en ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sino también a garantizar el goce de derechos a la verdad, justicia y, especialmente, a la no repetición de hechos violentos.

Esto tiene que traspasar el mundo plano del conteo de las muertes y múltiples agresiones contra estas personas, y debe ser una acción concreta de garantía efectiva de goce de derechos más allá de la existencia de un sinfín de normativas inconclusas e inoperantes.


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Artículo por: Línea Conflicto, paz y postconflicto @parescolombia | Publicado: Hace 5 meses

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